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“La autonomía necesita una reforma”

Los pueblos del Caribe siguen sin lograr su autodeterminación, están olvidados por el Estado y no cuentan con servicios de calidad

Hace treinta años la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto de Autonomía para la Costa Caribe de Nicaragua, un régimen que significó un avance para los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes, quienes reclamaban auto gobierno y autodeterminación. Sin embargo, tras un abandono casi permanente de esa región por parte del Estado, René Casells, Secretario general de Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), plantea como “necesaria una reforma” a la ley.

“Hay muchos desafíos pendientes”, afirmó Casells en el programa Esta Noche. Entre ellos menciona el modelo de elección de los concejales regionales, la participación de partidos políticos nacionales en sus elecciones, la tenencia de la tierra y la propiedad comunal, cuyo tráfico ilegal al día de hoy representa uno de los mayores dramas para las etnia misquita, que se ha visto asediada y asesinada por colonos. “Se necesita cárcel de verdad para quienes trafican tierras indígenas”, clama el secretario general de la BICU.

El estado actual del sistema autonómico no goza de “autonomía verdadera”, a juicio de Cassells. Es por eso que “no hay mucho” que celebrar este treinta de octubre, cuando se cumple el aniversario. “Aunque hay opiniones divididas, unos consideran que sí hay que celebrar”, matiza.

Para que tener “autonomía auténtica”, la Costa Caribe y sus pueblos necesitan que los planes de desarrollo y educativos sean basados en su identidad, afirma el catedrático. Hay un plan de desarrollo regional, pero su formulación no fue amplia, denuncia Casells. “No hay garantía de que pueda funcionar y no tiene en cuenta a la población sino que se basa en líderes de partidos políticos. “Ese plan debería ser consensuado a través de la sociedad civil y no de partidos políticos”, insistió Cassells.

La autonomía costeña llegó después del conflicto armado de los ochentas. Los recovecos de la basta extensión del caribe norte y sur del país fueron escenarios de la cruenta guerra civil en el país. Los pueblos indígenas no pelearon por el poder político en Nicaragua, según Cassells: Peleaban por sus reivindicaciones. En sus palabras: “Cuando se aprueba la ley, el Estado acaba un conflicto bélico, pero no ve la dimensión desde el punto de vista de rescatar lo genuino de la autonomía; de lo que se vivía antes de la reincorporación de la Mosquitia al Estado de Nicaragua”.

La Mosquitia era un protectorado de Gran Bretaña, pero durante el gobierno de José Santos Zelaya fue incorporado al Estado de Nicaragua. El catedrático de la BICU insistió que previo a la anexión, ellos gozaban de plena autonomía. Tenía decisión sobre los territorios, los recursos naturales, la educación y hasta en la propia lengua.

“En la Costa hay unos 25 años de atraso respecto al resto del país. Antes de 1912, en Bluefields circulaban seis periódicos. Las clases se daban en inglés, claro, por influencia de Gran Bretaña…  La infraestructura vial se desarrolló en el Pacífico. El desarrollo económico aquí es muy limitado. Todo se hace a nivel de enclave. Compañías madereras y oro solo sacaban los recursos, y se llevaban las ganancias a otro lado”, denunció Casells.

Crecimiento económico sin desarrollo

El secretario general de la BICU resaltó que si bien las coordinaciones con el gobierno central han mejorado con la ley de autonomía, “las decisiones finales se toman en Managua”, al margen de los intereses de los locales de la Costa Caribe.

Para ejemplificarlo, Casells enfatizó el plano económico. La siembra de palma africana genera actividad económica en la región, pero no beneficia a los costeños. Según él, ellos no son agricultores como tal, y, aunque genere empleos, no se traduce en desarrollo como tal.

“La inversión que ha llegado es poco relacionada a la identidad caribeña. Este monocultivo atenta contra los recursos naturales. Por sus altos niveles de contaminación afecta la pesquería. Eso no trae desarrollo”, insistió Casells.

La energía eléctrica poco a poco se interna en la región, pero su uso es muy caro comparado al resto del país. Casells dijo que todavía sufren “grandes problemas de agua y saneamiento”. Y en eso encuentra una gran contradicción: en el caribe se localizan los municipios más pobres del país.

En las remotas zonas indígenas todavía son noticia el hambre y la desnutrición. La ausencia del Estado es mínima, y la agricultura de subsistencia apenas sirve para saciar el hambre de los comunitarios, quienes cada año ven sus cultivos afectados por plagas o inundaciones. A eso, habría que sumarle la violencia de los colonos que les impide acceder a sus parcelas.

“Apenas se está haciendo una carretera que genera empleo, pero toma su tiempo… Los hospitales de nosotros no son de nivel; la gente tiene que viajar a Managua a atenderse. A pesar que se han mejorado, no hay equipamiento para resolver los problemas de la región”, agregó Casells.

Por último, Casells lamentó que cada vez más los indígenas tienen menos representación política en la región con la entrada de partidos políticos nacionales. Eso incide que en los concejos municipales puedan aprobar políticas públicas que beneficien a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

“Hay una migración intencionada para que los pueblos indígenas, en términos poblacionales, seamos minoritarios. Eso tienen que ver con la política del Consejo Supremo Electoral, de que una persona con dos años de residir en un lugar tiene derecho a votar. ¿Qué pasa? Somos una minoría y a la hora del voto, en las elecciones regionales, salen concejales que quizá no son nativos de la región”, dijo Casells.


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