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Dictadura recrudece acoso policial contra defensores de DD.HH.

Presidenta del Cenidh considera que Ortega no se atreve a decretar el estado de emergencia, pero lo aplica de facto, alegando que “todo está normal”

El régimen orteguista desplegó este lunes sus fuerzas policiales por varios puntos de Managua para evitar una marcha en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convocada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), prohibida por la Policía. La ONG aprovechó la fecha para presentar un informe sobre la represión gubernamental durante los primeros seis meses de protestas cívicas, en los que afirma que el Gobierno “violentó” derechos como a la vida y a la integridad física y psicológica.

Las oficinas del Cenidh amanecieron rodeadas por patrullas policiales y antimotines, pocas horas después que la Policía Nacional se escudara en un tecnicismo legal para negar a la ONG el permiso de realizar la marcha, actividad que realizó ininterrumpidamente por 12 años.

Durante una entrevista en el programa Esta Noche, que se transmite por canal 12, Vilma Núnez, presidenta del Cenidh, exigió al presidente Daniel Ortega que “explique por qué mandó a extender el acoso militar” en contra de la ONG. “No nos van intimidar y seguiremos acompañando al pueblo a defender sus derechos y nosotros nuestro derecho a defender derechos”, añadió.

Dijo que con el expresidente Enrique Bolaños no tuvo problemas y tampoco durante los primeros años del Gobierno sandinista. Aunque en las últimas ocasiones, la Policía inició a ponerle retardaciones.

“Estamos legales”

La resolución policial, firmada por el comisionado general Luis Fernando Barrantes, jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la PN, señala que esa entidad “no autoriza, ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones, o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido golpe de estado”.

La Policía argumenta también que la ONG “carece de junta directiva legalmente constituida, está acéfalo desde el 25 de abril del año 2018… de forma que todo lo actuado… hasta la fecha, es inválido”.

“Esa imputación delictiva es parte de la criminalización sistemática de las ONG y los diferentes actores de la sociedad civil que están interesados en buscar como restablecer la democracia en el país”, comentó Núñez.

Explicó que la Policía Nacional comete el delito de “atribución de funciones”, ya que no le corresponde a este cuerpo de seguridad “decir si estamos legales o no ante el Ministerio de Gobernación”.

Afirmó que es a la Dirección de Asociaciones Sindicales, a la que le corresponde extender la carta de legalidad. “Categóricamente le decimos a la Policía que no vamos a entrar en contradicciones con alguien que se manifiesta de manera tan ilegal y delictiva. Estamos legales y vamos a acogernos a lo que dice la ley”.

Liberación de mil presos

El régimen celebró en la Asamblea Nacional un acto en celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Varios ministros asistieron, entre ellos la titular del Ministerio de Gobernación, María Amelia Coronel, quien anunció que Ortega otorgará un “perdón presidencial” a más de mil presos, por ocasión de la Navidad y Fin de Año.

La defensora de los derechos humanos aseguró que Ortega busca “vender la imagen de bonachón” con el “perdón presidencial”, pero lo hace saltándose los canales legales y los análisis correspondientes para otorgar indultos a reos comunes.

Detalló que para otorgar un indulto se realiza un escrutinio de carácter judicial del reo, además se analiza la conducta y el comportamiento basado en dictámenes emitido por los sistemas penitenciarios.

“El procedimiento cambia en lo siguiente: no se hace ninguna investigación. Ya el año pasado ocurrió algo parecido, donde incluso algunos parientes de víctimas reclamaron”, resaltó Núnez. El Gobierno liberó en 2017 a 887 reos, en 2016 fueron 557, en 2015 la cifra ascendió a 3 489. Todos los indultos fueron en diciembre.

La activista dijo que espera que Ortega utilice ese “perdón presidencial” para liberar a los más de 565 presos políticos, que es una solicitud que se ha cristalizado en la campaña “Navidad sin presos políticos”, impulsada por familiares de los detenidos.

Gobierno presentará informe

En la misma actividad, el canciller Denis Moncada anunció que el Gobierno presentará en el primer trimestre de 2019, su informe tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), que cada cuatro años realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los miembros de la ONU son sometidos a esta revisión.

“El informe comprenderá el período 2014-2018 e incluirá las acciones y avances alcanzados como resultado de un proceso de restitución y promoción de derechos humanos, desarrollado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, dijo Moncada.

Sobre la crisis política, expresó que era un “intento de golpe de Estado” que “ha sido derrotado por el pueblo nicaragüense, exigente hoy de paz, seguridad y justicia por los crímenes y torturas sufridos a manos de grupos políticos y terroristas financiados por algunos sectores del Gobierno de Estados Unidos y organizaciones de la sociedad civil, que trasgredieron la Constitución y sus leyes”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) recibe informes de las organizaciones de la sociedad civil, que luego integra en un solo documento que presenta al Gobierno, que debe o no responder a los señalamientos. Una vez confrontado con el Estado, el EPU —que contiene conclusiones y recomendaciones— se publica.

Para vender discurso

Sobre la actividad gubernamental en la Asamblea, Núñez afirmó que Ortega la usó para “vender” su discurso de que “todo está normal”, ya que no se atreve a decretar el estado de excepción o emergencia, que “es precisamente lo que viene ejecutando y poniendo en práctica”.

“La actividad en la Asamblea se ve como un discurso falso, los voceros de los altos comisionado de derechos humanos tienen una preocupación grandísima por el derecho a la salud y la educación”, agregó.

Subrayó que la política de la Oacnudh es mantener canales de comunicación abiertos con el Gobierno, para que les permita regresar al país, aunque el retorno debe ser en las condiciones óptimas para trabajar.

El régimen expulsó en agosto pasado a los representantes del Oacnudh en Nicaragua, luego que publicaran un informe en el que acusan al Gobierno de cometer abusos y violaciones de derechos humanos contra los manifestantes pacíficos.


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