5 de junio 2019
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El día que el Ministerio de Salud (Minsa) despidió a trabajadores de hospitales y centros de salud, por estar en contra de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, inició la desventura de centenares de médicos y enfermeras en Nicaragua. Un año ha transcurrido desde entonces y mientras los trabajadores de la salud sufren carencias, exilio, asedio y amenazas de muerte, la atención sanitaria en los hospitales públicos ha decaído en detrimento de la salud de la población.
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Según la Unidad Médica Nicaragüense, en el último año, 405 trabajadores fueron expulsados del sistema de salud. Tras el despido vinieron amenazas de muerte, por lo que decenas de médicos se fueron al exilio sin que hasta la fecha les hayan pagado sus prestaciones de ley, y quienes asumieron el riesgo de quedarse en Nicaragua denuncian que les han bloqueado la posibilidad de conseguir empleo en hospitales privados.
Médicos despedidos en Carazo, a finales de julio de 2018. // Foto: Carlos Herrera
El doctor Javier Pastora Membreño, exjefe del Departamento de Cirugía del Hospital Oscar Danilo Rosales Argüello (Heodra), en León, relató que las circunstancias de los trabajadores despedidos son “un espejo de la situación de Nicaragua: trágica, dolorosa y en el exilio”.
Para el doctor José Luis Borgen, urólogo despedido del Hospital Antonio Lenín Fonseca, en Managua, el principal problema de los trabajadores despedidos es que prácticamente no saben otro oficio más que la medicina.
“Fue como lanzarlos a la calle sin tener experiencia en otro tipo de práctica más que la vía institucional, muchos colegas se hicieron dependientes de un salario y al quitarles ese salario la vida se trastornó para ellos, pero lo peor de esto es que se les cortó el derecho de encontrar otra fuente de trabajo”, enfatizó Borgen.
Según la ley 423, Ley General de Salud, el MINSA es el ente encargado de “regular y supervisar” el sistema de salud en Nicaragua, por tal motivo los hospitales privados optan por evitar alguna discrepancia con el ente rector.
Alianza Cívica debe negociar el reintegro laboral
La forma arbitraria de los despidos también provocó muchas inconsistencias. Borgen señaló que “de los trabajadores que están exiliados, que son casi 57, ninguno de ellos ha recibido su liquidación”, y peor aún, hay gente que todavía no ha interpuesto una demanda formal debido a que el Tribunal Laboral mantuvo el despido a quienes sí se atrevieron a denunciar.
Durante las protestas, varios médicos, paramédicos, enfermeras y estudiantes de Medicina organizaron voluntariados para asistir a las víctimas de la represión. // Foto: Carlos Herrera
De igual forma, Pastora enfatizó que “no se les ha pagado ni cinco centavos, cero absolutamente. Pero nuestro objetivo no es que nos paguen, sino es ser reintegrados, a pesar de que ya hay unas sentencias (negativas) del Tribunal de Apelaciones de lo Laboral; nosotros tenemos el instrumento de la verdad y de la justicia”.
En su demanda de reintegro laboral y pago de salarios caídos, los miembros de la Unidad Médica Nicaragüense han solicitado a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que el tema sea incluido en las negociaciones que sostienen con el régimen.
“Los médicos de Nicaragua y el personal de salud estamos exigiéndole a la Alianza Cívica, que quede agendado el tema del reintegro como un punto básico y fundamental de justicia y reparación”, destacó Pastora.
“FETSALUD ha sido un verdugo”
La Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), el sindicato orteguista que aglutina a la mayoría de los trabajadores del Minsa, les ha dado la espalda a los médicos y enfermeras que demandan reintegro laboral.
Gustavo Porras abraza a Daniel Ortega tras su investidura como presidente, en 2017. // Foto: Carlos Herrera/Confidencial.
“Fetsalud ha sido un verdugo que ha participado y sido cómplice de estas barbaridades que sucedieron en el Ministerio de Salud”, subrayó Pastora.
Borgen denunció que además del abandono a los trabajadores de la salud que fueron despedidos, Fetsalud es el instrumento utilizado por el régimen para perseguir a los médicos y enfermeras en los hospitales públicos, lugares donde ha incrementado el acoso laboral.
“En el hospital Bertha Caderón, miembros de Fetsalud hicieron un video donde prácticamente están incitando al linchamiento de tres ginecólogas de gran trayectoria y de mucho prestigio, las catalogan como terroristas y golpistas”, señaló Borgen.
“El asedio se da también en el hospital Lenín Fonseca, donde Fetsalud conoce a los médicos que no son adeptos al sistema de Gobierno y hacen con ellos lo que quieren, a unos los han mandado a zonas rurales y a otros los cambian de unidades para no mantenerlos concentrados en el mismo lugar. Lo mismo sucede en el hospital Manolo Morales, nos han denunciado, el acoso a los residentes a través de los directores docentes amenazándolos con expulsarlos de las residencias si ellos expresan algo”, continuó el galeno.
Asedio y amenazas de muerte
Marcha de apoyo a los médicos y enfermeras despedidos por la dictadura, el 4 de agosto de 2018, en Managua. // Foto: Carlos Herrera
En la práctica privada el panorama no es muy alentador, los simpatizantes del régimen asedian a los médicos en sus viviendas y en sus consultorios privados causando que cada vez menos personas lleguen a las consultas.
María Eugenia Alonso es médico privado y cuando iniciaron las protestas en León auxilió a los manifestantes heridos en esa ciudad, desde entonces ha vivido “un año de asedio y acoso” para ella y toda su familia.
En múltiples ocasiones los paramilitares motorizados han llegado a rodear y lanzar piedras contra la vivienda de Alonso. “Nos acosan aquí (casa), nos mandan a decir que nos van a quemar la casa”, indicó.
Uno de los episodios que más la impactó fue cuando llegó a amenazarla el comisionado Fidel Domínguez, jefe de la delegación policial de León. “El 15 de marzo que supuestamente liberaron a unos presos (políticos) nosotros los fuimos a ver a la salida de Managua, a decirles adiós, aunque ni venían en el bus. Entonces a las 4:00 de la tarde estaba aquí el comisionado Fidel Domínguez amenazándome hasta de muerte. Vino a decirme ‘si vos volvés a hacer lo que estabas haciendo en la salida a Managua yo te echo presa y quien acaba con vos soy yo, quien acaba con ustedes soy yo’”, narró la doctora.
“Amenazaba a los que estaban en el porche (de la casa) y les decía ‘sálganse, sálganse, van a ver como los matamos’ y golpeaba las verjas y decía ‘los voy a acabar a toditos, los voy a matar’”, recordó Alonso.
Nicaragüenses no pueden pagar una atención de calidad
Antes de protestar por sus despidos, los médicos y personal de asistencia se unieron a las protestas para exigir atención a las víctimas de la represión. // Foto: Carlos Herrera
La crisis económica del país está repercutiendo negativamente en las consultas privadas, debido a que los ciudadanos destinan pocos recursos para el cuido de su salud y tras la ola de despidos en el Minsa, tanto los médicos como la población, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Según Pastora: “Algunos médicos podemos sobrevivir de la consulta que estamos dando, otros han tenido limitaciones gigantescas, otros están en el exilio sufriendo dolores, conozco casos de colegas que están en el exilio comiendo un tiempo de comida”.
Borgen lamentó: “Las unidades de salud no tienen recursos suficientes para garantizar la salud de los nicaragüenses, pero en la vía privada los nicaragüenses tampoco tienen dinero para comprar la mejor medicina y prácticamente recurren a las medicinas que están en los canastos del Mercado Oriental; entonces, eso hace difícil la práctica privada en este país”.
De igual forma, Alonso enfatizó que el acoso que sufre “ha repercutido en mi trabajo porque la gente no viene pasar consulta, porque tiene miedo de quedarse encerrados cuando nos vienen a rodear. Yo veo (atiendo) mucha gente pobre de las comarcas del norte y este de León, y (actualmente) a la gente le da miedo”, subrayó.
Silencio cómplice de la OPS
La persecución, amenazas y despidos arbitrarios en el Minsa fueron documentados y denunciados a nivel nacional e internacional por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). No obstante, los médicos nicaragüenses recienten que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) les haya dado la espalda.
Protesta de trabajadores de la salud en una marcha autoconvocada en Managua. // Foto: Carlos Herrera
“Nosotros pensamos que la afectación sanitaria que ha tenido la población no ha sido recogido por instituciones de gran valor y prestigio internacional como, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que no ha dicho una sola palabra respecto a los despidos masivos”, enfatizó Pastora.
Según el informe del GIEI, “la expulsión de una cantidad tan importante de médicos no puede entenderse como una acción desvinculada de la persecución política a opositores”.
Recomendó que “todas estas situaciones, que implican un drástico apartamiento de los deberes médicos, deberán ser investigadas y juzgadas cuando existan condiciones”.
