3 de abril 2022
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La reforma a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), que dejó por fuera a la Universidad Centroamericana (UCA) del nuevo Consejo Nacional de Universidades (CNU), tiene como objetivo único “consolidar el control político” del régimen Ortega- Murillo en las universidades, señaló Ernesto Medina, especialista en educación y exrector de la Universidad Americana (UAM) y de la UNAN-León.
“Con la reforma lo que buscan es darle un sustento legal al control, porque el control ya lo estaban ejerciendo a través de funcionarios leales al régimen; se hicieron de una cubierta legal de todas esas arbitrariedades para que a través de una institución se realice el control de las universidades. Ese es el papel que ahora va a jugar el CNU (Consejo Nacional de Universidades), al que le dan un poder absoluto sobre las universidades”, indicó Medina en una entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite este domingo 3 de abril en Facebook y YouTube por la censura televisiva.
El 31 de marzo pasado, la Asamblea Nacional —controlada por diputados fieles al régimen Ortega-Murillo— aprobó reformas a las leyes que rigen la educación superior.
Además de despojar a la UCA del 6% constitucional, se dio nuevas facultades al CNU, como aprobar o denegar aperturas de carrera y programas académicos, lo que trastoca la autonomía universitaria.
Medina recordó que el CNU fue creado primeramente como un órgano de coordinación, porque en un país donde supuestamente las universidades cuentan con autonomía plena, no cabía un organismo superior. “Ahora le dan atribuciones de supervisar la gestión, lo cual es violatorio a la autonomía administrativa de las universidades y le dan también la potestad de intervenir las universidades”, señaló.
El experto apuntó que, aunque en la iniciativa de las reformas aprobadas se aduce la búsqueda de un supuesto fortalecimiento del subsistema de educación superior, “no se puede hablar de fortalecimiento de un subsistema porque este es tan fuerte como son sus partes, y aquí se está debilitando a las universidades, que son piezas claves del subsistema, al quitarles totalmente la autonomía”.
“El suprimir la autonomía de la manera en que lo están haciendo y con el tipo de control político que hay en las universidades, se está matando el alma de las universidades. El alma de la universidad es la búsqueda de la verdad y solo podes hacerlo si tenés un espíritu crítico, una mente libre, libertad para pensar, para actuar, para investigar, y en Nicaragua eso no es posible. Se está matando la idea misma de lo que es la universidad”, añadió Medina.
Imagen de la entrada principal de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua. Foto: Efe/ Jorge Torres
Régimen busca ahogar económicamente a la UCA
El experto en educación afirma que el régimen recurrió contra la UCA a través del ahogamiento económico, separándola del CNU y el acceso al 6%.
“Ellos saben que a la UCA no le podían aplicar las mismas consideraciones ridículas que utilizaron para cancelar la personería jurídica de las otras universidades, Tampoco podían cerrarla arbitrariamente”, opinó.
En los últimos cuatro años, la Universidad Centroamericana dejó de percibir 250.9 millones de córdobas en asignaciones presupuestarias, según un análisis de CONFIDENCIAL. En 2022, apenas recibió un millón de córdobas, como parte del 6%.
El catedrático consideró que estas medidas impuestas por el régimen orteguista contra la UCA también tienen como objetivo “dar señales a otras universidades, diciéndoles, si podemos con la UCA, podemos con cualquiera, así que mejor se alinean, porque el objetivo final de ellos es callar las voces críticas que todavía pueden quedar en las universidades”.
En el primer trimestre de 2022, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de cinco universidades privadas del país y el CNU ocupó sus instalaciones. Los diputados leales al régimen se encargaron de crear tres nuevas universidades estatales con los recintos y bienes confiscados.
Las universidades canceladas fueron la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli)- bastión de la lucha cívica de abril de 2018-, Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
Según Medina, desde fuera de Nicaragua “hay preocupación precisamente por el surgimiento de regímenes autoritarios que tienen en la mira a universidades y le están coartando la autonomía universitaria y la libertad académica”.
Lamentó sin embargo, que en Centroamérica hace rato se ha mantenido un silencio vergonzoso. Salvo las universidades costarricenses, que han tomado una posición más digna, que han presentado resoluciones que lamentablemente no han sido aprobadas en el seno del Consejo Superior Universitario Centroamericano, el CSUCA, que también guarda un silencio que creo es vergonzoso”.
Foto: Confidencial | Archivo
Legitiman confiscaciones prohibidas por la Constitución
El experto también refirió que la aprobación de la nueva "Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro", que prohíbe realizar de forma directa o indirecta proselitismo político y que las organizaciones utilicen su estructura “para violentar el orden público” o promover “campañas de desestabilización” en Nicaragua, tiene como objetivo "darle un marco de legalidad a una serie de arbitrariedades que limitan la libertad de acción, de participación, de la ciudadanía en los asuntos del país".
Medina criticó que para la aprobación de esta regulación se adujera un supuesto combate al terrorismo y lavado de dinero, cuando lo que se busca es controlar a las organizaciones que defienden, acompañan y promueven los derechos y libertades .
Afirmó que el régimen no ha podido probar que ninguna oenegé haya cometido terrorismo o lavado dinero, al contrario, las ha mandado a cerrar con justificaciones absurdas y sin verdaderos fundamentos.
Recordó que en la causa abierta contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), en la que el régimen condenó a entre siete y trece años de prisión a tres trabajadores y dos exdirectivos de esa organización, "no se demostró nada y a ninguna otra oenegé le han demostrado nada que tenga que ver con un supuesto lavado de dinero".
El régimen orteguista ha desatado una persecución constante contra las organizaciones sin fines de lucro, en especial contra las que se dedican a defender derechos y promover el ejercicio de la democracia, derechos y libertades. En los últimos cuatro años, de 2018 a marzo 2022, mandó a cancelar la personería jurídica de 143 oenegés y confiscó los bienes de al menos media docena de esas organizaciones.
La nueva ley también faculta al Estado de Nicaragua a confiscar el patrimonio de las organizaciones sin fines de lucro, en clara violación a la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 44 prohíbe la “confiscación de bienes”. En el artículo 47 de la nueva legislación señala que el Estado se quedará con las propiedades de las oenegés cuando la personalidad jurídica haya sido cancelada por ocho causales, en las que solo se excluyó cuando la cancelación ocurra por “disolución y liquidación”.
Medina reiteró que la legalización de la confiscación, al igual que las reformas a la leyes de educación superior que imponen más control sobre las universidades, es " una apología a todas estas ilegalidades y arbitrariedades que hay en el país".
"Nos estamos acercando a lo que es Corea del Norte. Nos estamos encaminando ahí y es lo que nos esperaría si dejamos que siga avanzando esta ambición de control total de las instituciones y de las personas", advirtió.
