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Fiscalía orteguista intenta censurar e incriminar libertad de prensa

Comunicadores amenazados con pasar de ser “testigos” a “imputados” en caso de supuesto lavado de dinero, tras exigir asistencia de un abogado

Las citatorias del Ministerio Público en contra de periodistas independientes y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), en su supuesta investigación por presunto “lavado de dinero”, es “anómalo” y no cabe legalidad en la amenaza de los fiscales auxiliares que de forma verbal aseguraron a la periodista María Lilly Delgado, y a los extrabajadores de la Fundación Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano que pasarían de testigos a “imputados” únicamente por exigir la presencia de un abogado. Las citatorias del Ministerio Público continúan este 26 de mayo en contra más comunicadores en Managua y los departamentos.

Al ingresar a la Fiscalía, los comunicadores citados decidieron comparecer con un abogado. Sin embargo, relataron que los fiscales auxiliares les indicaron que si se presentaban con ellos, pasarían de ser testigos, a ser “imputados”, sin explicar cuál sería la acusación en su contra. 

El abogado Julio Montenegro, experto en Derecho Penal, explica que el actuar de la Fiscalía nicaragüense fue “anómalo”, pues para que una persona pase de “testigo a imputado” la Fiscalía debe tener “elementos de prueba contra esa persona” y, por ende, haberlo citado e informado inicialmente en su calidad de imputado.

“Es un actuar anómalo. No es correcto que porque una persona pida ser asistido por abogado automáticamente se le haga acreedor de una imputación en una causa, porque para que eso sea posible debe haber elementos de prueba contra esa persona”, explicó.

Agrega que la decisión de cambiar a un testigo a la calidad de imputado es del fiscal a cargo de la causa, pero “no es una decisión que se toma verbalmente… eso tiene su proceso, entre estos tomar todos los datos de la investigación, entrevistas con testigos, prácticas periciales, pruebas documentales, entre otras, que deben reunir todo para que el fiscal tome eventualmente esa decisión”.

La periodista María Lilly Delgado, relató —al salir del Ministerio Público— que las autoridades les indicaron que “si insistíamos en que estuvieran (los abogados durante la entrevista), la Fiscalía —basándose en el marco jurídico del país— tendría que cambiarnos de calidad de testigos a imputados”.

SIP: Nueva ola represiva contra periodistas independientes

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), apuntó que a nivel internacional —desde las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y la libertad de expresión— hay una “preocupación profunda” por las acciones que ejecuta el régimen de Daniel Ortega contra el periodismo independiente. 

Advierte que todas estas acciones del régimen Ortega-Murillo, que incluyen masivos citatorios contra periodistas independientes en causas vinculadas a lavado de dinero, son una “nueva ola de represión ahora desde la censura indirecta, buscando muchos ingredientes que no tienen que ver con la información en sí mismas sino con la supervivencia de los medios de comunicación y sobre las operaciones de los medios de comunicación”.

Trotti señala que es “evidente que el régimen está buscando censura indirecta con un Poder Judicial que le responde a sus intereses”, por lo que advierte que “el temor que existe es que los periodistas puedan ser encarcelados arbitrariamente, aunque el régimen trate de disfrazar todo de forma legítima”.

El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca,  calificó este tipo de “citaciones exprés” contra periodistas independientes como el “más reciente método para intimidar y asfixiar el debate público”.

Advirtió que para Nicaragua este es “un año crucial en el que la pluralidad de ideas está llamada a brillar, en el que hace mucho daño forzar a que la ciudadanía vea su entorno de un solo color en la tonalidad oficial”.

Natalie Southwick, coordinadora del programa para América Latina del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), también expresó que “observan con bastante preocupación las acciones del Gobierno nicaragüense para intimidar, censurar, presionar y hasta criminalizar a los periodistas independientes en Nicaragua”.

Afirma que como organización les preocupa la “posibilidad de que el Gobierno (de Nicaragua) encuentre una excusa para que esas personas que han sido citadas pasen de testigos a presuntos cómplices”.

La representante de la CPJ sostuvo que seguirán “exigiendo el cese de los ataques a la libertad de expresión y la libertad de prensa en Nicaragua. El Gobierno de Daniel Ortega debería cesar cualquier acción que atente contra el libre ejercicio del periodismo, garantizar la seguridad física y psicológica de los periodistas y dejar de usar el sistema de justicia para criminalizar a la prensa y el acceso a la información”.

Más periodistas citados ante la Fiscalía

La amenaza contra Delgado, Arróliga y Medrano no se repitió en horas de la tarde cuando comparecieron ante el Ministerio Público el director y propietario de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, y la exdirectora ejecutiva del asaltado Canal 100% Noticias, Verónica Chávez. Gadea rescató, en una breve entrevista que ofreció a su salida de la institución pública, que las autoridades fueron “educadas” y que además se les permitió pasar con sus abogados.

La abogada Eyling Cruz, explicó tras la salida de Chávez de la citatoria, que a pesar que durante horas de la mañana se presentó la anomalía de que los fiscales auxiliares impidieron a los testigos ser acompañados por sus abogados, bajo la amenaza de que serían “imputados”, en la investigación de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta, en horas de la tarde todo fue diferente.

“En el caso del personal que nos atendió a nosotros fue una actitud cambiante de la mañana a la tarde”, expresó Cruz.

“Esta vez a mí sí se me permitió que entrara con mi abogado, (…) me aclararon que me citan en calidad de testigo, (…) ellos me explicaron que están los acusados, y están los testigos porque parece que a los de la mañana ellos (los testigos) estaban confundidos, pero fue que no se los aclararon (la Fiscalía)”, agregó la periodista Chávez.

La abogada Carla Sequeira, encargada del área legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indicó que la legislación nicaragüense establece —específicamente en el artículo 250 del Código Procesal Penal—  que “toda persona citada por el Ministerio Público deberá atender el llamamiento… y podrá hacerse acompañar por abogado”.

En ese contexto, Sequeira valora que el actuar de la Fiscalía no fue adecuado, es violatorio de los procesos penales establecidos en Ley, en la Constitución e incluso de los estándares internacionales que dan garantías a las personas vinculadas a un proceso penal.

Nuevas citatorias incluye a periodistas locales

Mientras tanto, el régimen orteguista continúa citando a periodistas independientes y comentaristas críticos de su Gobierno ante la Fiscalía nicaragüense. Este miércoles y jueves, 26 y 27 de mayo, respectivamente, cuatro comunicadores, representantes de medios independientes y comentaristas están citados ante el Ministerio Público.

Los periodistas Roberto Mora Cárcamo, corresponsal de Estelí en Radio ABC Stereo; la comunicadora Argentina Olivas, colaboradora de Radio Vos de Matagalpa; Aníbal Toruño, directo de Radio Darío de León; el comentarista político Jaime Arellano y un representante legal de Radio La Costeñísima recibieron este martes el citatorio extendido por la Fiscalía, donde se les solicita asistir a una entrevista en la causa por el supuesto de lavado de dinero que fue abierta contra Cristiana Chamorro.

Radio La Costeñísima, a través de una misiva publicada en su sitio web, calificó el citatorio como “violatorio desde su emisión”, pues afirman que tiene el objetivo de “incriminar al medio por un nexo o delito que no existe bajo ninguna circunstancia en nuestras operaciones informativas y comerciales”.

La dirección de la Radio no indicó en su misiva si enviarán a su representante al citatorio, pero detallaron que el llamado de la Fiscalía está programado para este 26 de mayo a las 8:00 de la mañana en la sede del Ministerio Público ubicado en Bluefields.

En tanto, el comentarista Arellano confirmó en sus redes sociales que asistirá al citatorio, en compañía de su abogado de confianza, pues asegura que “no tiene nada que esconder” y “el que no la debe no la teme”.

Aníbal Toruño también confirmó su asistencia al citatorio girado por la Fiscalía, indicando que “atenderá al infame llamado, teniendo totalmente claro que ni la Fundación (Violeta Barrios), ni Cristiana (Chamorro), ni Radio Darío tienen nada que ocultar”.

 



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