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Foro de Prensa Independiente: “Ley Mordaza amenaza libertad de expresión de todos los ciudadanos”

Alertan: "Esta ley apunta a controlar y censurar la información en internet, único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar"

La iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, que promueve el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, “amenaza no solo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses, dentro y fuera del país”, denunció este miércoles el Foro de Prensa Independiente de Nicaragua,  integrado por propietarios y directores de medios de comunicación nacionales y locales, junto con otras organizaciones que trabajan por la defensa y promoción de las libertades de prensa y expresión.

“Esta ley apunta a controlar y censurar la información en internet, el único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar. Ahora, toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales verá coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior”, alertó el Foro de Prensa Independiente, en un comunicado junto con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, PEN Internacional Nicaragua, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), editores, columnistas, camarógrafos, caricaturistas y blogueros, organizados –afirman– “ante la escalada de la represión reflejada en nuevos ataques y agresiones contra el periodismo independiente”.

Las organizaciones rechazaron “de manera enérgica” el proyecto de “Ley Mordaza”, que reclaman “persigue censurar toda forma de información en Nicaragua”, aunque bajo el “falso pretexto” de “descontaminar” la comunicación.

 

Publicado por Confidencial en Jueves, 1 de octubre de 2020

Nicaragua vive bajo un estado policial de facto desde septiembre de 2018, cuando el régimen de Ortega y Murillo prohibieron las marchas cívicas a través de las que la ciudadanía expresó el descontento popular contra el régimen y elevó sus demandas de justicia, democracia y libertad ante la represión estatal contra la Rebelión de Abril.

A mediados de septiembre, Ortega anunció que se trabajaría para aprobar la cadena perpetua para castigar “los crímenes de odio”. Una semana después, los diputados del FSLN en la Asamblea Nacional presentaron un anteproyecto de “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, que según juristas y expertos constitucionalistas creará dos categorías de nicaragüenses: los “verdaderos”, según la definición del régimen Ortega – Murillo, y los “agentes extranjeros”.

Esta semana, los mismos legisladores introdujeron una iniciativa de “Ley Especial de Ciberdelitos”, que establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde su óptica, propaguen noticias falsas. El anteproyecto, que atenta contra las libertades públicas, ha sido calificado como una “Ley Mordaza” por expertos.

Al día siguiente, vía decreto presidencial, Daniel Ortega aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con la que pretende “gestionar” y “minimizar” los “riesgos ante este nuevo tipo de amenazas, así como las reglas para adquirir y operar tecnología, tomando en cuenta el contexto nacional e internacional en materia de ciberseguridad”.

Dictadura contra investigaciones periodísticas

El Foro de Prensa Independiente y las organizaciones firmantes, denuncian el artículo 25 de la Ley Mordaza, que castiga con penas de cinco a ocho años de cárcel a quien “revele información pública clasificada como reservada” y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”.

“Con esta ley punitiva se intenta impedir las investigaciones periodísticas, violentando el artículo 66 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la información veraz, a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”, sostienen.

Al plantear su rechazo categórico a la Ley Mordaza, el Foro de Prensa Independiente de Nicaragua y las organizaciones firmantes también reiteraron su demanda del pasado 11 de mayo “en torno al derecho de nuestras fuentes informativas públicas, privadas y/o anónimas a informar y colaborar con las denuncias e investigaciones de la prensa sobre corrupción y sobre violaciones de derechos humanos, empezando por las violaciones al derecho humano universal más fundamental, como es el derecho a la vida”.

Alertan que definiciones quedan a discreción del régimen

Además, reclaman que el artículo 30 de la “Ley Mordaza”, que receta de dos a cuatro años de prisión a quien “usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror o zozobra en la población”.

“Este artículo deja a discreción de los operadores políticos del régimen determinar qué es una ‘noticia falsa’, así como la definición de conceptos como ‘alarma’, ‘terror’ y ‘zozobra’, con el objetivo de criminalizar, atemorizar y censurar a los nicaragüenses, violando su derecho a ‘expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio’, según lo establece el artículo 30 de la Constitución”, reclaman.

Asimismo, denunciaron el cierre de más de 20 espacios radiales y televisivos, y la censura televisiva impuesta por la dictadura desde 2018. “Demandamos la suspensión de la censura para que 100% Noticias y los programas televisivos que se transmitían en ese canal, así como Esta Semana y Esta Noche, puedan transmitirse a través de la televisión abierta y el sistema de cable, y exigimos al Estado que cese la ocupación policial de sus redacciones que mantiene de forma ilegal desde hace 19 meses”, indicaron.

El Foro, la FVBCh, PCIN, APN, PEN Nicaragua y profesionales de la comunicación consideran que la Ley Mordaza “se suma en un peligroso combo a las recientes propuestas de Ley de Agentes Extranjeros y de instauración de la cadena perpetua, adefesios jurídicos copiados de Rusia, Cuba y Venezuela, para criminalizar la libre expresión de los nicaragüenses, mientras el discurso de odio de Ortega y Murillo es el principal instigador de la violencia criminal y la desinformación”.

“Rechazamos –agregaron– los arbitrarios juicios penales contra los periodistas David Quintana, Elsa Espinoza y William Aragón, y la absurda condena a Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, así como otras recientes acciones ilegales con las que el régimen intenta callar a la prensa independiente: el embargo fiscal al Canal 12 de televisión, el reparo fiscal al Canal 10 y el cobro ilegal a 100% Noticias”.

Asimismo, continuaron exigiendo justicia para las más de 328 víctimas de la masacre perpetrada por fuerzas policías y paramilitares del régimen orteguista durante las protestas cívicas de abril de 2018, entre ellos el periodista Ángel Gahona, asesinado a sangre fría en Bluefields cuando realizaba su trabajo informativo.

“Hoy, como ayer, los periodistas tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua: no aceptaremos la censura ni la autocensura. Continuaremos informando –sostuvieron–, pese a todas las amenazas del régimen, defendiendo la libertad de prensa, como la primera de todas las libertades”.


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