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Jueza orteguista mantiene embargo millonario a Canal 12 y amenaza con subasta

Propietarios de la televisora tienen diez días para apelar el fallo de la jueza Silvia Chica Larios o pagar reparo fiscal por 21 millones de córdobas

El embargo a Nicavisión, la empresa dueña del Canal 12, se mantiene firme. La jueza Silvia Elena Chica Larios, del Juzgado Cuarto de Distrito Civil de Managua, falló este 30 de septiembre que el empresario Mariano Valle Peters, propietario de la televisora, debe pagar un reparo fiscal por 21 millones de córdobas (607 000 dólares), o de lo contrario le subastarán cuatro propiedades. Un fallo que “será apelado” en los próximos diez días, advirtió Valle al final del juicio.

La jueza desestimó todas las pruebas ofrecidas por la defensa durante el juicio y rechazó la solicitud de levantar el embargo ejecutado por la Dirección General de Ingresos (DGI) el pasado 11 de septiembre. Sin embargo, el propietario y administrador del Canal 12 afirmó que  los bienes embargados tienen un valor de 1.2 millones de dólares, una cifra mayor al reparo fiscal que cobra la DGI. Es por esta razón que en la apelación solicitarán a la juez  que ordene valorar el precio de las cuatro propiedades que se mantienen embargadas.

Entre las propiedades embargadas está el edificio donde opera el Canal 12, dos casas que colindan con el medio de comunicación, una torre de transmisión, cuentas bancarias, la residencia de Valle y su camioneta, dijo Valle a los medios de comunicación.

Anularon resolución del TATA

El empresario explicó que en entre 2011 y 2013 la DGI hizo un reparo fiscal al Canal 12 por 9.5 millones de córdobas (274 570 dólares) y ellos recurrieron ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), que les dio parcialmente la razón y dejó el monto en 851 000 córdobas (unos 24 595 dólares).

“Mi abogado me dijo que no pagáramos eso porque no debemos eso, y recurrimos a la Sala de lo Contencioso Administrativo” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin obtener una respuesta, indicó.

No obstante, la Procuraduría General de la República recurrió ante la Sala Constitucional de la CSJ y anuló, el pasado 13 de mayo, el fallo del TATA. Con base a eso, la DGI ordenó aumentar el reparo de 851.000 córdobas a 21 millones de córdobas, debido a que han incluido intereses moratorios desde hace ocho años.

Durante el juicio, la jueza desestimó el fallo del TATA, así como una constancia de un contador público autorizado, “que certifica que todos los ingresos fueron declarados” entre los años 2011 a 2013.

Al aire hasta el último instante

Fachada del edificio de Nicavisión, la empresa dueña del Canal 12. // Foto: Nayira Valenzuela.

La señal de Canal 12 continúa transmitiendo su programación habitual a pesar del embargo y continuarán haciéndolo, afirma Valle, “aunque tengamos que instalarnos en otro lugar”. La jueza no mandó a suspender, de momento, las transmisiones de Canal 12 y a juicio de su propietario, “no habría razón” puesto que el embargo es sobre el inmueble donde opera la televisora y no sobre los equipos del medio de comunicación.

El Canal 12 es uno de los dos canales de televisión independientes que transmiten en señal abierta en Nicaragua. Su línea editorial en defensa de los derechos humanos ha permitido denunciar la represión del régimen de Ortega en contra de manifestantes opositores, situación que molesta a quienes ostentan el poder.

En 2018, el Canal 12 fue obligado por el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) a dejar de transmitir los programas Danilo Lacayo En Vivo, del comentarista Danilo Lacayo; y Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Esta situación constituyó un acto de censura contra los programas de televisión de debates y entrevistas y el principal medio independiente de la televisión nicaragüense.

Denuncian cobros onerosos

Además del Canal 12, la DGI está reclamando al Canal 10 el pago de un reparo fiscal de 110 millones de córdobas (3.2 millones de dólares) y al periodista Miguel Mora, director del Canal 100% Noticias, a quien le confiscaron su medio de comunicación en diciembre de 2018, le están cobrando 7 890 538.86 córdobas (unos 227 031.94 dólares) en impuestos y 75 952.14 córdobas (2185.48 dólares) en concepto de cuotas retrasadas en el Instituto Nicaragüense de Seguridad social (INSS).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras y el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, han repudiado el embargo a Nicavisión Canal 12, y denunciaron que con esta acción el Estado “se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir”.

Mientras tanto, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también condenó el embargo a Canal 12 y advirtió que el medio permanece al aire, pero que los trabajadores no han recibido sus cheques de pago más recientes porque el medio no puede acceder a sus cuentas bancarias.

“Las autoridades nicaragüenses deben dejar de utilizar las investigaciones financieras para intimidar a los medios independientes y deben permitir que Canal 12 informe libremente sin temor a represalias”, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “Estas ‘evaluaciones de impuestos’ arbitrarias son solo la última táctica mientras el gobierno de Daniel Ortega continúa buscando formas cada vez más creativas para silenciar a los pocos medios de comunicación independientes de Nicaragua”.

 



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