27 de marzo 2021
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Veinte testimonios de universitarios expulsados ilegalmente de sus carreras, por su participación en las protestas cívicas de abril de 2018, fueron recopilados por organizaciones internacionales y movimientos estudiantiles en un “Libro Blanco” titulado: “Las evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua”.
El texto documenta las medidas represivas ejercidas por la UNEN y el CNU en contra de estudiantes y maestros que se involucraron en el estallido social de 2018.
“Es una pequeña obra que está llena de anécdotas reales de represión”, indica el documento, que relata “cómo el régimen de Daniel Ortega, aprovechando su poder desde el ejecutivo y el uso de su policía, paramilitares y operadores políticos han utilizado las universidades para expulsar, perseguir, asediar, encarcelar y expulsar a estudiantes en venganza porque en 2018, lideraron la lucha cívica de abril”.
Elthon Rivera, estudiante de Medicina expulsado de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN-Managua), aseguró que el objetivo es proyectar esta problemática con un enfoque humano. “El libro nos presenta rostros, historias propias de cada uno de los jóvenes afectados por pensar y expresarse políticamente en oposición a la dictadura, creamos memoria histórica”, expresó.
Uno de los capítulos del libro detalla la escalada de represión en contra de los estudiantes que se levantaron en protestas, a través de represalias que partieron desde prohibir toda manifestación en los recintos universitarios hasta la oleada de expulsiones contra más de 147 estudiantes en las universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua y UNAN León), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria (UNA).
También muestran que “las investigaciones secretas, las expulsiones y la desaparición de expedientes de estudiantes, así como despidos de docentes y trabajadores administrativos” fueron llevadas a cabo por las estructuras partidarias que controlan las universidades públicas.
Un total de 108 maestros y personal administrativo fueron despedidos injustificadamente por asistir a manifestaciones y brindar atención médica inmediata a los heridos.
Expulsiones ilegales y complicidad con UNEN
El libro señala que estas expulsiones y despidos fueron ejercidos ilegalmente. “En el caso particular de la UNAN-Managua, a sus autoridades ya se les había vencido el período para el cual habían sido electas”, argumentan.
“De antemano los estudiantes fueron criminalizados al amenazarlos con tramitarles causas en los tribunales si se presentaban a los recintos y dejados en indefensión al no notificarles sobre las disposiciones adoptadas en su contra”, según menciona el libro.
También relata que en algunos casos de estudiantes que fueron encarcelados por haberse atrincherado en las universidades que en su mayoría los que testificaron en su contra fueron dirigentes de UNEN. Y que previo a estas disposiciones arbitrarias, hubo levantamientos de listas negras, mediante procedimientos irregulares que podrían conllevar actos de persecución y de chantaje.
“Los estudiantes señalan directamente a rectores, decanos y dirigentes de UNEN de haberse coludido e infiltrar a allegados para levantar listados de quienes participaron en las protestas. La presidencia de UNEN en 2018 estaba en manos de Luis Andino”, destaca el documento.
“Listas” y acoso contra universitarios en Nicaragua
Uno de los casos de acoso que está en el libro es la historia de Marcos Nelson Rodríguez Ortiz, de 22 años, él cursaba su tercer año de la carrera de Lengua y Literatura en la UNAN-Managua, cuando se atrincheró en su recinto. Meses después decidió regresar a clases sin enterarse que su nombre aparecía una “lista negra”.
El 19 de octubre de 2018, Rodríguez estaba junto con una compañera en un corredor de la Universidad cuando un vigilante le pidió su identificación y lo llevaron a una oficina para realizarle un interrogatorio. Un maestro y un decano le hicieron preguntas sobre su participación en la toma de la UNAN, y lo amenazaron a que si volvía a intentar destruir la universidad, los profesores y todo el colectivo iba hacer todo lo posible por impedirlo”, en una comisión especial Rodríguez fue expulsado definitivamente.
Otro caso también fue el de Jasser Mohamad Vado González, quien intentó regresar a la universidad, pero un miembro de la seguridad de la UNAN-Managua le impidió el acceso luego de buscar su nombre en un listado. Le confirmó que le negaba la entrada por estar en “la lista roja”.
El pasado lunes el movimiento estudiantil Acción Universitaria en una carta abierta dirigida al Consejo Universitario de la UNAN-Managua exigió “el reintegro académico” de 82 estudiantes que fueron expulsados por su participación en el levantamiento cívico de abril de 2018 y que garantice las condiciones para el reingreso a los estudiantes que “por miedo, temor, inseguridad, exilio o desobediencia académica hayan interrumpido sus estudios universitarios”.
