16 de febrero 2017
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El Parlamento Europeo condenó este jueves la desprotección de los defensores de derechos humanos en Nicaragua, especialmente la condición de la líder campesina del movimiento anticanal, Francisca Ramírez, quien justamente hoy denunció a Confidencial la persecución política y abandono de las comunidades de Nueva Guinea. El Parlamento también lamentó el deterioro del Estado de derecho y la democracia en el país.
Hoy los campesinos del movimiento anticanal marcharon en la comunidad de El Tule, donde además repararon con fondos y trabajos propios unos veinte kilómetros de trocha que el gobierno no atendía a pesar de que cada semana se accidentaba un vehículo.
La líder campesina del movimiento denunció que el gobierno de Daniel Ortega está negando a los campesinos sus derechos, mientras un operador político presiona para que se reúnan con Ortega a puertas cerradas.
El Parlamento Europeo pide al Gobierno "que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas, firmada en 2008, así como a respetar plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes”.
“La Cámara insta al gobierno nicaragüense a abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía", demandan los eurodiputados, que recuerdan que "Ramírez fue detenida e intimidada tras presentar una queja formal por las agresiones perpetradas en la región de Nueva Guinea en diciembre de 2016, y también su familia ha sido objeto de ataques violentos como represalia”.
Según Francisca Ramírez, el mensajero del encuentro es el mismo operador político que apareció a medianos de diciembre del año pasado en Nueva Guinea, ordenando a la Policía que devolviera su camioneta y un camión confiscados, cuando los campesinos intentaron movilizarse por última vez a Managua, a participar en una jornada cívica de protesta en víspera de la llegada del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
"Primero se apareció aquí como un salero, como un vende sal, pero últimamente me ha estado acosando mucho a mí y a varios campesinos, diciendo que vayamos a hablar con Daniel Ortega", afirma Ramírez. El señalado es Alcides Altamirano, exsecretario político del FSLN en NUeva Guinea.
Conversarían con Ortega solo en encuentro público
Francisca Ramírez asegura que los campesinos están de acuerdo en conversar con el comandante Ortega, con la condición de que el encuentro sea público, ante los medios de comunicación. "Pero él (Altamirano) dice que no, que tiene que ser a puerta cerrada, primero, con unas cinco o seis personas", afirmó Ramírez.
"A nosotros eso no nos gusta, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Nosotros mantenemos nuestra demanda (...) no hay necesidad de ofrecer un cargo ni ofrecer dinero para que las cosas cambien en este país", sostuvo Francisca Ramírez.
Además, la líder campesina agregó que el movimiento anticanal prefiere una invitación formal, y no a través de mensajeros.
"Nuestra lucha es la demanda de la derogación de la Ley 840 (de la concesión del proyecto canalero al empresario chino Wang Jing) y en eso ni hay necesidad de hacer mucho, es solo que Daniel Ortega ordene esa derogación, porque el Gobierno ha pasado por encima de los campesinos y de la Constitución Política", reiteró.
Francisca Ramírez también denunció que el gobierno los mantiene "vigilados y acosados", porque ya han identificado a varios militares y policías vestidos de civil, que recorren en motos la zona, "haciéndose pasar por vendedores, pero en verdad andan espiando".
"Estamos bien preocupados por esto, porque sentimos que es un acoso y un peligro, y además si algo nos pasa no hay justicia en este país", lamentó.
Para la reparación de los veinte kilómetros en las comunidades de El Dorado 1 y 2 y un sector aledaño, los campesinos reunieron más de medio millón de córdobas, con los cuales contrataron maquinaria y sumaron jornadas voluntarias de trabajo.
