19 de junio 2019
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Tras analizar en un informe las “torturas, malos tratos y juicios fraudulentos” contra manifestantes en Nicaragua, Human Rights Watch (HRW) concluyó que debe enjuiciarse al comandante Daniel Ortega y sus funcionarios por las violaciones a los derechos humanos cometidas. Al mismo tiempo, el organismo instó a los países de la región y de la Unión Europea a imponer sanciones individuales a altos funcionarios del régimen, y evaluar alternativas para exigir que éstos rindan cuentas por sus crímenes.
HRW recomendó a los países signatarios de la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que “deberían ejercer la jurisdicción penal, en la medida en que lo permita el derecho interno, respecto de funcionarios nicaragüenses responsables de torturas, de conformidad con el artículo 5 de la Convención contra la Tortura de la ONU”.
Seguidamente, HRW alienta a más sanciones internacionales individuales, empezando por el mismo mandatario sandinista. “El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de ‘disponer’ de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes”, argumenta el organismo.
El informe de 107 páginas documenta los abusos cometidos contra los presos políticos desde el momento de su captura hasta su estancia en las penitenciarías, y se titula “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua”. De acuerdo a HRW, muchos de los secuestrados sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas. El informe señala que a algunos heridos se les habría negado atención médica en centros de salud pública, y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias. El organismo también lamentó que se ha procesado penalmente a detenidos en causas plagadas de graves violaciones al debido proceso.
HRW entrevistó para este informe a 75 personas, entre ellas víctimas y sus familiares, testigos, abogados defensores, profesionales médicos y representantes de organizaciones internacionales.
Los hallazgos de informe se soportan en investigaciones realizadas en Nicaragua y Costa Rica y de un análisis de fuentes oficiales, incluidos expedientes judiciales y declaraciones de fuentes gubernamentales, así como pruebas que corroboran los abusos que incluyen fotografías, grabaciones de video e informes médicos.
"Ortega sin interés por las víctimas"
“Daniel Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “La reciente liberación de personas detenidas en el contexto de las protestas, muchas de las cuales ahora cumplen arresto domiciliario y siguen procesadas, no debe servir para ocultar que no hay ningún policía investigado por brutales golpizas, violaciones sexuales, remoción de uñas, asfixia y otras atrocidades”.
Daniel Ortega y Rosario Murillo junto al jefe de la Policía Nacional y consuegro, Francisco Díaz. Foto: Presidencia
HRW insiste en que las sanciones internacionales son claves para enfrentar al régimen Ortega-Murillo, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
“Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y América Latina y la Unión Europea deberían imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de graves violaciones de derechos humanos”, recomienda HRW, y propone una lista de funcionarios que detallamos a continuación, que inicia por el mismo Daniel Ortega.
- El general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual.
- El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes.
- El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables.
- El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que es el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según la Oficina del ACNUDH.
- El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Llamado al BCIE
Vista general de la sede del BCIE en Managua. Foto: Carlos Herrera.
Aunque son en su mayoría policías, HRW no deja cerrada la lista. El organismo además recomienda a la Unión Europea y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suspender todo financiamiento a la Policía Nacional de Nicaragua.
“Supeditar el restablecimiento de fondos destinados a la policía a que el Ministerio Público inicie investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas sobre la presunta responsabilidad de altos funcionarios policiales en graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión que tuvo lugar en 2018”, concluye el informe. Y agrega: “Supeditar el restablecimiento de los fondos a que se realicen acciones comprobables para desmantelar y llevar ante la justicia a bandas armadas partidarias del gobierno”.
