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Francisca Ramírez: “resolución AN es vergonzosa”

Campesinos anti-Canal se plantan ante Parlamento para rechazar decisión de no tramitar proyecto de ley para derogar ley canalera

Los campesinos del Consejo Nacional en Defensa del Lago y la Soberanía Nacional llegaron este jueves a la Asamblea Nacional para criticar el hecho de que el Parlamento se declaró “incompetente” para tramitar la demanda de derogar la Ley 840, que concesiona el proyecto canalero al empresario chino Wang Jing. “La resolución de la diputada Alba Palacios es vergonzosa”, dijo la productora Francisca Ramírez, dirigente del movimiento campesino que se opone a las expropiaciones al amparo del proyecto interoceánico.

Palacios, primera secretaria del Parlamento y diputada sandinista, alegó que no podían tramitar la iniciativa ciudadana para derogar la ley 840, porque ya la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había decidido sobre la constitucionalidad de esta normativa. “Ya es cosa juzgada”, alegó Palacios.

Los representantes legales de los campesinos interpusieron ante la Junta Directiva del Hemiciclo un recurso en rechazo a la decisión notificada por Palacios de forma extemporánea el pasado viernes.

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“Resulta incomprensible, jurídicamente, que habiendo sido la Asamblea Nacional el Poder del Estado que aprobó dicha ley, ahora, en alegatos de la diputada Palacios, se declare incompetente para su derogación. Es más extraño aún pues la diputada Palacios también ostentaba el cargo de Secretaria de la Asamblea Nacional cuando se aprobó la Ley 840”, dice el recurso de revisión entregado a la directiva parlamentaria, que se encontraba reunida este jueves con el alto mando militar.

Los abogados ambientalistas señalaron que la propia ley 840 dispone en su artículo 23 que puede ser modificada o derogada por los diputados de la Asamblea Nacional, es decir, no establece ninguna otra modalidad para su derogación.

Decisión apegada a la Constitución

Los campesinos exhortaron a la Junta Directiva a tomar una decisión conforme a la Constitución Política y no por una decisión partidaria. “Que nos respeten nuestros derechos, que nos respete la vida. Nos preocupa que violen los derechos de las 28 mil personas que respaldaron la derogación de la 840… estos diputados son unos ineptos, unos peleles que solo ven por su bien”, fustigó Ramírez.

El abogado y director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión, dijo que la Asamblea puede declararse incompetente pero “basada en el abuso”. Según él, en términos de facultad constitucional faltan al no tramitar la iniciativa de ley.

“Solo basta remitirse al hecho de que aprobaron la ley 840 para responder si no pueden contra ley derogarla”, sostuvo Carrión. “Son dos ámbitos de competencias diferentes el de la CSJ y la Asamblea. La cosa juzgada se determina en la vía jurisdiccional y aquí no se está interponiendo una demanda a un caso concreto para que alguien juzgue”, agregó el defensor de derechos humanos.

Carrión insistió que aunque el Poder Judicial decidió en tiempo récord la constitucionalidad de la ley 840, el Parlamento tiene la potestad de aprobar, modificar y derogar leyes. El jurista recordó que existen leyes que no pueden ser modificadas por iniciativas ciudadanas como establece la Constitución, pero “no es el caso de la ley 840”.

El productor Medardo Mairena dijo que agotarán las vías legales en el país y que también recurrirán a organismos internacionales para alzar su demanda. El campesino responsabilizó al gobierno del comandante Daniel Ortega por lo que pueda pasarles en sus territorios.

“Nos van a expropiar y nunca han tomado en cuenta nuestra opinión, no han sido valorados nuestros derechos y todos los días le diremos a este gobierno que no permitiremos que nos roben nuestras tierras”, aseguró Mairena.

 


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