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Familiares de rehenes electorales denuncian que régimen de Ortega no cumple mandato de Corte IDH

Denuncian incumplimiento del régimen a resolución que manda su liberación inmediata y exigen que muestre pruebas de vida de 26 rehenes electorales

Familiares y abogados de los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, y la lideresa opositora Violeta Granera, denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incumplió el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de “liberarlos inmediatamente”, por considerar que enfrentan una situación de extrema gravedad.

La Corte también requirió al Estado de Nicaragua informar a más tardar el 8 de julio sobre las medidas adoptadas para proteger la vida de Chamorro, Maradiaga, Granera y José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); por lo que el abogado internacional Jared Genser no descarta la posibilidad que el régimen haya enviado algún escrito al tribunal interamericano, pero desafortunadamente no hay mecanismos que obliguen al régimen a cumplir con la resolución.

“Incumpliendo compromisos internacionales, el Estado de Nicaragua ignoró la orden de liberar inmediatamente a Juan Sebastián, Félix y Violeta”, reclamó Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro. A un mes de su “desaparición forzada”, sus familiares “exigimos pruebas de vida de ellos, queremos saber si se encuentran bien”, porque a medida que pasa el tiempo “nuestra desesperación es mayor. Exigimos que los presenten”, continuó.

Los tres opositores fueron “secuestrados” el 8 de junio por agentes de la Policía, un día después la institución informó —a través de un comunicado— que los está “investigando” en el marco de la Ley 1055, de Defensa a los Derecho de los Pueblos a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Por esa misma vía, también, se conoció sobre la realización de “audiencias secretas”, en las que no estuvieron presentes sus abogados y los jueces ampliaron a 90 días el periodo de detención para ser investigados.

En las últimas semanas el régimen de Ortega y Murillo ha continuado con los arrestos a conocidos líderes opositores y hasta la fecha se contabilizan 26 rehenes electorales, entre los que se encuentran seis precandidatos presidenciales, dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, dos exdiputados, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro dirigentes opositoras, dos líderes estudiantiles, dos líderes campesinos, un cronista deportivo, dos extrabajadores de una ONG y un conductor particular. Además, 130 presos políticos.

Encerrados y sin derechos

“A partir de las capturas de Juan Sebastián, Félix y Violeta, se han violado al menos diez principios del derecho internacional”, advirtió Bertha Valle, esposa de Maradiaga. “Fueron detenidos y sus viviendas allanadas sin orden judicial. Se ignoró la presunción de inocencia que exige la ley y prácticamente fueron sentenciados a noventa días de cárcel sin haber sido condenados por algún delito. Permanecen bajo custodia en lugares desconocidos, donde se les niega el derecho a ser visitados por familiares y a mantener contacto con un abogado para su defensa. Por lo que sus familiares consideran que fueron secuestrados y están desaparecidos”, agregó.

Valle enfatizó que sus parientes “están expuestos a jueces afines al régimen que no respetan el debido proceso. Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se han referido a ellos como “terroristas” y “criminales”; alusiones que constituyen una injerencia ilegal en sus casos, porque ejercen presión sobre el Poder Judicial para condenarlos”.

Además, al no existir base legal para su detención y estar desaparecidos extralegalmente, “están expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumanos que, bajo el marco del derecho internacional al persistir en el tiempo, se constituyen en una forma de tortura”, reclamó Valle.

Por su parte, Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, señaló que desde que su madre fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial, los oficiales de la Policía no les reciben los alimentos, artículos de aseo y solo en algunas ocasiones les aceptan medicinas y agua. Por lo que manifestó que se encuentran muy preocupados por su estado de salud.

A pesar de las circunstancias “nosotros no los vamos a abandonar”, dijo Sandino. “Vamos a continuar en la lucha que tiene Juan Sebastián, Félix, mi madre y todos los presos políticos”.

 



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