el dolor de los familiares de los presos políticos

El dolor de los familiares de presos políticos

Asedio, humillación, restricción migratoria, exilio, desplazamiento forzado, deudas y muerte son cruces que soportan los familiares de reos políticos

Daniel Ortega ignora las múltiples demandas de los familiares de los presos políticos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y de la comunidad internacional, que exigen la liberación de los presos políticos. El año 2021 inició con más de cien reos de conciencia y está por cerrar con una lista elevada a 167, tras la persecución ejecutada entre mayo y noviembre.

Por el contrario, en su acto de celebración de la reelección que le otorgó el Poder Electoral en unas votaciones sin competencia, Ortega dedicó hora y media, en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, para pronunciar su discurso más virulento contra los presos políticos, que ha repetido desde entonces en cada una de sus pocas apariciones públicas.

Ortega llamó a los presos políticos “los hijos de perra del imperialismo”, y el pasado 14 de diciembre, cuando apareció sorpresivamente en Cuba, utilizó la plataforma de la XX Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP) para nuevamente acusar a los sacerdotes de la de “terroristas” y reiteran su señalamiento contra los reos de conciencia.

“Tenemos presos a los terroristas, a los que financiaban el terrorismo y querían financiar nuevas actividades terroristas, lavando dinero, dinero enviado por los Estados Unidos con el cuento que financiaban organismos no gubernamentales (…)”, agregó, para luego rechazar nuevamente la demanda de su liberación.

“Ahora resulta de que porque están detenidos, están presos, procesados hay que ponerlos en libertad, y lo dicen los europeos, lo dicen los yanquis”, vociferó.

Sin embargo, entre los reos políticos del régimen, además de siete precandidatos presidenciales, hay líderes cívicos y políticos, extrabajadores de organizaciones no gubernamentales y profesionales independientes, dirigentes estudiantiles, líderes campesinos, periodistas, exdiplomáticos, empresarios y activistas.

Y también hay hijos, hijas, padres, madres, esposos, esposas, abuelos y abuelas, y sus familiares –sufriendo su ausencia ante un encarcelamiento que sostienen que es ilegal e injusto– también sufren asedio, hostigamiento, persecución y humillaciones durante las pocas visitas que han tenido y también en sus casas.

Algunos se han enterado de restricciones migratorias, y no pueden salir del país ni siquiera por consultas o seguimientos médicos; hay quienes han tenido que exiliarse, saliendo del país por veredas; o han dejado sus hogares, al verse obligados a desplazarse por las amenazas de policías, paramilitares o simpatizantes del régimen. También han acumulado deudas y dos madres de presos políticos (del dirigente universitario Max Jérez, y del expresidente del Cosep, José Adán Aguerri) murieron sin poder ver a sus hijos, ni que el régimen les permitiera a ellos despedirse.

El exilio obligado de Maritza Arce

Maritza Arce recorre las calles de una ciudad desconocida. Salió de Nicaragua empujada por el ruego de su hijo, Maycol Antonio Arce. Le pidió que se pusiera a salvo ante una nueva estampida represiva del régimen de Daniel Ortega, que sigue llenando las cárceles nicaragüenses con presos políticos, mientras aterroriza a sus familiares.

El 7 de noviembre, mientras en Nicaragua, Ortega garantizaba su continuidad en el poder en unas votaciones sin competencia política, Maritza se plantó afuera del consulado nicaragüense en México. Con una pancarta en la que se veía el rostro de su hijo volvió a gritar por su libertad y pudo hacerlo en libertad. En aquella tierra que no es la suya, no temía que la arrestaran por expresarse; un derecho que se lo arrebataron en su país.  

“Yo luché casi tres años para lograr la libertad de los presos políticos, y nunca pude hacer nada”, dice resignada. A finales de 2020, 110 personas estaban en prisión por razones políticas, uno de ellos es Maycol.

El asedio contra la familia de Maycol inició en 2020, después que Maritza denunció actos de tortura contra su hijo. Sujetos de civil vigilaban su vivienda de día y noche. La Policía también circulaba por el sector, acechando.

Durante las últimas visitas en “La Modelo”, Maycol, le repetía a su madre que se fuera del país, temía que la arrestaran, como había ocurrido con otros opositores, en especial, porque Maritza participaba en conferencias de prensa junto con otros familiares de presos políticos, denunciando los malos tratos a los que eran sometidos sus hijos.

“No había tranquilidad, siempre fue el temor, y más el temor de él –Maycol– eran sus niños”, expresa Maritza. Si la arrestaban, los hijos de Maycol, un niño de tres y una niña de ocho, se hubieran quedado solos. 

En 2020, Maritza y su esposo fueron despedidos por un recorte de personal en una maquila donde trabajaban. Las textileras fueron uno de los sectores más golpeados por la pandemia de covid-19 ese año. Maritza y su esposo buscaron empleo en fábricas similares, pero la respuesta siempre fue negativa. Desempleados, bajo asedio y sin muchas perspectivas, se exiliaron a mediados de agosto. Llegaron a México de forma ilegal. Durmieron en la calle por un mes, comiendo un día sí, otro no. Lograron conseguir un “cuartito” y están “sobreviviendo”.

La hija mayor de Maycol viajó con ella. La niña padece epilepsia y requiere medicamentos que Maritza no puede comprar. Se consuela pensando que las dificultades que enfrentan ahora permitirán que sus nietos tengan mejores oportunidades. En Nicaragua, Maycol está condenado a 25 años. Lo acusaron de tentativa de homicidio en perjuicio de un policía. Su madre rechaza los hechos y asegura que su caso es represalia porque él se negó a participar como paramilitar y apoyó las protestas cívicas en 2018.

Maycol pasará su cuarta Navidad en una cárcel. “Eso me ha dolido demasiado porque llegué a dejar hasta mi país y todavía él ha quedado encarcelado, ese es un dolor muy grande para mi. Saber que mi hijo está preso y yo ando aquí. No poder ir a verlo en sus visitas, eso me duele demasiado”, se sincera Maritza. También le pesa que no se despidió de él y la posibilidad de volver abrazarlo, por ahora, parece lejana.

Huyendo dentro del mismo país 

“Cristhian” resiste el asedio con una sola estrategia: no quedarse quieto. “Cada familiar es acosado de una u otra manera” asegura. Es pariente de uno de los más de 160 presos políticos en Nicaragua, pero solicita que no se mencione ni su identidad ni la del reo político por seguridad. El acoso y la vigilancia a la que está expuesta su familia ha provocado que casi no pare en casa, y sí regresa, lo hace por intervalos de tiempo. 

Antes del 7 de noviembre, cuando se realizaron las votaciones, “anduvieron buscando a muchos que ellos consideran una amenaza. Por tal razón, yo la he pasado muy mal”. Entre el 29 de octubre al 30 de noviembre, 43 personas fueron detenidas por  razones políticas, 15 fueron liberadas y 28 aún están detenidas, según un informe del 30 de noviembre del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. 

“La represión fue dirigida principalmente a integrantes de organizaciones políticas y sociales de 11 de los distintos departamentos y regiones autónomas del país”, apunta el informe. Los arrestos ocurrieron sin orden de captura y también hubo allanamientos ilegales y amenazas. 

“Cristhian” no es parte de ninguna organización opositora, pero teme que lo encarcelen. “Es muy cansado estar en distintos lugares, sobre todo, la falta de recursos económicos que cada vez es peor”, señala. Hasta ahora, la suerte ha estado de su lado. A donde llega encuentra trabajos temporales que le permiten solventar los gastos familiares y garantizar la paquetería semanal para su pariente. Pero a veces, solo le ha alcanzado para un papel higiénico, pan y una gaseosa de dos litros. 

“El temor a una captura siempre está latente aunque no tengan argumentos. Hoy en día no necesito tener un verdadero delito para ser un blanco de ser captura”, expresa.

Restricción migratoria: el país por cárcel

A principios de noviembre, María Josefina Gurdián, conocida como “Pinita” experimentó un fuerte dolor que la condujo al hospital. El cáncer contra el que ha luchado desde 2019, regresó. Le practicaron una cirugía de emergencia, hubo una complicación y requirió intubación por tres días.

“Esa es una consecuencia concreta y particular de cómo puede llegar a costar la vida una retención migratoria en las condiciones como las que están habiendo en Nicaragua”, denuncia Ana Lucía Álvarez, nieta de Pinita, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil, ambas presas políticas desde junio.

En septiembre, autoridades migratorias impidieron que Pinita viajara a Costa Rica para realizarse un examen especializado y evaluar su condición médica como paciente de cáncer. Aunque mostró la documentación que probaba el objetivo de su viaje, los agentes de migración le retuvieron su pasaporte y le indicaron que “era familiar de Ana Margarita Vijil -su hija- y por eso no podía salir del país” relata Álvarez. No hubo más explicaciones, y casi tres meses después, tampoco le han informado cuándo le van a regresar su pasaporte. 

La acción estatal violenta el derecho de movilización y tránsito de Pinita. Álvarez señala que aunque la razón del viaje fuese otra, su abuela está en su completo derecho de desplazarse libremente. Además de la madre de Vijil, dos de sus hermanos también fueron impedidos de salir del país y les confiscaron sus pasaportes. En ambos casos, les dijeron que “no podían salir porque eran familiar de Ana Margarita Vijil”, nada más.

“Eso es parte de la represión y es consecuencia de la violencia política y de la violación a nuestros derechos y a nuestras libertades, entre ellas, nuestro derecho a movilizarnos”, reclamó Álvarez. A la vez, lamentó que si hubieran permitido que Pinita viajara, la cirugía se hubiera evitado y el tratamiento contra el cáncer no tuviera tres meses de retraso. 

Aunque no hay estadísticas sobre el número de retenciones migratorias, es una situación recurrente que ha afectado a otros familiares de presos políticos, activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores. Para Álvarez, esta nueva estrategia del régimen busca generar autocensura. “Es que vos dejés de hablar, que dejés de contar esto, que dejés de dar tu testimonio y que no se sepa para poder ocultar esta situación y poder acallar las voces, que dentro de todo, todavía están hablando en Nicaragua”, opina. 

“Es una política de represión criminal y brutal la que estamos viviendo”, agrega.

“Papá trabaja en un lugar lejano”

Cuando la niña de cuatro años y medio le pregunta a “Lorena”, “¿dónde está papi?”, ella responde que “está trabajando en un lugar largo, que no puede hablar y que no pueden llamarlo”. Esa es la forma en que la esposa de Róger Reyes, abogado e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), ha encontrado para justificar ante sus dos hijas, menores de cinco años, la ausencia de su padre preso por la dictadura Ortega – Murillo. 

Tres días a la semana, “Lorena” arropa bien a sus niñas y viajan desde Jinotepe a Managua para entregar una botella de agua para Róger. A las 6:30 a.m. ya están en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “el nuevo Chipote”. La expectativa de todos los días es que les permitan pasar algo más que agua; ya sea galletas o jugos, pero es casi imposible.

“Lorena” debe llevar a sus hijas porque no tiene quien las cuide tan temprano. Y si no va a dejar agua, “sentís una culpabilidad horrible”, comparte. Para ella no es fácil relatar esos días; llora. “Es horrible ¿con qué necesidad tengo que hacerle eso a mis hijas?”, se cuestiona. 

Recuerda que en una ocasión, su hija mayor le preguntó a quién iban a dejar agua. “Lorena” improvisó: es un muchacho que necesita mucho apoyo, él no puede salir a comprar agua y por eso, deben llevársela, alcanzó a decir.

“Yo pienso que si ella sabe –que su padre está en la cárcel–, ella me va a decir: ‘yo quiero ver a mi papá’. ¿Cómo le voy a decir? Yo no puedo. Ella va a decir, si mi papi está aquí, por qué no puedo entrar a verlo… es una batalla, entre no hacerle más daño del que ya la ausencia de su papá lo hace”, lamenta.

Desde la captura de Róger, “Lorena” orbita entre la atención a sus hijas, el cuido de su casa, su trabajo y la rutina de ir y venir de “el nuevo Chipote”. Trata de mostrarse fuerte ante sus hijas, pero a veces se rompe. El arresto de su esposo les ha cambiado, literalmente, la vida. Siente nostalgia de los fines de semana familiares, con Róger al cuido de sus hijas, de las cosas cotidianas que ahora ya no están más. Se dice así misma: “tenés que ser fuerte”, se lo repite tantas veces como puede. 

“Yo prefiero que ellas piensen que su papá está trabajando a que su papá está sufriendo, que está pasando hambre, que no puede salir de allí, que no puede verlas”, expresa. A veces, su hija mayor le pregunta: Mami ¿y -papi- piensa en mí?

“Lorena” con disimulo de tristeza responde: claro mi amor. Piensa todo el tiempo. Este caso es uno de decenas de presos políticos, que encerrados en mazmorras, se han perdido etapas irrepetibles del crecimiento de sus hijos e hijas. Varios no han estado en graduaciones, cumpleaños o enfermedad.

 Las deudas: Más de 1000 córdobas semanales en paquetería

Durante 29 meses, la familia de Denis Palacios Hernández ha hecho todo lo necesario para sostenerle la paquetería semanal, aunque para eso a veces ellos comen lo básico.

Invierten un poco más de 1000 córdobas en la compra de diversos productos que entregan en el Sistema Penitenciario de Granada, conocido como “La Granja”, donde Palacios cumple una condena de seis años por posesión de armas y fabricación de bombas de contacto; delitos que su familia rechaza y demanda su libertad. 

Palacios se involucró en las protestas cívicas que explotaron en el país en 2018 y fue apresado en julio de 2019. “Nosotros tratamos de mejorar a él sus cosas, aunque nosotros nos quedemos así, chingo”, dice su hermana Heysell Palacios. Los reos que no reciben paquetería deben consumir la “chupeta”, que es una especie de revoltijo insípido de frijoles y arroz, a veces, pasta.  

Con la captura de Palacios, todo se puso de cabeza en su casa. Él se encargaba de un pequeño negocio familiar, pero ante su ausencia, su hermana y madre asumieron las responsabilidades y a la vez, están pendientes de él. Su mamá, María Elena Hernández asegura que los “gastos de él son serios”. 

“He hecho hasta lo imposible por no comprarme nada personal por el interés de que a mi hijo no le falte nada. Esto que estoy viviendo es terrible”, expresa entre lágrimas. Muchas de sus noches ha pasado en vela, pensando en su hijo. “Este dolor que yo tengo es terrible” repite. 

Denis le pide que esté tranquila para evitar que se enferme. Le dice lo mismo en cada visita. Ella también  le pide que se cuide, y teme que si algo malo le pasa adentro, él no se lo va a contar. Cada vez que lo recuerda, llora. Espera que pronto todo pasé y él esté libre, que pronto todo sea solo un recuerdo.


ESPECIAL

Personaje del año 2021:
Los 167 presos políticos en Nicaragua

CONFIDENCIAL seleccionó como personaje del año 2021 a los 167 presos políticos, que derrotaron a Ortega en las elecciones 7N. Lee aquí los reportajes de esta serie especial:

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