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Informe registra 125 presos políticos en las cárceles de Nicaragua

Del cinco de febrero al cinco de marzo reportan al menos 12 denuncias de detenciones arbitrarias. Cinco de esas personas siguen en prisión

El más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza 125 reos de conciencia en las cárceles de Nicaragua. De acuerdo al reporte, el régimen de Daniel Ortega mantiene encerrados a 115 presos políticos relacionados al contexto de las protestas iniciadas en abril de 2018 y otros 10 ciudadanos desde fechas anteriores.

En el último mes, entre el cinco de febrero y el cinco de marzo, fueron capturados 12 ciudadanos, pero la mayoría fueron liberados en las 24 horas siguientes a su captura. Sin embargo, cinco continúan en prisión. Uno de estos fue agregado a la lista de presos políticos y los otro cuatro casos permanecen en estudio para valorar la situación de su encarcelamiento.

El informe detalla que “dada la limitación de información por parte de las autoridades pertinentes, la información es recopilada por medio de denuncias en redes sociales, monitoreo de medios y denuncias públicas, así como denuncia de familiares o la ciudadanía en general a organizaciones de derechos humanos nacionales”.

Indican que la cifra de presos y presas políticas en el contexto de abril para el mes de febrero de 2021 era de 111, pero agregaron a cuatro personas, “una de las cuales fue detenida este mes y tres en meses anteriores”.

De los 115 presos políticos vinculados a la “Rebelión de Abril”, 110 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional de Nicaragua, mientras que cinco están en delegaciones de la Policía Nacional.

Entre los presos políticos capturados en el marco de la crisis sociopolítica hay 111 hombres, cuatro mujeres y una mujer trans que permanece encerrada en un penal de varones, de acuerdo al informe.

“El 61% del grupo de 115 personas presas políticas del contexto abril 2018, han sido detenidas entre el año 2020 y el corriente año. El restante 39% fueron capturadas durante 2018 y 2019, es decir, un amplio grupo de personas que llevan entre dos y casi tres años en
prisión”, explican.

Además insisten que  los presos políticos sufren violencia de género, discriminación en otorgamientos de indulto, falta de asistencia médica, e inseguridad en las celdas.

Los reencarcelados son 36

Un total de 36 reos de conciencia, son personas excarceladas políticas quienes fueron liberadas y beneficiadas por la Ley de Amnistía aprobada por el régimen de Ortega. Sin embargo, luego fueron recapturadas y “algunos se enfrentan por segunda, y en algunas casos hasta por tercera vez, a procesos judiciales cuyas violaciones al debido proceso han sido ampliamente documentadas y denunciadas tanto por familiares como por organismos defensores de derechos humanos”.

“En el año 2019, cinco personas excarceladas fueron recapturadas. Durante 2020 la cifra aumenta a 28 personas y en lo que va de 2021, tres personas excarceladas políticas han sido recapturadas”, detallan.

Los presos políticos con mayor frecuencia enfrentan juicios por posesión o tenencia, o tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, robo con violencia o intimidación, tentativa de homicidio y tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, resume el informe.

Un informe de Amnistía Internacional denunció recientemente que “abogados y abogadas que representan a decenas de personas encarceladas por su activismo dicen que actualmente los crímenes que más frecuentemente se les imputan a quienes son vistas como opositoras al Gobierno incluyen la extorsión y el tráfico de drogas” lo que busca “dañar la reputación” de estas personas.

El régimen Ortega-Murillo está “librando una batalla contra quienes critican sus políticas” y el Poder Judicial “parece ser una de sus armas favoritas”, afirma el documento del organismo.

El Mecanismo está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.


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