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Impasse en El Limón por detención de sindicalista

El despido de tres dirigentes sindicales, con el aval del Mitrab, amarra el nudo del conflicto

A pesar de los llamados al diálogo por parte de la empresa minera B2Gold, y por los trabajadores afiliados al sindicato Pedro Roque, la detención del dirigente sindical Humberto Rivas Canales, generó un nuevo impasse en el conflicto laboral que ha paralizado la mina El Limón, en Malpaisillo, desde hace más de doce días, desembocando en graves actos de violencia.

El conflicto alcanzó su momento de mayor tensión el martes pasado cuando mineros y pobladores se enfrentaron a las fuerzas especiales de la Policía Nacional. La violencia dejó un oficial muerto, decenas de heridos en ambos bandos y la estación policial de la localidad incendiada y varios vehículos destruidos.

Los mineros sostienen que ellos igual que la empresa desean el diálogo, pero las acciones de la Policía les dicen lo contrario y denunciaron como  “represalia”, la captura del dirigente sindical Rivas Canales a medianoche del jueves, mientras se trasladaba de la comunidad Santa Pancha a Mina El Limón, denunciaron otros líderes.

Rivas Canales viajaba con otros seis sindicalistas y, según el relato del minero Luis Martínez, ellos lograron escapar. “Rivas Canales y el chofer que lo acompañaban fueron golpeados por la policía”, denunció Martínez.

“En el sector del papalón tres patrullas nos siguieron y empezaron a disparar, algunos de nosotros nos tiramos de la camioneta y nos corrimos, solo agarraron al conductor y a nuestro máximo líder Humberto Rivas y sin piedad lo empezaron a golpear, también el conductor fue agredido”, describió.

Hasta el cierre de esta edición, la tensión continúa en la mina El Limón, uno de los yacimientos de oro más importantes de Nicaragua. El representante de país de B2Gold, Pablo Venturo, estimó que para este 2015 cerrarán con una producción de 55 mil onzas del preciado metal. Venturo conoce de primera mano el funcionamiento de la empresa pues estuvo dirigiendo el Limón, y afirmó a Confidencial que la huelga de estos trabajadores es “ilegal y vandálica”.

El despido de los sindicalistas

El conflicto en El Limón estalló por el despido de tres dirigentes sindicales (Luis Martínez Betanco, William Díaz Cáceres y Humberto Rivas Canales –ahora detenido– ), quienes durante el mes de julio promovieron otras protestas, alegando que la transnacional estaba incumpliendo el Convenio Colectivo y violando los contratos de trabajo.

En ese momento, los sindicalistas reclamaron porque la empresa inició un proceso para modificar el pago de catorcenal a quincenal, y porque pretendía pagarles la bonificación por producción en abonos.

“Con el pago de catorcenal a quincenal salíamos perdiendo entre 7 u 8 días al año… además la empresa quería pagarnos en abono, primero 40% y 60% después”, Marlon Isidro Martínez, del sindicato Pedro Roque Blandón.

El otro problema fue el pago de la bonificación por producción. Según Humberto Rivas Canales, secretario general del Pedro Roque Blandón, la minera pretendía pagarles en dos abonos ese bono que, el convenio colectivo establece, debe pagarse entre el 8 y 12 de cada mes.

Este descontento llevó a los mineros a las calles. Sin embargo, el 13 de julio alcanzaron un acuerdo, del que fue garante el Ministerio del Trabajo (MITRAB), con B2Gold. El acuerdo establecía que los tres sindicatos de la Mina el Limón (Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros, SITRAM; Sindicato de Trabajadores mineros Pedro Roque Blandón y el Sindicato Democrático de trabajadores de la industria minera del Limón) aceptaban la modalidad quincenal de pago, y que la empresa accedía a pagar el bono de un tajo.

“Todo quedó en paz firmado, todo arreglado con esa firma”, dijo José Luis Valdivia, quien tiene 36 años de trabajar en la Mina El Limón. “El problema fue que después la empresa tomó represalias contra estos tres compañeros que firmaron el acuerdo con el MITRAB”, agregó.

Isidro Martínez afirmó que con el acuerdo se suponía que todo “quedaría normal”, “pero en menos de 25 días despiden a estos compañeros abriéndoles un proceso administrativo, porque dicen, que en los días de huelga tuvieron pérdidas. Es represalia”, sostuvo también este obrero.

La versión de B2Gold

El representante de país de B2Gold, el ingeniero peruano Pablo Venturo, tiene otra visión: no fue ninguna represalia. “Tenemos una responsabilidad como administradores de empresas, tuvimos pérdidas de producción y materiales enormes con esas tres huelgas ilegales”, dijo Venturo.

Según el representante de B2Gold, los trabajadores dejaron de percibir cerca de 400 mil dólares en bonos e ingresos por “hechos totalmente ilegales, por actitudes arbitrarias y esto necesita una explicación”.

“Estos tres líderes sindicales, cuyos contratos fueron cancelados, han gozado todo este tiempo de todas sus prerrogativas. Se desplazan en camioneta y con fondos de la empresa. Han realizado su trabajo después de las tres huelgas, han recibido todos sus pagos normalmente hasta que decidieron sus tranques ilegales, no vemos donde hay persecución”, dijo Venturo. “Lo que hemos hecho es uso de nuestro derecho a establecer responsabilidades por estos actos que han afectado no solo a la empresa, sino a los ingresos de 800 familias”, insistió.

La intervención del MITRAB

El proceso iniciado en contra de los sindicalistas generó el descontento entre los trabadores y por ello la demanda fundamental de la huelga es la exigencia de reintegro laboral. Para los obreros, la forma del despido fue incorrecta, pese a que el MITRAB emitió una resolución en la que aceptó el despido de los sindicalistas, a pesar de que están protegidos por el fuero sindical.

Venturo sostuvo que el caso de los tres sindicalistas no ha concluido, y que pueden acudir a las instancias legales, pero “ellos decidieron hacer esa huelga ilegal al desconocer la resolución del MITRAB de su despido”.

“En este caso específico es un desconocimiento a la resolución emitida por la autoridad competente que es el MITRAB”, remarcó el representante de la B2Gold.

Sin embargo, los mineros desconfían del MITRAB y achacan al delegado departamental de esa cartera, Ernesto Solís, un conflicto de intereses. “Su esposa Escarleth Rivera trabaja en una empresa ligada a la B2Gold”.

Venturo evitó referirse a ese tema y alegó que “desconocía esa información”. Confidencial intentó contactarse con Solís, pero no tuvimos respuesta. Este funcionario ha estado supervisando el cumplimiento de los acuerdos entre los sindicatos mineros y la trasnacional desde que se alcanzaron los acuerdos el pasado 13 de julio.

“El Ministerio crea problemas, porque no sé si es política del gobierno mandar a despedir a todos los sindicalistas; a los que exigen sus derechos los mandan a correr. El caso es claro, hay un acuerdo, la empresa lo viola y por eso se dio este conflicto”, sostuvo Isidro Martínez. “Ellos tienen poderío económico y compran cualquier conciencia”, agregó Valdivia por su parte.

No obstante, Venturo defiende la posición de la empresa al abrir procesos administrativos contra estos tres sindicalistas, porque, según su visión, realizaron “huelgas ilegales, agresiones a la propiedad, violencia hacia trabajadores. “Impidieron el acceso básico de circulación a otros trabajadores y a funcionarios como nosotros. Por esas causas iniciamos y hemos seguido el debido proceso”, expuso el director de país de la B2Gold.

Grave enfrentamiento

Los mineros insisten en que ellos mantuvieron cerrado el portón de la mina por doce días sin actos de violencia. “La violencia inició cuando nos cayeron los antimotines”, dijo Rivas Canales, líder del sindicato Pedro Roque Blandón, el cual se enfrenta a la empresa.

“La empresa B2Gold convenció a la Policía Nacional para que mandara antimotines a desalojarlos. Nosotros defendimos nuestros derechos como trabajadores y reaccionamos al ataque de los antimotines con gases lacrimógenos, balas de hule y hasta balas de verdad”, denunció Rivas Canales.

Los obreros lograron superar al primer contingente de antimotines hasta arrinconarlos. La arremetida de fuerza desbarató tres camionetas de la B2Gold, una patrulla policial y quemaron la estación de la mina El Limón.

El refuerzo de los antimotines no se hizo esperar, y, según los mineros, eran centenares de efectivos. Durante el violento enfrentamiento que se extendió por casi un día, resultó muerto el policía Kevin Valle, de 31 años de edad y oriundo de Ocotal, quien fue trasladado a un centro asistencial dentro de las instalaciones de B2Gold. Luego falleció, informó la primera comisionada Aminta Granera.

La jefa policial informó que 28 oficiales resultaron golpeados y heridos a manos de los mineros y la población alzada. También se registraron al menos 15 pobladores con lesiones.

El gobierno del comandante Daniel Ortega, la empresa privada aglutinada bajo el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y B2Gold, tildaron como vandálicos a los mineros, y denunciaron a un “grupo reducido” como el causante del caos.

Sin embargo los líderes religiosos de las iglesias católicas y evangélicas de El Limón, refutaron la acusación oficial sobre grupos ¨minoritarios¨ y describieron un conflicto que involucra a toda la comunidad de El Limón.

“Ahí está la información que darán las autoridades, la Policía Nacional, pero ahí se ve el empecinamiento de un pequeño grupo de negar a un grupo grande de personas su derecho a trabajar, y por supuesto que esto tiene consecuencias muy dolorosas para las familias que ahí habitan”, explicó la primera dama Rosario Murillo.

El pronunciamiento de Cosep

El COSEP rechazó en un comunicado seguido de una conferencia de prensa, “los hechos delictivos en contra de empresas del sector privado”. El documento, leído José Adán Aguerri, destaca el esquema de “comunicación y diálogo” que esa entidad gremial impulsa con el gobierno desde el 2009, señalando cómo eso fue útil para superar la crisis financiera de ese año, o cómo estaría ahora ayudando a crear empleos y a reducir la pobreza.

El liderazgo empresarial apuntó a los sectores que no han podido asimilar ese modelo, entre los cuales incluye a “algunos actores políticos y medios de comunicación, que lo descalifican”, señalando la “irresponsabilidad” de quienes han llamado a nacionalizar las minas, o a quienes equiparan minería con atraso y muerte.

Refiriéndose a lo sucedido en Mina El Limón y Chichigalpa, el Cosep condenó “la violencia, el vandalismo, el ataque a la propiedad pública y privada, el impedimento al derecho al trabajo, [y] el irrespeto a las leyes”, rechazando y condenando “toda estrategia perversa que conduzca a generar violencia y caos, que debilite la seguridad ciudadana, y que destruya la riqueza que se genera con la inversión y el trabajo”.

Al leer el documento, Aguerri también dijo que “no podemos permitir lo que pretenden, que es destruir económicamente al país; que volvamos al pasado, a la inseguridad, a los falsos nacionalismos que solo pobreza, destrucción y división nos han dejado”.

La conferencia de prensa contó con la participación de representantes de dos de los tres sindicatos que tienen presencia en la empresa minera: el que está afiliado a la Central Sandinista de Trabajadores ‘José Benito Escobar’, y el que cuenta con el apoyo de la Central de Unidad Sindical (CUS).

No había nadie del tercer sindicato, afiliado a la Central Sandinista de Trabajadores (nacional), aunque los presentes minimizaron esa ausencia, recordando que “representamos al 75% de los trabajadores”, o sea, unos 600 de los 800 que la mina tiene en su planilla.

Los sindicalistas se hicieron eco del mensaje de los empresarios, en el sentido de que es importante recurrir al diálogo social, porque éste “genera estabilidad e inversiones”, e instaron a todos los actores sociales de Mina El Limón, incluyendo las iglesias de distintas denominaciones, a involucrarse para lograr que regrese la paz a esa comunidad.

“Estos doce días han generado impacto negativo entre los trabajadores y la comunidad, y ya tenemos un compañero policía muerto, además de daño a varios edificios. Hay que agotar los mecanismos de negociación y diálogo antes de irse a una huelga lo que, de ocurrir, debería ser con el consenso de los tres sindicatos. No queremos que la empresa cierre. Hay que negociar”, señalaron.

Mineros denncian a “sindicatos blancos”

El minero José Luis Valdivia dijo que no se siente representado por los sindicalistas que comparecieron junto al COSEP la tarde del jueves. “Donaldo Rivera, del Sindicato Democrático de los mineros, es leal a la empresa, porque le dieron una máquina perforadora y ahora tiene contratos para explotar”, denunció.

Según el minero inconforme, Rivera tenía 30 afiliados pero “todos se les salieron por ser un sindicato blanco, vendido”. “Nos alegra que dicen que quieran negociar, ¿pero por qué no viene la empresa a negociar? Aquí solo hay policías, nosotros queremos diálogo”, dijo.

Para este sindicalista, el hecho de haber negociado en julio, con el Ministerio del Trabajo (MITRAB) como garante, todo “lo pasado queda atrás”. “Pero la empresa, maniobrándose siempre con algunas organizaciones sindicales y el asesoramiento de la José Benito Escobar, porque Luis Barrantes recibe buenas prebendas, despide a los compañeros. Es represalia”, fustigó el minero.

B2Gold en cifras

Confidencial solicitó al ingeniero Pablo Venturo, representante de país de B2Gold, información sobre los montos que pagan en concepto de impuesto sobre la renta. Su respuesta fue que la empresa cumple con todas las obligaciones de ley y que goza de un marco tributario especial, establecido en los años 90.

El Ing. Venturo reveló algunas estadísticas conglobadas sobre las operaciones de las distintas  empresas de B2Gold en Nicaragua, y aseguró que siendo una empresa que cotiza en la bolsa, sus cuentas son transparentes, sus datos son públicos, y pueden ser objeto de revisión y verificación por los  interesados.

Según los registros de la empresa, en cinco años B2Gold ha invertido en Nicaragua 251 millones de dólares, lo que representa el 2.45% de la inversión extranjera directa del país.

Impacto en la economía

  • B2Gold es el exportador número uno desde 2010
  • 58% de las exportaciones sin ZF, y 5.00% del valor de exportaciones incluyendo zonas francas
  • 257 millones aportados en 2014, es decir 2.17% del PIB

Participación en minería de oro

  • 67% de onzas exportadas del país
  • 71% de participación en dólares exportados de oro

Impacto en empleo

  • 1,100 empleos directos y 4, 100 beneficiarios directos
  • 21, 300 beneficiarios indirectos
  • 33 millones de dólares en sueldos directos
  • B2Gold paga cuatro veces los sueldos sectorial y básico del país

Compromiso social

  • 58 millones de dólares entre 2011 y 2014
  • 74 millones de dólares en inversión social en 9 años
  • De cada 100 dólares exportados, 2 van a inversión social


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