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Excarcelados políticos de Ometepe: “Nos quitaron ilegalmente un año de nuestras vidas”

El régimen de Daniel Ortega excarceló a los reos políticos: Celia Cruz, Enyel López, Jean Carlos, Yubrank y Edwin Mora.

Han transcurrido tres días desde su excarcelación, sin embargo, los presos políticos de la isla de Ometepe siguen sin poder creer que están fuera de una cárcel. La idea de recuperar sus vidas, sus formas de sobrevivir económicamente, de convivir con sus parientes o de disfrutar la tranquilidad de sus hogares les parece “irreal”, luego de pasar un año encarcelados injustamente y criminalizados por delitos que afirman no cometieron.

Celia Cruz, mujer transgénero de la Isla de Ometepe, al conversar sobre su excarcelación con CONFIDENCIAL resalta que “todavía” no se lo puede creer. Ella fue excarcelada el pasado 25 de abril, junto a Enyel López, Jean Carlos, Yubrank y Edwin Mora, tras permanecer un año encarcelada por supuestamente haber cometido los delitos de obstrucción de funciones y secuestro extorsivo en perjuicio del oficial Noel Reyes. 

La activista fue condenada a 13 años y seis meses de prisión, pero, indica, nunca perdió de la fe de salir de la cárcel pues sostiene  que “no cometió ningún delito”.

El domingo, 25 de abril, llegó para Cruz el milagro que tanto esperaba. Funcionarios del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, llegaron hasta su celda a eso de las 8:00 de la mañana, le pidieron que recogiera sus cosas y los siguiera fuera de la galería.

“Yo pensaba que me llevaban a la 300 (celda de máxima seguridad) porque solo eso recetan, pero cuando me sacaron de la zona de las galerías hacia la oficina del director solo pensé: ¡Dios mío Santo, voy libre!”, relata.

Celia Cruz estaba encarcelada desde el 22 de abril de 2020, luego que seguidores del régimen de Daniel Ortega realizaron toda una campaña, a través de las redes sociales, en la que exigieron la detención de la activista, ubicándola en videos donde increpaba al oficial de la Policía Noel Reyes.

Reyes fue retenido, el 19 de abril de 2020, por un grupo de pobladores de la comunidad de Esquipulas, ubicada en el norte de la Isla de Ometepe, luego que se cayó de la patrulla policial en la viajaba con otros agentes que, al igual que él, perpetraron un operativo en el que se reprimió a un grupo de jóvenes que conmemoraban en ese entonces dos años de la Rebelión de Abril.

Celia recuerda que, ese 19 de abril de 2020, se encontraba en su negocio y se enteró que habían detenido a comunitarios de Esquipulas y que el pueblo tenía retenido a un oficial de la Policía.

“Me fui a Esquipulas e intenté hacer entrar en razón a las partes, pero la gente decidió llevarse al policía a una casa de resguardo, entonces, yo me fui a mi casa normal, pero ya nada era normal porque habían datos míos en las redes, se decía que me buscaban por haber hecho un acto vandálico, eso decía la gente afiliada al Gobierno”, señala.

Torturas psicológicas y tratos crueles

Celia denuncia que tras ser detenida, al igual que los otros isleños encarcelados, fue víctima de malos tratos y golpizas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.

“Fuimos víctimas de malos tratos, nos golpearon cuando llegamos, no nos podíamos cambiar el uniforme y nos bañamos en pilas de agua sucia”, señala.

Agrega que, una vez fueron trasladados al Sistema Penitenciario, los ubicaron en celdas de reos comunes, los sometieron a requisas “espantosas” en las que si no accedían los golpeaban y les reducían beneficios de recreación y horas de sol.

“El acoso en mi caso fue más fuerte, porque soy una persona transgénera, y me marcó para toda mi vida.  Nos obligaban a desnudarnos, hacer sentadillas, nos daban con la tonfa (bastón policial), nos aislaban, nos mantenían bajo candado y se nos maltrataba verbalmente diciéndonos que éramos golpistas”, denuncia.

Celia tiene un total de 20 cicatrices, que le recorren desde la palma de la mano hasta el antebrazo derecho, de heridas que se hizo en forma de protesta dentro del Penal, exigiendo su libertad.

Ahora, tras su excarcelación, solo espera poder “recuperar su vida”, ya que considera que se le arrebató todo un año “ilegalmente”. Sin embargo, denuncia, tendrá que acostumbrarse al asedio policial, ya que es perseguida cada vez que sale de su casa. La noche del 25 de abril, justamente el día que fue liberada, la Policía de Moyogalpa la retuvo por más de 20 minutos, advirtiéndole que “recordara que fui liberada bajo libertad condicional, que fue bajo indulto y que recordara que no hay repetición, que tuviera mucho cuidado con levantar masas y querer quebrantar la paz”.

La activista recordó, a quienes la persiguen, que el único delito por el que la pueden acusar es por querer “una Nicaragua distinta, con libertades, con igualdad de derechos y libre expresión”. Además, resaltó que en las cárceles del país siguen encarcelados más de 100 presos políticos que continúan esperando su libertad, demandando a la oposición que “no negocien con un régimen autoritario, no vayan a elecciones sin condiciones y, por favor, nunca olviden a los presos políticos, no olviden Nicaragua, no olviden la democracia por enriquecerse los bolsillos como lo ha hecho el actual Gobierno”.

Enyel López: “Me hirieron y me encarcelaron sin ninguna razón”

El agricultor Enyel López, de 24 años, es parte del grupo de isleños heridos y encarcelados en abril de 2020. El joven ni siquiera se encontraba protestando ese 19 de abril de 2020 cuando, al igual que su primo, el excarcelado político Yubrank Mora, fue herido por balas detonadas por oficiales de la Policía.

López recuerda que fue herido mientras corría a socorrer a su primo, Yubrank Mora, que recibió un balazo en su tobillo.

“Yo no estaba protestando. Salí de mi casa que queda a una cuadra de la cancha donde se dio todo y veo que hieren a mi primo. Me dejo ir para ayudarlo, buscar cómo rescatarlo, pero en lo que voy corriendo hacia ellos solo siento que me dan un impacto. Fue balazo que me fracturó el fémur”, detalla.

El joven fue trasladado la noche de ese 19 de abril de 2020 al hospital de Rivas, pero, en las primeras horas del 20 de abril, oficiales de la Policía llegaron a informarle que quedaba “detenido bajo un proceso de investigación”. Le pusieron vigilancia y lo esposaron a la camilla.

López pasó casi dos meses hospitalizado y, en todo ese tiempo, no fue  presentado ante un juez. Tras salir del hospital, explica, estuvo siete días en la estación policial de Rivas, 15 días en la Dirección de Auxilio Judicial y, hasta entonces, fue llevado a los juzgados y pudo conocer que lo acusaban de un rosario de delitos, entre los que se incluían: secuestro extorsivo, robo agravado, obstrucción de funciones y daño agravado.

El joven agricultor fue condenado a seis años y dos meses de prisión por los delitos de obstrucción de funciones y lesiones graves, aunque asegura que él “nunca aceptó los cargos”,  porque no cometió “ningún delito”.

“A mí me meten preso porque no sabían qué hacer conmigo luego que me hirieron sin ninguna razón”, denuncia.

Señala que este año de cárcel que tuvo que sufrir fue una “injusticia” en su contra. Además, indica que es una víctima de la agresión policial, pues el balazo que recibió le ha dejado secuelas en su pierna izquierda, ya que sigue sin poder caminar normalmente porque pierde el equilibrio.

López, aunque no se queja de golpizas o malos tratos en el Penal, pues valora que recibió un trato distinto por estar herido, señala que para su familia fue “duro” verlo preso, su madre se enfermaba constantemente de la angustia y no la vio prácticamente en todo el año que estuvo encarcelado.

El exreo político indica, al igual que Cruz, que al ser liberados los funcionarios del Sistema Penitenciario les indicaron que iban sin ninguna medida, que iban libres completamente. 

“No nos explicaron nada del régimen bajo el que salíamos, no me dijeron que debía ir a firmar, no me dijeron nada”, señala.

López apunta que, al llegar a Esquipulas, participó de una misa en la iglesia de la comunidad y ahí recibió la solidaridad de los comunitarios, que le expresaron que sabían que pagó con un año de su vida por algo “injusto”.

“Yo siempre dije que no iba a cumplir los años por los que me habían condenado, porque yo estaba encarcelado injustamente”, reitera.

Ahora, como excarcelado político, López afirma que su objetivo es “recuperar mi pierna, hacer terapia y ver qué clase de trabajo consigo para poder ayudar a mi familia”.

“Libertad de hecho y no de derecho”

presos políticos de ometepe
El régimen orteguista excarceló a los cinco presos políticos originarios de la Isla de Ometepe.
Foto: Confidencial

El abogado Eber Acevedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) explica que en los casos de sus defendidos; Enyel López y Celia Cruz, el Sistema Penitenciario solo los hizo firmar una carta donde les dan la libertad, los entregaron a autoridades de la Alcaldía de Moyogalpa y Altagracia y no les dieron copia de algún documento donde se haga constar la figura jurídica bajo la que fueron excarcelados.

“Les advirtieron que no se metieran en nada y, simplemente, los sacaron. No dieron explicación, notificación a nosotros como defensa o una figura jurídica bajo la que son excarcelados. No explicaron nada”, señala.

El caso de López, según Acevedo, se encontraba en apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Mangua, mientras que el de Cruz estaba introducido en la Corte Suprema de Justicia bajo un recurso de casación.

La abogada Yonarqui Martínez, quien lleva el caso de los tres excarcelados de apellido Mora, también indicó que como defensa “no ha sido notificada bajo la medida en que fueron liberados”. Por lo cual, valora, es una excarcelación de “hecho y no de derecho, porque en el sistema judicial el expediente está vivo”.


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