11 de septiembre 2020
AA
“Cuando iba sobre la carretera, voy corriendo y vinieron los paramilitares encapuchados y me dicen: ¿qué llevás ahí en la bolsa?’. Yo nerviosa ni me acordaba que eran morteros y empezaron a golpearme con puños y patadas. Me tiraron al piso y me violaron dos de los tres hombres encapuchados. Mientras unos me violaban, el otro me apuntaba con el arma; yo sentía que quería morirme. Estuvieron como una hora mientras me abusaban”. Es parte de lo que vivió una de las 18 víctimas que presentaron sus testimonios ante el Tribunal de Conciencia: Violencia Sexual Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua, que se celebra en San José, Costa Rica, a partir de este 8 de septiembre.
El tribunal, aunque sin efecto jurídico vinculante, se estableció para dar reconocimiento simbólico, individual y colectivo, a las víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo en Nicaragua que atacó brutalmente a la ciudadanía que se manifestó en su contra a partir de abril de 2018. El saldo de la represión, ejecutada principalmente por la policía en coordinación con fuerzas paramilitares, fue de más de 300 muertes, miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de exiliados.
Durante la sesión inaugural de este martes 8 de septiembre, las peritos encargadas de las consideraciones jurídicas y psicosociales incluyeron en su exposición descripciones y fragmentos de los testimonios de las víctimas de violencia y violación sexual que fueron escuchados por la audiencia presente en la sala y a través de las redes sociales.
La doctora Soraya Long, encargada del peritaje jurídico, concluyó que las autoridades nicaragüenses usaron la violencia sexual y la violación sexual como táctica de represión de las manifestaciones, que constituyeron tortura y crímenes de lesa humanidad.
“Obligaban a la persona a hacer sentadillas y ponían un arma abajo, de tal manera que cuando la persona bajaba haciendo la sentadilla, el arma se introducía en su ano. En algunos casos previamente a hacer este tipo de ejercicio, (los perpetradores) disparaban el arma, de tal manera que el cañón del arma se calentaba y cuando la persona hacía la sentadilla y el arma se introducía en su ano, causaba graves quemaduras”, describió la experta para graficar la crueldad de estos actos.
Los hechos ocurrieron entre el 21 de abril y el 25 de agosto de 2018, cuando se vivían en todo el país los momentos más álgidos de la rebelión popular pacífica que exigía la salida del poder de Daniel Ortega y que las fuerzas de seguridad leales al régimen intentaron aplastar con fuerza letal.
Durante dichos meses la policía, en su intento por sofocar las manifestaciones, detuvo a miles de manifestantes, algunos permanecieron detenidos ilegal y arbitrariamente por horas, días, semanas y meses. Cientos fueron reos políticos, acusados formalmente de terrorismo y otros delitos por su participación en las protestas. A la fecha aún quedan más de 90 de ellos en las cárceles.
“Nunca se les dijo por qué se les detenía ni cuál era la acusación que había en su contra, mucho menos se les presentó una orden de detención. La violencia contra las personas detenidas se practicó desde el momento mismo de la detención y en los centros de detención”, mencionó Long. La mayoría fue llevada a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como El Chipote, y otros permanecieron en estaciones policiales en distintas ciudades del país.
Las once mujeres y siete hombres tenían entre 19 y 38 años. Siete eran estudiantes universitarios, tres eran profesionales (un ingeniero, una enfermera y una abogada), un agente de seguridad estatal y siete tenían oficios varios.
Dos de las víctimas estaban vinculadas con el Gobierno: uno al ser agente de seguridad estatal y otro era miembro de la Juventud Sandinista. Tres habían participado de campañas electorales y activismo social de diferentes tipos y la mayoría, trece de ellos, por primera vez participaban en protestas. Se habían sumado para reclamar por la reforma a la Seguridad Social que rebajaría la pensión de jubilados y en apoyo a estudiantes universitarios, que fueron los primeros en levantarse en manifestaciones contra el Gobierno.
Los responsables de esta violencia fueron mujeres y hombres que usaban uniformes de autoridades estatales, -es decir policías-, algunas personas vestidas de civil, “y varios de los testimonios señalan que había extranjeros entre las personas que los detenían. Por el acento, aducen que podría tratarse de venezolanos, colombianos y cubanos”, añadió Long.
La lista de horrores
Las principales formas de violencia fueron insultos y acusaciones infundadas, amenazas de muerte en su contra y hacia sus familiares, golpes con puños y patadas, cortaduras en la piel, golpes con las cachas de las armas y con amansabolos, obligación a estar desnudos y realizar sentadillas.
El peritaje psicosocial también abordó los insultos y estigmatización que sufrieron las víctimas: “tranquera, asesina, perra, puta, vaga, puchitos”, este último término fue acuñado por la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, durante esos meses, cuando arremetió contra los disidentes con un discurso de odio.
“Señalan algunas de las víctimas que había un cuarto oscuro con muchísimo aire acondicionado, sumamente frío, y allí los lanzaban golpeados y desnudos”, narró Long.
“Las 18 personas fueron víctimas de violencia sexual que incluyó insultos con contenido sexual, principalmente dirigido a las mujeres, amenazas de violación sexual dirigidas a las mujeres, ‘te vamos a violar, vamos a violar a tus hijos e hijas’”, describió Long. “A algunas víctimas les mostraban fotos de los hijos e hijas para dar veracidad a las amenazas”, agregó la perito psicosocial que omitió su nombre por razones de seguridad.
Los tocamientos y manoseos en partes íntimas, obligación de desnudez absoluta, apretones y mordiscos en los senos de las mujeres, fueron parte de los abusos perpetrados. “Había testimonios de mujeres cuyos ojos fueron vendados y sentían grandes dolores en sus pechos, llegando a la conclusión de que se los estaban apretando”, añadió la perito.
Doce violaciones sexuales y dos abortos provocados
Doce de las 19 víctimas fueron violadas sexualmente: diez mujeres y dos hombres. “La única mujer que no fue violada sexualmente fue porque no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió, y en virtud de las hemorragias no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron a ver cómo violaban a su compañera de celda”, narró Long. La perito psicosocial mencionó un segundo aborto que sufrió una mujer a la que le aplicaron un suero.
A las víctimas se les obligó de forma recurrente a mirar mientras torturaban a otros: “Nosotros presenciábamos cómo violaban a las chavalas, a unos los ponían de frente y les cortaban tal vez un dedo, los amputaban, les quitaban las uñas o les metían cuestiones dentro del ano… Usted podía ver a través del vidrio lo que le estaban haciendo a los chavalos. Como quien dice ‘si vos no hablás, te va a pasar lo mismo’”, narró una de las víctimas.
Durante estos actos de violencia se les preguntaba quién les financiaba, quién les daba armas, quién les organizaba. “Además, el acto de violencia en sí, era una forma de represión o de castigo por participar en las manifestaciones o en los tranques”, aseguró la perito jurídica.
En el caso de las mujeres hubo mayor ensañamiento: fueron repetidamente violadas, participaban varios agresores simultáneamente en el ataque sexual y mientras las violaban otros observaban, incitaban y se reían.
Según las convenciones internacionales, hubo tortura
La Convención de Naciones Unidas, ratificada por Nicaragua en 1985, dice que la tortura requiere ciertas condiciones para que se configure: debe ser infligida intencionalmente, debe causar dolores o sufrimientos graves, la afectación puede ser física o mental, debe tener un propósito, obtener una confesión, castigar a la víctima por un acto que se sospeche que haya cometido o haya cometido, o por cualquier razón basada en discriminación, y debe ser infligida por un funcionario público u otra persona con el consentimiento de dicho funcionario. Es así como, según lo narrado por las víctimas, se cumplen todos los elementos señalados por dicha Convención.
La perito jurídica también presentó cómo los elementos considerados por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada también por Nicaragua en 1987, así como los enumerados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual no ha sido ratificado por Nicaragua, están presentes en este caso.
El Código Penal nicaragüense, en el artículo 486, también contempla el delito de tortura y menciona que cuando el sujeto activo es un funcionario público se trata de un agravante.
Una violación sexual constituye tortura cuando exista coincidencia entre la violación sexual y tres elementos: intencionalidad, severidad y finalidad del acto. “De los testimonios revisados estos tres elementos son evidentes. Mi afirmación es que la práctica de la violación sexual en Nicaragua por agentes estatales constituyó tortura”, aseveró Long, quien también señaló que esa tortura constituyó un delito de lesa humanidad, ya que cumple los elementos para su configuración: debe ser generalizado o sistemático, dirigirse contra población civil y debe haber un conocimiento de ese ataque entre las personas que practican el delito.
La búsqueda de justicia de las víctimas
A pesar del impacto psicosocial en las víctimas, que incluye el desplazamiento forzado, pérdida y ruptura del proyecto de vida, sentimientos de culpa y ruptura del tejido familiar, entre otros; también afrontan su situación siguiendo adelante con sus vidas y reafirmando sus propias convicciones, mencionó la perito psicosocial.
“Las acciones que nosotros hicimos, las hicimos por humanidad… el sentir de todos nosotros fue ir a defender a aquella gente que estaba siendo asesinada”, expresó una de las víctimas refiriéndose a las muertes ocasionadas por la policía en el contexto de la represión de las protestas antigubernamentales.
De forma reiterada mencionaron la búsqueda de justicia para dar sentido a la experiencia. “Que esto que yo viví no le pase a otras personas, a otras mujeres”, dijo otra de ellas.
Aunque no asistieron de manera presencial a la inauguración del Tribunal de Conciencia, las dieciocho personas siguieron con atención la exposición de sus casos de forma virtual.
Este viernes 11 de septiembre por la mañana conocerán el fallo de las juezas, con vasta experiencia en el Sistema Interamericano de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas, y defensoras de derechos humanos de amplia trayectoria como Almudena Bernabéu, destacada abogada litigante en el ámbito de la justicia penal que lleva el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador que está siendo juzgada en España y participó en el proceso contra el dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala, condenado por genocidio; la doctora Sonia Picado, presidenta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Clemencia Correa, psicóloga defensora de derechos humanos especializada en tratamiento de víctimas de tortura, que ha sido perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la doctora Alda Facio, fundadora del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional y experta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vela contra la discriminación de las de las mujeres en la ley y en la práctica.
El fallo del Tribunal de Conciencia sentará un precedente, de manera que las víctimas puedan buscar justicia en tribunales internacionales de justicia. Existen elementos que podrían afianzar una demanda, en el Sistema Interamericano, por ejemplo, que “ha constatado esta práctica generalizada de violencia y por lo tanto hay un patrón identificado”, finalizó la doctora Long.
