22 de febrero 2022
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Con el uniforme azul de presidiaria, la abogada María Oviedo Delgado se plantó frente a la jueza orteguista, Ulisa Tapia Silva. Con una fuerza que contrastaba con su delgadez y su rostro opaco, tras siete meses en prisión y diez minutos de patio sol semanal, cuestionó que cambiaran la acusación inicial de su caso; un hecho improcedente en Derecho, pero no inmutó a sus verdugos. La detenida y defensora de derechos humanos agradeció a su defensor por su labor, que la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminaliza y bloquea de forma frontal.
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Los abogados defensores de los reos políticos, cuyos juicios se realizan desde hace tres semanas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, apenas desarrollan sus argumentos durante las audiencias, en las que jueces y fiscales afines al orteguismo han declarado culpable a 20 opositores y condenado a 15 con penas de entre ocho y 13 años de cárcel.
“No nos dejan hablar, nos cortan nuestras intervenciones. Tal vez, nosotros estamos fundamentando lo que estamos diciendo y lo estamos haciendo bajo fundamento jurídico: artículos, doctrina, jurisprudencia, y nos cortan. No, ya, ya, suficiente (les dice el judicial)”, relató el defensor ‘Raúl’, que por seguridad pidió que se protegiera su identidad.
La represión contra los abogados y el impedimento a su labor ha escalado desde 2018, cuando el régimen empezó a llenar las cárceles con ciudadanos que se involucraron en protestas cívicas, y fueron acusados por supuestamente cometer delitos de terrorismo, crimen organizado y otros. Las acusaciones y las pruebas fueron fabricadas desde una unidad especial, creada por el Ministerio Público, bajo el mando de la sancionada fiscal general Ana Julia Guido, reveló una investigación de CONFIDENCIAL.
El patrón marcado por las acusaciones creadas, las pruebas espurias y el sabotaje a la defensa ha prevalecido desde 2018, con la diferencia que ahora estos juicios políticos son “mucho más agresivos y mucho más violatorios que los de 2018 y 2019”, resaltó el abogado ‘Luis’, quien ha vivido ambas experiencias.
Boanerge Fornos, abogado penalista, y exfiscal departamental del Ministerio Público, estuvo al frente de varios procesos de reos políticos en 2018, y sigue de cerca los actuales juicios. Explicó que, antes, los abogados tenían más acceso a los expedientes judiciales y, aunque los jueces siempre han tratado de obstaculizar su trabajo durante el interrogatorio a los testigos, de alguna forma, la defensa en el tribunal podía discutir con el juez; pero actualmente eso es imposible en las audiencias que se desarrollan en El Chipote.
Las cuatro leyes represivas
Para la abogada Yonarqui Martínez, quien representó a decenas de reos políticos y ha sufrido represalias por su labor, la principal diferencia entre los pasados juicios y los actuales es la existencia de cuatro leyes “anticonstitucionales”, con las que “han tratado de tapar lo anticonstitucional que hacían antes”.
Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, el régimen aprobó un paquete de leyes punitivas: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”; una reforma al Código Procesal Penal —que amplía de 48 horas a 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada—; y la Ley 1055 o Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, mejor conocida como “Ley Soberanía”.
Estas han sido utilizadas por el régimen para criminalizar el pensamiento crítico y las demandas de democracia por parte de líderes opositores, condenándolos por el supuesto delito de “menoscabo contra la integridad nacional”, y en otros casos, “propagación de noticias falsas”.
“La Policía siempre nos ha asediado y nos ha perseguido. Antes nos amenazaban, ahora nos detienen. Nos procesan. Sí, hay una gran diferencia”, expresó Martínez.
El peligro de la cárcel
“El riesgo de ser apresado dentro de las instalaciones policiales es muchísimo más alto si un abogado tiene una posición muy dura en ese aspecto (alegatos al juez). Eso limita el ejercicio de la defensa”, señaló Fornos, quien se exilió tras amenazas de prisión.
“Entramos y no sabemos si vamos a salir, más cuando uno tiene sus dimes y diretes con los judiciales o con los policías; al final, no sabés si ellos van a tomar represalias por todo lo que uno les dice allá adentro”, expresó el abogado ‘Raúl’.
El hecho que los juicios fueran trasladados a El Chipote —considerado ilegal— y que no se hicieran en los tribunales, como ocurrió con los anteriores reos de conciencia, limita la capacidad de trabajo de los abogados por varias razones: les hacen una requisa que antes no hacían, ni deberían realizarla; impiden el ingreso con determinado material de trabajo; dentro de las instalaciones policiales hay una mayor vigilancia sobre el abogado y eso genera presión en el defensor, enumera Fornos.
A ese listado se le suma la agudización de la criminalización y persecución contra los defensores de presos políticos, desde junio de 2021, tras la cacería del régimen contra liderazgos de la sociedad civil para garantizarse la continuidad en el poder, producto de votaciones sin competencia política.
Martínez recuerda que en 2018 tenían la ventaja de “alzar la voz”, pero actualmente no lo pueden hacer porque “obviamente somos detenidas”.
Los abogados coinciden que el bloqueo actual es directo. Se esfuerzan por hacer su trabajo, pero en la práctica, es un formalismo porque materialmente no los dejan desarrollarse, apunta Fornos.
Requisas invasivas y decomiso de pruebas
Los abogados son sometidos en El Chipote a excesivos controles. Son detenidos 200 metros antes de llegar a las oficinas de la DAJ, se identifican ante un policía, y esperan que autoricen su ingreso.
En recepción, unos seis oficiales se turnan el carnet del abogado para fotografiarlo con sus propios teléfonos. Mientras, una mujer policía con una cámara profesional fotografía infinidad de ocasiones al letrado. Si los abogados llevan bolsos, también son fotografiados.
Los defensores son llevados a un baño, donde revisan sus zapatos, les orientan que se saquen la camisa, desabotonen su pantalón, y en el caso de las mujeres, la requisa puede ser más invasiva, incluyendo el decomiso de aretes, cadenas y anillos, que son regresados al salir. “Solo falta que lo desnuden a uno, que poco les falta”, reclamó ‘Luis’.
“Ellos ya tienen un álbum mío allí, quién sabe de cuántas fotos.”, se quejó ‘Raúl’.
La Policía también les ha quitado pruebas testimoniales o anotaciones sobre los juicios que los abogados utilizarían en su defensa, confirmó CONFIDENCIAL.
“Hay violación a nuestra correspondencia como abogado porque leen nuestras anotaciones sin autorización, nuestras notas que llevamos del juicio anterior. Es más, si hay un papelito que no les pareció, nos lo quitan y queda ocupado. Y eso es ilegal porque no estamos en ninguna flagrancia de delito, no hay una orden judicial para que nos ocupen nuestras pertenencias”, protestó la abogada ‘Auxiliadora’, que también solicitó omitir su nombre por seguridad.
Para llegar a la sala de audiencia, los trasladan en un microbús en el que también va un oficial a la par del chofer. Antes de ingresar, otro policía fotografía el carnet del defensor. En el auditorio convertido en tribunal ya se encuentra el judicial, los fiscales, que contrario a los abogados que acaban de ser despojados de casi todas sus pertenencias, estos sí tienen computadora, celulares y documentos. También están unos seis u ocho oficiales vigilando.
Al abogado Mynor Curtis, defensor de varios presos políticos, le fue retenida su computadora previo al juicio. Se quejó con el juez, pero este respondió que no podía hacer nada. Curtis necesitaba su equipo para la defensa porque tenía archivado el Código Procesal Penal (CPP) y otro compendio de leyes.
El bloqueo a la defensa jurídica viola el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en el numeral cuatro, indica que todo ciudadano tiene derecho “a que se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Sabotaje a sus alegatos
A los defensores se les ha dificultado acceder a los expedientes de los reos de conciencia. Inclusive durante las audiencias, se les ha impedido comunicarse con los acusados.
La semana pasada, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que los judiciales muestran un sesgo claro contra los reos de conciencia, como parte de las irregularidades del derecho a la defensa y el debido proceso.
Tras meses de presentación de escritos judiciales, los abogados obtuvieron, de forma parcial, los expedientes de sus defendidos. Eso violenta el artículo 124 del CPP, que establece que las partes —la Fiscalía y la defensa— podrán obtener copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite.
‘Luis’ relató que los expedientes, hasta antes de la audiencia inicial, “ni siquiera aparecían en el sistema Nicarao, del Poder Judicial. Simplemente no existía, ningún asunto encontrado decía el proceso y por eso es que no hemos conocido gran parte de las actuaciones”.
El ambiente en las audiencias es “hostil”. El abogado “Luis” considera que hizo sus alegatos con mediana libertad, pero la juez se los rechazó todos. “Me llamó la atención varias veces. Me advirtió, me previno en una ocasión de que me iba a privar del derecho a la palabra si continuaba en ese plan”, expresó.
Esa situación es recurrente en las audiencias, incluida la de Oviedo. La abogada fue arrestada por infringir la Ley 1055 y acusada por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron entrevistas brindadas a medios de comunicación, donde Oviedo explicaba procedimientos jurídicos.
En El Chipote manda la Policía y no el juez
En El Chipote la Policía está por encima del judicial, pese a que el artículo cinco del Código Procesal Penal, indica que el “control de proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del Ministerio Público será ejercido por el juez, y los de este por el Tribunal de Apelaciones a través de los recursos”.
Sin embargo, al momento de autorizar que la defensa converse con el reo o el familiar, la Policía tiene la última palabra y no el judicial, confirmaron abogados defensores.
“Cuando hablamos de la pirámide de cómo va ejercida la distribución de poderes, la Policía está en el último nivel. Sin embargo, le dan atribuciones a la Policía superior a la de un juez”, cuestionó ‘Auxiliadora’.
Para ‘Luis’, los jueces están despersonalizados de su autoridad porque adujeron que quienes autorizan hablar con el reo son los policías que custodian, lo que es “inaudito”.
“La palabra de la juez no tiene mayor valor. Allí quien manda es la Policía”, aseguró ‘Raúl’. Sin embargo, el grupo de 15 jueces y fiscales que se ensañan con los presos políticos, “son actores de los crímenes que aquí se están cometiendo” y tendrán que ser juzgados, señaló en una entrevista reciente la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Frente a la jueza, la abogada Oviedo también habló sobre los principios del Derecho. “Se los explicó”, confirmó una fuente. No la interrumpieron. Terminó su discurso y salió con las manos esposadas con bridas, y colocadas junto a los laterales de su cabeza, impidiéndole ver la sala donde la justicia orteguista la encontró culpable de un delito que no fue probado.
