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Excarcelado político: “Algunos policías ya saben que nada está bien”

Wilfredo Brenes Domínguez, que ha sido detenido en tres ocasiones, asegura que ha visto cambios en los agentes policiales

Wilfredo Brenes Domínguez pasó preso ilegalmente al menos la mitad de este 2019 que se acaba. Cortesía Artículo 66

Confidencial Digital

31 de diciembre 2019

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El excarcelado político Wilfredo Brenes Domínguez pasó detenido ilegalmente al menos la mitad de este 2019 que se acaba. Ha sido detenido en tres ocasiones distintas este año, por lo que cree haber visto un cambio de comportamiento en algunos agentes: “Algunos policías ya están conscientes de que lo que hacen no es legal, no está bien”.

Oriundo de Masaya, Brenes fue uno de los 91 presos políticos que el régimen sacó de prisión este 30 de diciembre de 2019. Fue detenido la noche del pasado 14 de noviembre cuando llevaba cuatro galones de agua a unas madres que realizaban una huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya.


La primera detención fue el 04 de enero de 2019 y excarcelado más de cuatro meses después: el 20 de mayo. Durante ese tiempo nunca fue acusado ante un juez. Nuevamente fue arrestado, el 22 de agosto y liberado tres días después, en esa ocasión lo retuvieron para investigarlo por la supuesto explosión de una bomba de contacto.

“Algunos a policía, a sabiendas de que éramos inocentes, apoyaban el teatro que nos montaron con lo del agua. Otros, aunque tampoco nos decían que estaban a favor, se notaba que no estaban de acuerdo”, subrayó Brenes, que en noviembre pasado fue detenido junto a sus trabajadores Jordan Irene Lanzas y Marvin Samir López. Ambos también fueron liberados.

Pocos interrogatorios

Durante su primera detención, Brenes estuvo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote, tanto en las instalaciones viejas como nuevas. También pasó un tiempo en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro, llamado la Modelo.

En esos más de cuatro meses, el masaya sufrió más de una de veintena de crueles y duros interrogatorios, en los que amenazaron con matarlo o apresar a su hija y sus padres. También fue golpeado.

En esta última ocasión solo estuvo en el nuevo Chipote y fue llevado a dos interrogatorios, donde no hubo violencia. Sin embargo: “Al recibirme, estaba un subinspector, al que no le pude identificar el chip, que me dijo que la próxima vez que él visitara Masaya me iba arrancar (los testículos)”, narró.

Pese a ese recibimiento, Brenes afirmó que hay una gran diferencia en el trato de los agentes. “Ahora (los excarcelados políticos) pueden cantar consignas y no les dicen nada. La primera vez, ni el himno nacional nos dejaban cantar porque nos golpeaban”.

Para el excarcelado político, “le han bajado un poco a la represión en la cárcel por las presiones internacionales, y las denuncias que se hacen cada vez que uno sale. Todo eso le ha hecho mella al Gobierno”.

“Basado en mi tercera experiencia (preso) he notado cambios en los agentes. Se ve y se siente en el ambiente la sensación de que algunos policías ya no quieren seguir”, añadió el excarcelado político.

Engañados para detenerlos

Brenes relató que fue engañado por paramilitares y policías para detenerlo, ya que no cometió ningún delito. “Pasé una valla de seguridad de paramilitares y les pedí permiso para entregar agua en la iglesia, y ellos me dijeron que sí. Al llegar a la iglesia, frente al cordón de seguridad de antimotines, levantamos las manos y dijimos que llegamos en son de paz, solo a entregar agua y nos retirábamos; ellos nos dijeron que no había problema, que pasáramos y las entregáramos. Cuando las estábamos entregando, nos agarraron por la espalda y nos comenzaron a golpear”.

Brenes, Lanzas y López fueron trasladados a la estación policial de Masaya, donde los continuaron golpeando y les tomaron unas fotografías. Luego fueron llevados al nuevo Chipote, donde pasarían el siguiente mes y medio.

El día de la detención de los tres masayas, fueron arrestados también otros 13 jóvenes autoconvocados, quienes llevaron agua y medicina a las madres en huelga de hambre, que fueron encerradas por un cordón policial dentro de la iglesia San Miguel.

Los 16 detenidos, llamados la banda de los “aguadores”, fueron acusados de tráfico ilegal de armas. Pese a la excarcelación de todos, el proceso continúa en pie, ya que el régimen solo les cambió la prisión por casa por cárcel.

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