9 de diciembre 2020
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El Gobierno de Nicaragua elevó este martes a 162 el número de personas fallecidas por la pandemia de covid-19, desde que reportó el primer caso, en marzo pasado, un muerto más en comparación con el último reporte divulgado hace una semana.
Según el informe oficial, emitido por el Ministerio de Salud una vez por semana, la cantidad de casos confirmados de covid-19 creció en 49 personas, para ubicar el total en 5887 personas contagiadas.
De acuerdo con las autoridades nicaragüenses, todos los casos de covid-19, incluyendo las víctimas mortales, padecían “hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidente cerebro vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas”.
El Ministerio de Salud indicó que 42 personas “que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido”, sin embargo, no explicó si se trataba de ciudadanos contagiados con covid-19 o si eran casos sospechosos.
El Gobierno de Nicaragua resaltó que un total de 4498 nicaragüenses se han recuperado tras padecer covid-19.
Los datos del informe oficial contrastaron con los del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios que registran casos relacionados con la pandemia, que cuatro días atrás reportó 2813 personas fallecidas con síntomas del coronavirus, incluyendo neumonía, así como 11 439 infectadas.
El gremio médico, que avala los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19, ha insistido al Gobierno en que divulgue los “datos reales” de la pandemia.
Hasta ahora el Ministerio de Salud se ha limitado a emitir cada semana el número de casos nuevos, muertes, y pacientes recuperados de la covid-19, sin dividirlos por edad, ocupación, o procedencia.
De acuerdo con los datos oficiales, la pandemia hasta ahora no ha causado la muerte directa de ninguna persona en Nicaragua, ya que todas han tenido “padecimientos asociados”.
El Gobierno de Nicaragua, que tardó varios meses antes de permitir el uso de mascarillas y otras medidas de protección entre la población, mantiene su política de fomentar las aglomeraciones, lo que ha sido blanco de críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos defensores de los derechos humanos.
