4 de septiembre 2020
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La ONG Fundación del Río denunció que el Gobierno de Nicaragua desarrolla obras públicas en la Reserva de Biosfera Río San Juan, en beneficio de los “colonos” o invasores de tierras, que destruyen los bosques del extremo sureste del país.
En un informe divulgado el jueves, la Fundación del Río afirmó que cuatro instituciones del Gobierno central y una alcaldía “realizan inversiones públicas dentro de la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz”, que forma parte de la Reserva de Biosfera Río San Juan.
“Dichas inversiones respaldan los procesos de invasión y generan estabilidad a los colonos para mantenerse y ampliarse dentro del área protegida”, señaló la Fundación del Río, dedicada a proteger el medioambiente.
De acuerdo con esa ONG, el Gobierno del presidente Daniel Ortega promueve la destrucción de los bosques del sureste de Nicaragua a través de obras de infraestructura de los Ministerios de Educación, de Salud, del Ambiente y los Recursos Naturales, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, así como de la Alcaldía de El Castillo, que rige la zona.
Según la denuncia, el Ministerio de Educación ha construido al menos diez escuelas en el área boscosa en los últimos tres años, mientras el Ministerio de Salud decidió establecer un centro de salud en la zona núcleo a pesar de que los nativos lo pidieron en el área de amortiguamiento para tener más acceso.
Inversiones públicas
Enatrel garantiza energía eléctrica a los invasores, y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales otorga los permisos de construcción y de apertura de trochas en medio de la selva, de acuerdo con la información.
La Alcaldía de El Castillo fue señalada como responsable de aprobar y otorgar materiales para el establecimiento de 32 rutas de acceso hacia el interior de la reserva.
“Cada inversión pública para respaldar a invasores avala la destrucción y promueve una mayor colonización. Toda inversión pública para apoyar a invasores en un delito”, recordó la Fundación del Río, que ha denunciado la confiscación de algunas de sus propiedades y la cancelación de su personalidad jurídica, supuestamente en represalias por hacer denuncias de este tipo.
Las poblaciones indígenas del sureste de Nicaragua ya se han quejado de lo que consideran una preferencia del Gobierno por los intereses de los invasores sobre los de los dueños originales.
En abril pasado el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) denunció que solamente en marzo los “colonos” arrasaron con unas 6800 hectáreas de cobertura vegetal en la Reserva Biológica Indio Maíz ante la supuesta indolencia de las autoridades, pese a que en 2019 habían firmado un compromiso para proteger las tierras indígenas.
Con 2093 kilómetros cuadrados de extensión, Indio Maíz es el hogar de indígenas Rama y Kriol, así como de una amplia variedad de especies en peligro de extinción como el jaguar (Panthera onca), el danto o tapir (Tapirus bairdii) y la lapa verde (Ara ambiguus).
Decenas de indígenas han muerto en ataques de “colonos” a sus tierras en los últimos cinco años, según datos de la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que ha advertido que dichas poblaciones corren el riesgo de ser exterminados, por la constante invasión de sus territorios.
