24 de agosto 2019
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo usa un doble rasero para reclamar por la muerte de nicas en el extranjero. Hace una semana, acusó al Gobierno de Costa Rica de cometer un crimen de lesa humanidad, tras la muerte a manos de la Fuerza Pública en suelo costarricense del nicaragüense Henry Ruiz López, de 45 años. Sin embargo, la dictadura ha guardado silencio por otros asesinatos de nicaragüenses en el extranjero, como el excombatiente contrarrevolucionario Edgard Montenegro, de 56 años y su hijo adoptivo, Jalmar Zeledón, de 31, quienes fueron acribillados el pasado 27 de junio, en el departamento El Paraíso, en Honduras.
El hecho por el que reclama Ortega a Costa Rica ocurrió el pasado 12 de julio en aguas del Río Niño, en el lugar conocido como Parcelas de Villa Hermosa, en Upala, Alajuela, a dos kilómetros de la frontera con Nicaragua. Según el Gobierno costarricense, un grupo de personas, entre ellos Henry Ruiz López, abrieron fuego contra la Policía de ese país, cuando fueron sorprendidos en actividades de contrabando de mercancías, por lo que los oficiales respondieron al ataque.
La versión nicaragüense es que 14 miembros de la Fuerza Pública de Costa Rica, “haciendo uso excesivo de la fuerza y utilización indebida de armas de fuego, ocasionaron la muerte” de Ruiz, y capturaron “de forma violenta” a otros cinco nicaragüenses, que fueron liberados un día después. “Ante esta grave violación a los derechos humanos de un ciudadano nicaragüense”, dice la nota, “estamos denunciando a ese Gobierno por delito de lesa humanidad”, puntualizó.
Canciller: No hay impunidad
El canciller costarricense, Manuel Ventura, rechazó las acusaciones del régimen de Nicaragua y señaló en el programa Esta Semana que en su país “no existe esa impunidad en la que pueden matar a la gente e irse tranquilos para la casa. Hay una investigación. Son juzgados y si son culpables son sancionados”, subrayó.
“Primero, lo hace el Organismo de Investigación Judicial, la morgue en caso de ser necesario, y después se abre un proceso. Todos los policías que se vieron inmiscuidos en este problema se les han retirado sus armas y están siendo investigados”, detalló el canciller.
A pesar que el Gobierno de Costa Rica se encuentra investigando los hechos, el régimen de Ortega envió una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Ambos organismos son los mismos que fueron expulsados por la dictadura nicaragüense, en agosto y diciembre del año pasado, luego que estos lo señalaran de violar masivamente los derechos humanos de los nicaragüenses, en la violenta represión contra las protestas cívicas que estallaron en abril.
En el caso de Ruiz, el régimen nicaragüense demandó justicia con mucha prontitud, en cambio a los dos asesinados en Honduras, los tildó en una nota policial como “golpistas y terroristas”.
Un caso con motivaciones políticas
El jurista Julio Icaza Gallard, especialista en Derecho Internacional, señaló que en la muerte de Ruiz “la vía interna no ha sido agotada y no corresponde acudir a la instancia internacional”.
A su juicio, esta situación demuestra que el régimen “no está realmente interesado en obtener una respuesta adecuada al caso y que se respeten los derechos humanos del ciudadano víctima, sino en utilizar el caso con motivaciones eminentemente políticas”.
Con esa denuncia, lo único que puede esperar la dictadura nicaragüense “es que le respondan que espere a que se haya agotado la jurisdicción interna costarricense”, advirtió Icaza, quien calificó el hecho del régimen como una “acción desesperada” para “crear un incidente internacional que trate de opacar inútilmente las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en Nicaragua”.
Defensores de los derechos humanos recordaron que —desde abril de 2018— la represión del régimen orteguista ha dejado una estela de 328 asesinatos en el país, así como ejecuciones extrajudiciales, centenares de presos políticos, torturados y otros abusos contra los manifestantes opositores, según constató la CIDH.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, enfatizó que el régimen de Ortega carece de “autoridad moral” para señalar a otros Estados y a su criterio el reclamo es más “una actitud oportunista y una forma de buscar cómo exacerbar el nacionalismo” y de esa forma “desviar la atención de los crímenes y atropellos que a diario se comenten en Nicaragua, porque la represión que comenzó el 18 de abril (2018) no ha terminado, solo ha cambiado de modalidad”.
Relaciones en nivel bajo
Braulio Abarca, defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica y miembro del colectivo Nicaragua Nunca+, señaló que “es completamente absurdo” que el régimen de Nicaragua use como bandera la muerte de un nicaragüense “cuando en Nicaragua tenemos más de 328 personas asesinadas y en los últimos días hemos observado comportamiento que coinciden con patrones de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, ya son más de 20 campesinos asesinados en lo que va del año”, enfatizó.
Núñez y Abarca coincidieron en que no es la primera vez que Nicaragua arremete contra Costa Rica. En enero pasado, el régimen de Ortega envió una nota de protesta a Costa Rica, en la que acusó al Gobierno costarricense de permitir que en su territorio fronterizo operara una banda denominada El Jobo, que habría asesinado a cuatro policías en un municipio de la frontera sur.
Icaza consideró que las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica “están en su nivel más bajo”, como consecuencia de la defensa que el país vecino ha hecho de los derechos humanos de los nicaragüenses.
