Cindy Regidor
5 de marzo 2019
AA
“Ahí adentro yo preferiría que me hubieran matado, a ser violada y seguir siendo víctima de abuso sexual”. Virgo, como llamaremos a esta joven universitaria para proteger su identidad, dice esta frase con dificultad. Le cuesta decirla, pero quiere hacerlo. Ha decidido hablar de lo que le pasó a finales de abril de 2018, cuando fue secuestrada por la Policía y abusada sexualmente en las celdas de una estación, en el contexto de la represión y criminalización de la protesta ciudadana por el régimen Ortega-Murillo.
Virgo era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, y se integró al movimiento ciudadano autoconvocado durante las protestas de abril. “Mi principal acción fue la organización en mi municipio y colaboraba con las chavalas y los chavalos del Movimiento 19 de Abril de León. Más que todo, organizaba las marchas junto con otros y otras compañeras”, recuerda.
En la Policía de León
Una noche, a finales de abril, durante una manifestación en la que participaban unas 100 personas, Virgo fue secuestrada por agentes de la Policía Nacional. En la redada, hubo gases lacrimógenos, balas de goma y disparos con armas de fuego. Entre seis policías, la detuvieron a ella y a dos compañeras más y se las llevaron a la estación policial cercana, donde las golpearon con palos, y a gritos las acusaban de terroristas.
Después de revisar sus pertenencias, los policías las llevaron a habitaciones separadas. Fue allí donde dos mujeres policías abusaron sexualmente de ella. Los hombres policías que se encontraban afuera, amenazaron con violarla. Unas diez horas después recuperó su libertad, gracias a las gestiones de una abogada. Virgo decidió seguir en las protestas, pero de forma más discreta.
La joven interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su objetivo es identificar a los perpetradores del abuso, para obtener justicia.
“Mi familia fue perseguida. Yo no podía salir de casa porque me seguían las personas afines al Gobierno. Las casas fueron allanadas. Tras esto recibí amenazas directas de muerte. He ahí la preocupación de mi familia. Tomamos la decisión de que tenía que salir del país. Es algo que no quería, con lo que no me sentía bien, pero tenía que hacerlo para salvaguardar la vida de mis padres, de mi familia y mi vida. Por estas razones, tuve que salir de Nicaragua forzadamente”, cuenta ahora en San José, Costa Rica.
Una amiga de Virgo, a quien llamaremos Margarita, corrobora su testimonio. “Una compañera me llamó para decirme que a ella la habían detenido, que no sabía con completa certeza si la mamá sabía o no, pero que tratáramos de hacer algo. Una de las compañeras tenía un amigo policía y empezó a preguntarle, le dio los datos de ella y la información que dio es que sí la habían detenido… Más adelante, estuvimos conversando y me contó lo que había pasado. Hasta el momento yo sé, y conozco, que hablarlo para ella, contarlo, es bastante difícil”, asegura.
“Cuando yo hablé con ella, ella me contó algunas cosas. No me lo contó todo y hubo una frase que me preocupó, que fue: ‘Me obligaron a hacer cosas que me da pena decir’. Me puse alerta y muy preocupada… Me contó que las policías mujeres las golpearon, las insultaron… las obligaron a desnudarse, a hacer sentadillas estando desnudas, mientras las estaban insultando”, asegura.
Más de una decena de denuncias
La denuncia por agresión sexual de Virgo, no es la primera que se revela en el contexto de la represión del Estado contra hombres y mujeres.
“Se recibieron más de una decena de casos de violaciones sexuales ocurridas dentro de las celdas de El Chipote, de personas que estuvieron detenidas que denunciaron que habían sido víctimas de agresiones sexuales y otras también que fueron víctimas de (agresiones cometidas por) paramilitares. Muchas de las víctimas han guardado silencio, nosotros hemos sabido de testimonios de personas que optaron por salir del país, por refugiarse, por exiliarse por su seguridad, para resguardar su vida, su integridad personal y de otras que se mantienen dentro del país, que han buscado otras medidas de seguridad para protegerse y que no han denunciado estos casos por temor a las represalias, a las amenazas”, dice Wendy Flores, defensora del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, quien antes trabajó en el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), recibiendo denuncias hasta diciembre de 2018, cuando tuvo que exiliarse después de que el régimen de Ortega cerró este organismo, confiscó sus bienes y asedió a sus miembros.
Los organismos internacionales de derechos humanos también dan cuenta de estos casos, en sus informes sobre la represión. Las violaciones sexuales con rifles y otros objetos a manifestantes detenidos por la Policía, fueron documentadas en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También, la relatora especial para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró en octubre pasado que este “es un tema que aparece de manera recurrente” en las denuncias de la población.
En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, se leen testimonios que indican que “la mayoría de las personas detenidas habrían sido objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el momento de su aprehensión y mientras se encontraban detenidas privadas de su libertad”, que en algunos casos “alcanzan el umbral de tortura”.
Entre los testimonios del informe, un joven detenido en El Chipote relató: “Me metieron a la celda preventiva, me hicieron quitarme la ropa. Me desnudé. Me obligaron a hacer cien sentadillas. Me amenazaron con que un oficial me iba a violar. Me dañaban mucho psicológicamente”.
Abundantes testimonios
El 21 de abril, Anielka Hernández también denunció a través de un video en redes sociales que fue golpeada por la Policía: “Ya esto se salió de control, ya la gente no puede protestar pacíficamente en las calles… muchachos, lo más vergonzoso, me humillaron como no tienen idea, me hicieron que me bajara… que me quedara en ropa interior, que me bajara el calzón y que hiciera sentadillas”, relató llorando.
En julio, Marco Novoa también dijo a la cadena Telemundo que fue torturado y violado por paramilitares de Ortega. Al mes siguiente, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció el secuestro de una joven, a quien un grupo de paramilitares sometió a una violación múltiple. En septiembre, una menor de edad denunció otro abuso sexual de parte cuatro policías. Y en noviembre, el joven activista Bayardo Siles denunció ser víctima de abuso sexual durante su detención ilegal en El Chipote. “Cada media hora hacía sentadillas desnudo y llegaba alguien en medio de lo oscuro, me pegaba en las nalgas e intentaba penetrarme con un dedo”, relató.
También son crímenes de lesa humanidad
Virgo asegura que “es difícil” ser víctima de abuso sexual, y lamenta que sufrirlo de parte de hombres y mujeres le afectó más, porque como activista de los derechos humanos, y de las mujeres principalmente, había sentido esa empatía de género.
La defensora de derechos humanos, Wendy Flores, valora que las agresiones sexuales bajo este contexto político “son casos muy complejos” y demuestran los “niveles de brutalidad” con los que actúa el régimen de Ortega. A su juicio, que estos abusos se cometieran bajo “resguardo policial” evidencian la exposición a agresiones y torturas de parte del Estado.
En 1992, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se refirió por primera vez a las agresiones sexuales, en un contexto de conflicto, como un delito internacional que debía abordarse. El Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional también califica como crimen de lesa humanidad la violación y otros abusos sexuales de gravedad comparable, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático.
“Habría que estudiar un poco más a fondo si se trata de un patrón en el caso de detenciones, porque, al no ser el primero y haber varios casos con características similares, estaríamos hablando de que las autoridades actuaron para torturar a las víctimas… actuaron con odio y podría calificarse, inclusive ser parte de lo que el GIEI calificó como crímenes de lesa humanidad”, advierte la defensora.
Virgo asegura que ella reconoció que no era su culpa, sino responsabilidad “del poder que un Gobierno ejerce en nuestro cuerpo y que ante un arma no podía decir que no”.
Las denuncias de abuso sexual, como la de Virgo, también deben superar barreras extraordinarias en la sociedad actual. “Las víctimas siempre tienen miedo de denunciar, precisamente por el temor a que no les crean. Lo que ha ocurrido en la actualidad es una situación agravada por las circunstancias, el hecho de que estamos en un contexto en que los casos no se investigan en general, pero que, además, si a una persona la detuvieron por considerarla terrorista o golpista, que esta persona concurra ante las autoridades y diga también ‘fui víctima de violación dentro de una institución policial’, lo que se puede ganar es un pase libre para regresar a prisión”, reflexiona.
Flores agrega que el primer paso es compartir el testimonio y demandar que estos crímenes tampoco queden en la impunidad.
Virgo, con dificultad, ha roto el silencio: “Me ha costado un montón… siento que es algo que no voy a poder olvidar, pero eso también me motiva a seguir luchando por las mujeres”.
