2 de octubre 2020
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A inicios de octubre de 1978, después de la insurrección de septiembre contra la dictadura de Somoza, arribó a Nicaragua una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA invitada, a regañadientes, por el régimen de Anastasio Somoza Debayle.
El informe de la misión, encabezada por el presidente de la CIDH, el jurista venezolano Andrés Aguilar Mawdsley y su secretario ejecutivo el chileno Edmundo Vargas Carreño, documentó las masacres perpetradas contra la población civil, el bombardeo indiscriminado de la Guardia Nacional contra las ciudades, el ametrallamiento de una ambulancia con socorristas de la Cruz Roja, y las atrocidades cometidas durante la “Operación Limpieza”. Este exhaustivo reporte sobre las violaciones a los derechos humanos, publicado el 17 de noviembre de 1978, estableció las bases para el aislamiento continental del régimen de Somoza, señalado por genocidio contra su pueblo, y desconocido por la Asamblea General de la OEA, semanas antes de su derrocamiento el 19 de julio de 1979.
Cuarenta años después, a mediados de mayo 2018 una nueva misión de la CIDH encabezada por su secretario ejecutivo, el defensor de derechos humanos brasileño Paulo Abrao, y su relatora para Nicaragua, la jurista chilena Antonia Urrejola, llegó al país para investigar la matanza desatada por la dictadura Ortega-Murillo, que a diferencia de Somoza nunca enfrentó una insurgencia armada, sino un movimiento masivo de protesta cívica.
El informe de la misión sobre la represión estatal y la violencia ejecutada por policías y parapoliciales, publicado el 18 de junio de 2018, documentó graves violaciones a los derechos humanos y estableció quince recomendaciones al Estado de Nicaragua, incluyendo el desarme y el desmantelamiento de los grupos parapoliciales, que nunca fueron acatadas por el régimen. Sin embargo, el nuevo informe de la CIDH marcó un antes y un después en la crisis nacional, al unir la demanda de verdad y justicia de los familiares de las víctimas junto al reclamo de democratización, en la agenda nacional e internacional para lograr un cambio en Nicaragua.
Al concluir la misión de la CIDH, permanecería en el país el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), como equipo permanente de monitoreo y luego el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en diciembre de 2018, presentó un análisis de los primeros 109 asesinatos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, tipificando los abusos del régimen como Crímenes de Lesa Humanidad. La CIDH, el MESENI, y el GIEI fueron expulsados del país por el régimen de Ortega a finales de 2018, pero sus recomendaciones siguen vigentes en las deliberaciones de la OEA y en las familias de las víctimas organizadas en la Asociación Madres de Abril.
A mediados de septiembre de este año, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, fue destituido de su cargo después de una enconada crisis institucional con el secretario general de la OEA Luis Almagro, quien se negó a prorrogar su mandato, poniendo en entredicho la autonomía de la Comisión. Abrao vive hoy días de transición en Washington D.C., y dice que aún no ha tenido tiempo para dilucidar su futuro. Cuando conversamos sobre el balance de sus cuatro años como secretario ejecutivo de la CIDH, en el programa televisivo Esta Semana, remarca que la misión que encabezó en Nicaragua en mayo de 2018 tiene un lugar especial en su gestión continental.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão (d), y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, ante la OEA, en 2018. EFE | Confidencial
En Nicaragua, para centenares de familias vinculadas a las víctimas, los presos políticos y la defensores de derechos humanos, la figura espigada de este abogado brasileño de dos metros de altura, dejó una huella indeleble por su cercanía con la gente y sobre todo por el empeño personal y la beligerancia con que asumió sus causas, aunque el propio Abrao le devuelve ese reconocimiento de gratitud al pueblo nicaragüense.
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“Yo he recibido miles de expresiones de solidaridad, durante estos últimos 30 días. Pero soy yo quien agradezco el ejemplo y la inspiración que el pueblo de Nicaragua genera para nosotros, que somos defensores de derechos humanos, porque la gente de Nicaragua, en un momento aún más difícil, están enfrentando, denunciando, con cabeza erguida, hasta conquistar su libertad”, dice Abrao. “Lo valoro como un ejemplo único en nuestra región, porque la dignidad de las personas se mide exactamente en las condiciones que tienen para reivindicar sus derechos. Y ustedes –agrega, refiriéndose a los nicaragüenses-- bajo las peores condiciones en toda la región, han mantenido un espíritu de resistencia, de combatividad, de denuncia, de coraje, que son ejemplares para toda la región”.
¿A qué atribuye las razones de fondo del conflicto que desembocó en su destitución? ¿Es una decisión unilateral del secretario general Almagro? ¿O detrás de esto hay una lucha política interna de los Estados agrupados en la OEA en torno a las acciones de la CIDH? ¿Qué es lo que estaba en juego en esta crisis?
Hay dos elementos importantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha fortalecido progresivamente en los últimos años. Históricamente, la Comisión está sometida a determinadas presiones. El rol de la CIDH es denunciar los Gobiernos del momento y visibilizar aquellas situaciones que nadie quiere que aparezcan; la gente necesita comprender, cada vez más, que este es el papel que la Comisión tiene que cumplir, y que hay que naturalizar ese papel, y eso no está vinculado a ninguna agenda política-partidaria específica, todo lo contrario, está mucho más alineada al fortalecimiento progresivo del funcionamiento del sistema internacional de protección a los derechos humanos. Estas presiones existen, impactan, y obviamente influencian en las decisiones que son tomadas.
De otro lado, hay una controversia con respecto a reclamos administrativos dentro de la Secretaría Ejecutiva, los cuales deberían ser procesados por medio de los canales correspondientes, y desafortunadamente no lo fue, entonces se instrumentalizó este conjunto de reclamos que pueden ser legítimos y algunas agendas, como la justificación para realizar esta separación del cargo.
Me pareció que la Comisión intentó hasta el final un camino de diálogo institucional que pudiera respetar su autonomía e independencia, pero desafortunadamente no se ha logrado este resultado.
La visita a Nicaragua en mayo 2018
El informe que produjo la CIDH en la crisis de derechos humanos de Nicaragua, como resultado de la misión que usted encabezó en mayo de 2018, puso al país en el mapa de los derechos humanos en el continente. Ese informe, al día de hoy, sigue siendo una referencia. Sin embargo, las recomendaciones nunca fueron acatadas por el Gobierno de Nicaragua que, incluso, terminó expulsando a la CIDH del país. La conclusión que esto deja es que, a final de cuentas, ¿el tema de los derechos humanos y su vigencia, es una cuestión de naturaleza política?
Creo que hay dos lecciones muy importantes. La Comisión, a partir de la experiencia de Nicaragua, recuperó su capacidad de actuar en tiempo real. Nosotros entramos al país, inmediatamente, durante las primeras manifestaciones, ante los primeros hechos de violencia y represión estatal, y eso permitió documentar un conjunto de situaciones que puede, no necesariamente, generar justicia a corto plazo, pero permitirá el alcance de esa justicia en el tiempo debido, porque muchas veces la justicia internacional es un poco más lenta, pero la oportunidad de documentar ese conjunto de situaciones permitirá alcanzar esa justicia en su momento, porque obstaculiza los intentos de olvido, los intentos de eliminación de las pruebas necesarias para la debida responsabilidad de aquellos que fueron los perpetradores de esas violaciones.
Hay un segundo elemento: cuando la Comisión entró en Nicaragua, en el inicio teníamos en el primer mes 40 personas fallecidas, después subió para 78, quince días después, en el interregno del ingreso y regreso de la Comisión Interamericana. Nosotros dejamos al país 15 recomendaciones, y el Gobierno en ese momento tuvo la oportunidad de administrar una salida pacífica y democrática a la crisis, siguiendo las recomendaciones internacionales, pero prefirió el camino de la represión, prefirió el camino más primitivo de la violencia, y con eso saltó el número de víctimas hacia 328 personas, 30 días después.
Ese es un mal ejemplo de cómo un Gobierno, primero, adversó las instancias internacionales, y segundo, como ellos empeoraron su condición de responsabilidad, porque estaban conscientes, informados y alertados de las consecuencias, y sabían cuáles eran los instrumentos y los caminos para resolver esa crisis.
Hay que tener paciencia histórica, es duro solicitar eso a las víctimas, a los familiares, pero la verdad es que están dando un gran ejemplo de un pueblo que tiene una capacidad de resistencia para enfrentar situaciones autoritarias, y que hoy está pasando en varios otros países. Pero, la justicia llegará un día.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao habla con la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, durante una conferencia, en julio de 2018, en Managua. EFE | Confidencial
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en diciembre de 2018, que fue convocado por la CIDH como una instancia autónoma, fue más allá del informe original de la Comisión, al destacar una presunción de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad, y demandar la creación de una Fiscalía Especial. Pero esos señalamientos, por el momento están completamente en la impunidad. ¿Qué esperanza de justicia pueden tener los familiares de las víctimas en Nicaragua cuando todavía no se resuelve esta crisis política?
Los informes de la Comisión y del GIEI siguen vigentes, esas conclusiones fueron construidas a partir de bases metodológicas muy rigurosas, que la Comisión implementa para cualquier situación de violencia estatal, en cualquier país de la región.
Creo que la mejor demostración de su vigencia estará exactamente en esta agenda de continuidad, que la Comisión deberá mantener. La comisionada Antonia Urrejola, como relatora responsable por el país, ya declaró públicamente que esa agenda prioritaria de Nicaragua sigue.
¿Y dónde están las oportunidades de justicia? Primero, en la oportunidad de la jurisdicción universal. En cualquier otro país del mundo, donde han tenido una víctima, cuando algún familiar que su país tiene la posibilidad de asumir su jurisdicción para hacer un juicio sobre lo que ha pasado en Nicaragua.
Segundo, los casos que han sido construidos y documentados dos años atrás, ahora empiezan a tramitarse dentro del sistema de la Comisión, y muy probablemente deberán tener algún informe de juicio, y deberán ser enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tercer camino es, que un eventual cambio interno de fuerzas políticas dentro del país también permitan, finalmente, tener un ambiente de respeto a la separación de poderes, alcanzar un Poder Judicial independiente, que un día, a la luz de los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, declarará que esas violaciones, como de lesa humanidad, son imprescriptibles, y podrán ser juzgadas a cualquier tiempo de la historia.
La justicia llegará, pero estas tres posibilidades están abiertas, y lo más importante, es que no hay otra experiencia reciente de violaciones en nuestra región donde las situaciones estén tan bien documentadas, gracias a la labor de la Comisión, del MESENI, del GIEI y el trabajo que la sociedad civil nicaragüense ha desarrollado durante ese tiempo.
Nicaragua en el debate de la OEA
En el debate que está planteado en Nicaragua hoy, sobre cómo salir de una dictadura, hay propuestas de reformas electorales que no son atendidas por el Gobierno, y pareciera que el tema de la justicia sin impunidad tiende a subordinarse, primero, al tema electoral. Y hay gente que dice, bueno, por necesidades de pragmatismo, la justicia puede esperar mientras se resuelven los problemas políticos, evitando, además, generar confrontaciones o ahondar las heridas que existen en el país. ¿Se puede negociar la justicia? ¿Se pueden negociar los derechos humanos?
La justicia es innegociable, y los derechos humanos, tampoco. La justicia no puede esperar. Una cosa es calcular el tiempo electoral, otra es identificar las oportunidades para que la justicia pueda realizarse, y una no es alternativa a la otra.
La gran pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la legitimidad de un Gobierno que ha realizado tantas violaciones a los derechos humanos y sido acusado de crímenes de lesa humanidad, de organizar y participar de un proceso electoral para que pueda ser considerado un proceso electoral libre y transparente? Esa duda que genera una desconfianza de que ese nuevo ciclo debe ser eventualmente reconocido. Obviamente, eso depende de un conjunto de decisiones que serán tomadas por la oposición del país.
Pero, ¿en Nicaragua hay una justicia independiente?; ¿hay un sistema electoral creíble y de confianza?; ¿hay un ambiente libre de expresión de opiniones políticas?; ¿las organizaciones de la sociedad civil funcionan libremente?; ¿los órganos de prensa funcionan libremente? Hablé aquí apenas de cinco condiciones necesarias para un proceso democrático libre, y me parece que esas condiciones no están dadas en este momento. Entonces esa es la pregunta central. Y si la presión internacional tiene que dirigirse a las autoridades nacionales para garantizar un proceso efectivamente democrático, uno de los aspectos de esa agenda es exigir que toda candidatura que postule a la presidencia de un país, incorpore un compromiso de justicia con las víctimas, un compromiso de reparación y de justicia transicional con el pasado; porque si no, eso va a quedarse como un elemento de una deuda histórica que no permitirá una pacificación y una reconciliación nacional.
El veinte de octubre se celebrará en Washington una Asamblea General de la OEA, en la que nuevamente el tema de Nicaragua está en la agenda, hay un borrador de una propuesta de resolución que está enfocado principalmente en la demanda de reformas electorales y observación internacional. ¿Hay condiciones en la OEA para ejercer una presión política con mayor beligerancia y colocar en el centro de esta agenda el tema de los derechos humanos?
Entiendo que ha sido frustrante para mucha gente de que los órganos políticos de la OEA no han movido la activación de la Carta Democrática de manera adecuada y correspondiente a la gravedad de la situación que ha vivido Nicaragua. Y no fue por falta de oportunidad durante este período, porque en distintos momentos ese tema fue discutido.
Yo no tengo conocimiento del contenido de la declaración que se está haciendo, pero si no incluye los elementos de justicia y reparación a todas las víctimas, será una declaración incompleta, porque no alcanzará la globalidad de la propia agenda de trabajo de la organización, que no está enfocado única y exclusivamente una agenda electoral y democrática, pero también en su agenda de derechos humanos y de justicia, y sería inconsistente, incoherente con todos los informes que han sido producidos por la Comisión, y el propio GIEI, que han dado conclusiones muy contundentes en ese respecto.
Hay que estar muy vigilantes y exigir que, por lo menos, a partir de algún conjunto de Estados amigos que tienen compromisos con la agenda de justicia y derechos humanos, que se incluya en esa declaración un párrafo o aspectos que sean centrales en compromisos del país en dar implementación a cada una de las recomendaciones de la Comisión y del GIEI.
El populismo totalitario de Ortega
Mientras tanto, el Gobierno de Nicaragua persiste, no solamente en mantener a los presos políticos en las cárceles, la supresión de las libertades públicas, y el acoso y persecución a la oposición cívica, sino que además, pretende imponer nuevas leyes. Una para establecer la pena de cadena perpetua, supuestamente para castigar crímenes de odio, que según el presidente Ortega son atribuidos a la oposición cívica; y otra ley llamada, de regulación de los “agentes extranjeros”, con lo cual se pretende que cualquier organización de sociedad civil, Iglesia, empresa, medio de comunicación, particular, que recibe una donación del extranjero para desarrollar su labor, es considerado un agente extranjero que debe ser investigado y sometido por el Estado.
¿Este tipo de leyes tienen algún tipo de precedente en la legislación de América Latina?
Las cosas deben ser llamadas por su nombre, y eso se llama populismo totalitario. Querer responder a los problemas sociales por medio de populismo penal, de incremento de leyes, como esta que está siendo propuesta, en verdad justificada por actos que tienen como responsabilidad última la propia omisión o acción estatal en la represión a la población, o querer hacer control de la sociedad civil a partir de los medios de financiación que se genera, o por medios indirectos, no son acciones aisladas, son medidas que tienen que ser miradas a partir de un conjunto de medidas represivas, del control del espacio cívico, que están siendo producidos desde los últimos dos años, y que en determinado momento se pensó - bueno, ahora están ya disminuyendo la represión-, pero no, este último mes lo que hemos observado es un recrudecimiento la de la represión dentro de Nicaragua.
Esas dos leyes no tienen precedentes, porque no tienen fundamento democrático. Obviamente, hay Gobiernos populistas que quieren manejar el Derecho Penal como instrumento de resolución de conflictos sociales, y no hay ninguna experiencia donde eso ha funcionado, hasta para el propio control de orden público, no hay ninguna experiencia que demuestre que ese fortalecimiento de medidas penales es eficaz.
Lo que está por detrás en esas dos legislaciones es, simplemente, recrudecer y empeorar el ambiente autoritario del país para reducir las condiciones del espacio libre y democrático en Nicaragua.
Usted decía que la CIDH, pudo documentar en tiempo real la matanza, la represión, los crímenes de lesa humanidad. Pero, detrás de ese proceso, además de la investigación o el trabajo profesional, han estado fundamentalmente los testimonios de las víctimas, que en medio de su dolor, tuvieron confianza en ustedes, tuvieron confianza en el GIEI, para presentar esos testimonios. ¿Cómo valora esta capacidad de organización y de resistencia de las víctimas?
Lo valoro como un ejemplo único en nuestra región, quizás para todo el mundo, porque la dignidad de las personas se mide exactamente en las condiciones que ellos tienen de reivindicar sus derechos, y ustedes están bajo condiciones muy difíciles, de las peores en toda la región, y así han mantenido un espíritu de resistencia, de combatividad, de enfrentamiento, de organización, de denuncia, de coraje, que son ejemplares para toda la región.
Yo he recibido miles de expresiones de solidaridad, durante estos últimos 30 días, de personas de Nicaragua y de otras regiones, pero especialmente de Nicaragua, agradeciendo. Pero soy yo quien agradezco el ejemplo y la inspiración que el pueblo de Nicaragua genera para nosotros, que somos defensores de derechos humanos, y que muchas veces pensamos que estamos frente a una dificultad. Pero la gente de Nicaragua, que está en un momento aún más difícil, está enfrentando, denunciando, con cabeza erguida, hasta conquistar su libertad.
Entonces, ustedes en verdad son una gran inspiración para todos los pueblos que creen en la libertad como el principio fundamental orientador de la sociedad, de la vida social y de la vida individual. Y siguen en resistencia, porque “la lucha que se pierde es la lucha que se abandona”, ese es otro aprendizaje que yo he ganado de las víctimas de la dictadura en Brasil, cuando yo trabajaba en la Comisión de Reparación a las Víctimas allá, es una lección que me ha acompañado en toda mi vida, y que yo me identifiqué en la realidad de Nicaragua.
Ustedes podrán seguir contando conmigo, esté donde esté, porque Nicaragua ahora para mí también ya es un proyecto de compromiso, una causa, también de vida personal, y vamos a seguir juntos.
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