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Elvira Cuadra: Ejército “debe investigar y controlar” a los paramilitares

Experta en seguridad afirma que militares no pueden evadir responsabilidad en torno a los grupos irregulares

La socióloga Elvira Cuadra, investigadora en materia de seguridad en Nicaragua, dijo este miércoles en el programa Esta Noche que el Ejército no puede evadir su responsabilidad de “investigar y controlar” a los grupos armados irregulares que juraron lealtad a la pareja presidencial.

Cuadra considera esas dos tareas como un deber institucional que se mantiene, aunque las Fuerzas Armadas hayan señalado a policías como quienes recibían adiestramiento militar y adoctrinamiento político en un video que circuló el fin de semana en las redes sociales.

“Hay una responsabilidad institucional de investigar y también de controlar a estos grupos  para que no realicen mayores actos de violencia”, recalcó la experta sobre el vídeo que ha despertado preocupación en la sociedad civil y avivado el debate sobre la necesidad urgente de desarmar a estos grupos irregulares de cara a las elecciones presidenciales, previstas a realizarse en noviembre próximo.

guardia pretoriana
Captura del video que circuló en redes sociales que muestra a grupo armado jurando fidelidad al régimen Ortega-Murillo.

En el video de 50 segundos, filmado en un sitio no identificado, varios hombres, vestidos con trajes de combate, juran que defenderán la presunta “revolución” en 2021. Este año, el caudillo sandinista Daniel Ortega busca la reelección tras 14 años continuos en el cargo marcados por el autoritarismo, la corrupción y la destrucción del Estado de derecho.

Ajenos a esas críticas, realizadas durante años por la sociedad civil, los irregulares que reciben el adiestramiento militar gritan con entusiasmo varias veces “vivas” al gobernante y su esposa Rosario Murillo, mientras aseguran que serán “¡leales siempre, traidores nunca!”

Elvira Cuadra añadió que la primera responsabilidad de cara al desarme de estos grupos es de Ortega, quien funge como el jefe supremo del Ejército y la Policía, pero también porque él es el responsable del punto crítico al que ha llevado al país la política de represión.

La responsabilidad del Ejército de Nicaragua con la sociedad

“La segunda responsabilidad es del Ejército, aunque intenten evadirlo, porque son grupos  (los irregulares) que están actuando en conjunto con la Policía, entonces (la misma) está deslegitimada y no tiene capacidad de desarmarlos y desarticularlos”, y por ello le corresponde al Ejército.

“Están amenazando la tranquilidad y estabilidad de la sociedad, pero además porque ahí hay involucrada técnica y recurso militar, algo que sólo puede ser controlado por una institución en el mismo plano”, explicó la especialista.

Para Cuadra, el término usado de paramilitares, para describir a estos grupos cuyo desarme aceptó el Gobierno al asumir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humamnos en mayo 2018, no es antojadizo, sino que describe a un grupo organizado: con jerarquía, objetivos claros y recursos a su disposición.

Pese a las declaraciones del Ejército implicando a la Policía en el adiestramiento militar en defensa de Ortega y su proyecto político, por tercer día consecutivo la jefatura de esa institución siguió sin dar un pronunciamiento. Ni el primer comisionado Francisco Díaz, jefe nacional de la institución y consuegro de Ortega, ni su vocero el comisionado mayor César Cuadra, ofrecieron una explicación a la ciudadanía sobre la actuación de estos grupos irregulares, quiénes son sus líderes, de quién reciben adiestramiento y en qué campos concretos los desarrollan.

Para Cuadra, el que calla otorga, dijo, en relación al silencio institucional de la Policía y recordó que con el video del fin de semana ya son varios materiales de este tipo los que han circulado antes y demuestran con su contenido las actuaciones de estos grupos.

Según la investigadora, en Nicaragua, hay un sistema de represión en el cual estos grupos de paramilitares tienen un papel específico, igual que lo tienen asignado las instituciones como la Policía y el Ejército, junto a los órganos de vigilancia activados en los barrios para controlar a quienes piensan distinto políticamente al partido de gobierno.

Todos estos engranajes se han activado en el contexto electoral, para tratar de asegurar un escenario favorable a Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, agregó la especialista. En la actualidad, la oposición sufre asedio de la Policía, varios de sus dirigentes tienen casa por cárcel, mientras el FSLN aprovecha los recursos a su disposición para promover la candidatura del caudillo, en el poder desde enero de 2007.

CONFIDENCIAL publicó el 15 de marzo pasado una investigación en la que reveló que las tareas asignadas en los barrios a las llamadas Unidades de Victorias Electorales, formados por comandos sandinistas, implican la caracterización de votantes como parte de una estrategia nacional dirigida por  la pareja presidencial y uno de sus hijos, Daniel Edmundo Ortega Murillo, a cargo de la capacitación política de los cuadros partidarios que participarán en el proceso.

“En efecto el Ejército ha negado públicamente su participación en las acciones de represión. Es claro que tienen un papel asignado, ya sea facilitando información o de otro tipo que será necesario investigar en el momento que hayan condiciones para poder profundizar”, razonó.

Estados Unidos sancionó también al general Julio César Avilés. La represión dejó 328 asesinados, 2 000 heridos y 100 000 exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

La investigadora en temas de seguridad sostiene que estos grupos irregulares orteguistas juegan un rol “petroriano” igual que el que jugó en su momento la Guardia Nacional de Somoza, antes de la caída de aquella dictadura el 19 de julio de 1979.

Elvira Cuadra apuntó, sin embargo, varias diferencias. La principal es que, mientras la Guardia era una estructura fidelizada a la familia que estaba en el poder en ese momento, ahora se trata de un sistema “más complejo” de represión integrado por una red de instituciones y grupos organizados en función de reprimir, controlar y vigilar a la ciudadanía “que quiere protestar o tiene algún descontento con el Gobierno”.


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