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Empresarios avalan licitaciones de compras covid-19

Gerente general de Bühler Pharma SA: Las licitaciones fueron “correctas”; perjudicados alegan que el esquema suele favorecer a unos pocos

El 20 de noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció la aprobación de 185.3 millones de dólares, “para ayudar al país a satisfacer las necesidades urgentes de balanza de pagos derivadas de la pandemia covid-19”, argumentando, entre otros, que “el Ministerio de Hacienda ha comenzado a publicar en su sitio web los detalles de todos los gastos relacionados con covid-19 y de todos los contratos públicos”.

La noticia es, en rigor, cierta. Una búsqueda en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), muestra que entre el 15 de junio y el 22 de septiembre de 2020, se firmaron 19 contratos con trece proveedores de medicinas, equipos e insumos médicos, por 10.3 millones de dólares, para responder a la primera crisis sanitaria global del este siglo.

Entre las empresas ganadoras de las licitaciones, hay cinco que se adjudicaron contratos por más de un millón de dólares: Bühler Pharma SA: tres contratos por 2.8 millones; Generic Pharma GP SA: dos contratos por 1.5 millones; Refanic: un contrato por 1.1 millones; Yale Healthcare: un contrato por 1.1 millones, y Cam International Nicaragua: un contrato, por un millón de dólares.

Ese monto de 10.3 millones, es apenas una fracción de las compras que realiza el Estado a través del Ministerio de Salud, (Minsa), que suman cerca de 80 millones de dólares anuales, destinados a surtir a la red pública de hospitales, para la prometida atención gratuita a los ciudadanos.

“Puedo decirte que todo se ha hecho conforme a las leyes, en las licitaciones públicas efectuadas a través del SISCAE en que hemos participado como empresa, tanto en la forma de proceder, como en la participación” de los oferentes, declaró Salvador Hidalgo, presidente de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa), y gerente administrativo de la Distribuidora César Guerrero (Dicegsa).

El gerente general de Bühler Pharma SA, Mauricio Aguirreurreta, coincide con Hidalgo, y asegura que los procedimientos empleados en el manejo de estos 19 contratos, son correctos. “Todos los procesos de licitación en que participamos, fueron realizados correctamente y los procedimientos fueron los usuales y acostumbrados. En las licitaciones en las cuales Bühler Pharma participó —ya que no participamos en todas— nos requirieron las garantías y demás documentos que usualmente requieren”, aseguró.

¿Y los demás contratos?

Si bien los testimonios de Hidalgo y Aguirreurreta confirman la percepción sobre el manejo correcto de los 19 contratos, otros empresarios sostienen que ese manejo “transparente” observado en estos contratos, es la excepción, y no la regla que ha prevalecido en las compras en el sector salud.

Dos fuentes del sector farmacéutico, (ambos, representantes de empresas que forman parte de ese ecosistema) que accedieron a hablar con CONFIDENCIAL, bajo condición de mantener sus nombres en el anonimato, relataron un esquema diseñado para favorecer a unas pocas empresas propiedad de (o manejadas por) personas allegadas al régimen, o directamente emparentadas con la familia gobernante.

“Hay una mezcolanza de razones, que conllevan a la violación de procedimientos, lo que puede ser adrede, por emergencia, por favoritismo, etc. No sabemos, y es que es difícil llegar al fondo de todo esto, porque ellos manejan todo de forma muy hermética. Antes se fugaba la información, y podíamos saber qué estaba pasando, pero ahora no se sabe nada”, dijo una fuente.

Alegó que se limita la competencia, en beneficio de los ‘amigos’ de quienes controlan el sistema. “Vemos que se ha incrementado la eliminación de proveedores, y cuando presentamos un reclamo ante la autoridad, ya sabemos que la respuesta automática es “no ha lugar”, dijeron las fuentes.

Explican que a veces deciden “pelear” el caso, interponiendo un nuevo recurso, pero reciben la misma respuesta “no ha lugar”, así que, sostienen, “ya ni vamos a la Corte a pelear, porque ya sabemos que el proceso está direccionado para beneficiar a unos cuantos, y lo único que vamos a lograr es perder más dinero en abogados”.

A modo de ejemplo, refirió un escenario en el que una empresa comercial del sector privado gana una licitación en enero, y entrega el producto en el plazo indicado, pero el Gobierno no le paga en el plazo de un mes, como está acordado, sino hasta seis meses después, o sea, para este caso, en junio.

Creando falsos “incumplidos”

Si bien es normal que la burocracia estatal atrase los pagos a los proveedores, en este caso, se trata de una decisión expresa. Las fuentes relatan que mientras esperan que les paguen la primera licitación, el Estado llama a otra licitación en abril, y si esa misma empresa la gana, cuando le informa al laboratorio que necesita un nuevo cargamento para entregarlo al Minsa, el laboratorio le dice que no le puede dar nada, porque todavía debe el cargamento de enero, que el Ministerio no le ha terminado de pagar.

“El efecto de eso es que al no recibir el producto del laboratorio, yo quedo mal con el Ministerio, que entonces me cataloga como incumplido, y deja de invitarme a sus nuevas licitaciones. De esa forma, ellos logran excluir a los privados, y se van quedando con sus allegados, a los que no solo les pagan por adelantado, sino que les permiten entregar tarde, y sin penalización alguna”, complementó.

Después de implementar ese esquema a lo largo de casi toda la última década, el panorama actual pasó a estar controlado por dos o tres empresas relacionadas con altos funcionarios del Gobierno que “ganan” más del 80% de todas las licitaciones.

“Hace diez años, esas eran empresas de maletín, y ahora son los más grandes; ofertaban y no ganaban más del 10% de los contratos, pero ahora se llevan más del 80%”, no porque sean mejores o más eficientes, sino “por favoritismo, para sacar de competencia al resto de oferentes, violando procedimientos, o inventando castigos”, aseguró.

Una de las vías preferidas por las que se manifiesta ese “favoritismo”, es que permiten que los privilegiados primero entreguen el producto, y hasta después hacen los procedimientos para que “ganen” las licitaciones, y entregar la documentación de soporte ante el Ministerio.

Eso desincentiva a los perjudicados, que ya no recurren ante la Procuraduría General de la República, porque saben que solo irán a gastar su dinero, pues el “ganador” ya está entregando el producto.

“Ellos no ganan porque sean eficientes, sino por las prebendas que les dan. Si una empresa privada entrega tarde, la multan y le prohíben participar en otra licitación, porque se le cataloga como mal proveedor, mientras a ellos les pagan de contado y por anticipado, y si fallan en las entregas, no los castigan nunca”, reiteró.

Los beneficios de comprar localmente

En Nicaragua, hay laboratorios capaces de fabricar algunos de los medicamentos usados para combatir los efectos de la covid-19. Por eso, hay voces dentro del sector que cuestionan la decisión gubernamental de importarlos desde el extranjero, y asignar un ganador, basados estrictamente en el factor precio.

“En las licitaciones públicas —en las que participan las marcas extranjeras por medio de sus representantes debidamente registrados en el Minsa— solo se toma en cuenta el precio”, lo que favorece a los grandes laboratorios de países desarrollados, que pueden aprovechar la economía de escala para ofrecer mejores precios que sus competidores de países como el nuestro”, explica una fuente de la industria, que conoce cómo funciona el esquema de producción o importación de medicinas en el país.

“Los medicamentos que se fabrican en Nicaragua deberían ser comprados en Nicaragua, máxime si es con fondos del Tesoro, porque al hacerlo se desarrolla el país, se genera empleo, se aporta valor agregado y crece la industria farmacéutica, pero si compras más barato a países desarrollados con economías de escala, el beneficio queda afuera”, añadió.

La fuente reconoce que se puede argumentar a favor del esquema vigente (el que prioriza el factor precio) porque genera ahorro al Estado, pero cree que eso se anula con los impuestos que cobrarían a la industria nacional, si el Minsa se surtiera localmente.

“Comprar acá, —detalló— permite a las empresas nacionales hacer planes a futuro, invertir, y hacer conversiones tecnológicas”.

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