Nación

Policía detiene en El Chipote a financiero de FVBCH y secuestran al contador

Cristiana Chamorro denuncia plan "tenebroso" en investigación por supuesto "lavado". "Es una venganza de Ortega al legado de mi madre"

En una noche tensa, después de una semana de presiones judiciales al periodismo independiente y a Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCh), las cosas empeoraron al final de este viernes.

A las nueve de la noche, la propia precandidata a la Presidencia denunció el secuestro de Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguos financiero y contador de ese organismo, respectivamente, lo que calificó como una “actuación tenebrosa”, que ocurre en el marco de la investigación que el régimen de Daniel Ortega realiza desde el 21 de mayo pasado por supuesto lavado de dinero a este organismo no gubernamental.

“Las dictaduras tenebrosas actúan de noche para meter miedo, para intimidar a todas las familias”, dijo Chamorro al ofrecer detalles sobre las detenciones de Gómez y Fletes, el primero conducido a la Dirección de Auxilio Judicial según le confirmó la propia familia, mientras el segundo su paradero aún era desconocido al cierre de la edición.

De acuerdo con los detalles relatados por Chamorro, durante una comparecencia realizada por Zoom, Gómez fue objeto de un operativo policial realizado en su vivienda en la Colonia El Periodista en Managua, donde la esposa le relató que un policía se acercó y le tocó una ventana para luego exigir que le abrieran la puerta, entraron y se lo llevaron, mientras un niño miraba horrorizado lo que ocurría.

En el caso de Fletes, quien se encontraba en una casa de seguridad, fue atrapado cuando se dirigió a la Fundación Cantera. A él se le acercaron unas personas y se lo llevaron secuestrado. Las sorpresivas detenciones marcan un endurecimiento de la posición de Ortega, cuya investigación parece centrada en lograr la inhibición de Chamorro, además de realizar una campaña sucia contra los medios críticos.

Fiscalía seguirá citando

La Fiscalía publicó un comunicado por tercer día consecutivo, en el cual resume su jornada de entrevistas a periodistas y extrabajadores de la Fundación —más de 20 hasta ahora– en calidad de testigos. Además menciona que seguirán “llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas” de la FVBCh.

Contradictoriamente, en ese pronunciamiento, las autoridades dijeron que reconocen “el trabajo que realizan los hombres y mujeres de prensa. Respetamos los derechos y la libertad de expresión de conformidad con lo establecido en la Constitución”.

Esta posición oficial contrasta con las denuncias de los mismos periodistas que han cuestionado la intención política de las autoridades en el proceso de investigación y también con las propias actuaciones de este organismo, acusado por organismos internacionales de fabricar casos contra opositores.

Eso mismo fue recordado por la periodista María Lilly Delgado en su defensa, cuando compareció ante los medios este viernes.  Entonces se formalizó el cambio a “investigado” de la condición de dos extrabajadores de la FVBCH, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, así como la corresponsal de Univisión, Delgado, luego que no declararon al rechazar el intento de los fiscales de quererlos hacer comparecer sin abogado. Inicialmente habían sido requeridos como “testigos”. Posteriormente seguiría el congelamiento de sus cuentas.

Chamorro dijo anoche que se encontraba en este momento centrada en la defensa de sus excolegas de la FVBCh y del periodismo nicaragüense, investigados por lavado de dinero, aunque el dinero tiene su origen en la cooperación internacional y la propia USAID, la fuente del financiamiento, negó que se cometió ese delito.

“Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y no haya un traspaso a la democracia”, aseguró.

La periodista recordó que el propio Ministerio de Gobernación dio las constancias de cumplimiento entre 2015 y 2018 a la FVBCh y que ahora, al pedirle explicaciones de por qué esta investigación, le dijeron que se habían equivocado, lo que resulta poco creíble. La Fundación cerró operaciones en febrero pasado al rechazar someterse a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, una medida represiva del régimen de Ortega para controlar el financiamiento.

“No sabemos lo que puede pasar mañana: si me van a inhibir; aún inhibida voy a seguir diciendo sí a Nicaragua”, anunció la precandidata, quien agregó que contactará a las autoridades de Ciudadanos por la Libertad (CxL) para conocer si están abiertos a la inscripción de precandidatos independientes y consensuar algunos puntos con ellos, después que dijeron que tenían las “puertas abiertas” para hacerlo.

Preocupación de OACNUDH

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) externó la mañana del viernes su “profunda preocupación” ante los recientes acontecimientos, a través de su portavoz Marta Hurtado.

Hurtado se refirió a la reciente aprobación de la reforma electoral orteguista y el intento de criminalización de periodistas independientes en el caso iniciado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público de Nicaragua en contra de la FVBCh, que presidía Chamorro Barrios, quien califica los señalamientos por supuesto “lavado de dinero” como una “farsa” para inhibirla.

“Actualmente, la sra. Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente y de ser inhabilitada como candidata”, valoró la OACNUDH.

Hurtado mencionó que el 19 de mayo, las autoridades anunciaron que habían iniciado una investigación penal contra una de las principales precandidatas presidenciales.

“La investigación se basa en la ‘Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva’ adoptada en julio de 2018. Esta ley, redactada en términos excesivamente amplios, ha suscitado de manera general la preocupación de que pueda ser utilizada para silenciar a las voces disidentes”, criticó Hurtado.

Desde la OACNUDH, Hurtado llamó al Gobierno de Nicaragua “para que cese todo hostigamiento -incluso el hostigamiento judicial- en contra de miembros de la oposición y periodistas”.

 



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