9 de septiembre 2018
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La Iglesia Católica de Nicaragua denunció que una de sus parroquias, donde celebraban una misa, fue víctima del asedio de un grupo de turbas afines al Gobierno, en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en abril.
El incidente ocurrió este sábado en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en la ciudad de Granada, 45 kilómetros al sureste de Managua, cuando un grupo de sandinistas que caminaba por las calles de ese lugar en apoyo al presidente Daniel Ortega ingresó de forma violenta a la iglesia, indicó la diócesis de Granada, a través de sus redes sociales.
"A la hora de la celebración de la Santa Misa, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Granada, un grupo de turbas afines al Gobierno entraron violentamente a la Iglesia gritando e insultando por el lado de la nave de la Virgen de Dolores", precisó la diócesis.
"Rechazamos y condenamos este acto como una falta de respeto a nuestras parroquias", continuó la diócesis, que pidió "sus oraciones para que cesen estos actos".
El obispo de la diócesis de Granada, Jorge Solórzano, expresó su cercanía y oraciones al sacerdote Juan Francisco Moreira, párroco de La Merced, y a sus fieles.
"Pido se respete nuestros templos y nuestras celebraciones litúrgicas", demandó Solórzano en un tuit.
La Conferencia Episcopal actúa como mediadora en el diálogo nacional -que permanece suspendido desde junio pasado- para superar la crisis en el país.
El presidente Daniel Ortega ha calificado a los obispos de "golpistas" y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.
El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero el presidente lo rechazó.
A mediados de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) alertaron de que miembros de la Iglesia católica estaban sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad física de los manifestantes contra el Gobierno.
La oficina del Acnudh ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista con Efe en Managua, el presidente Ortega negó que se haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
