31 de octubre 2021
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El informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que la concentración de poder en el Ejecutivo nicaragüense, dirigido en los últimos 14 años por el régimen Ortega-Murillo, ha facilitado en Nicaragua la imposición de un estado policial, sobre todo desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Para la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua, este estado policial que el régimen orteguista mantiene en el país es desmantelable, aunque, destacó que sería un proceso “largo”, que requeriría “en primer lugar” la realización de “elecciones justas, transparentes, con garantías propias de unas elecciones democráticas”.
En entrevista con el programa Esta Semana que se transmite este domingo a las 8:00 p.m. en Confidencial YouTube y Facebook, la defensora de derechos humanos explicó que en el estudio que divulgaron el pasado 28 de octubre, se recogen recomendaciones que —de ser ejecutadas— ayudarían precisamente a desmantelar el estado policial impuesto por el régimen Ortega Murillo.
Entre las ocho recomendaciones giradas por la CIDH al Estado de Nicaragua destaca el llamado al restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.
La Comisión Interamericana ha presentado un nuevo informe sobre la concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, que culmina con la anulación de los derechos políticos de elegir y ser electo en estas votaciones del próximo 07 de noviembre ¿Qué le propone la Comisión a los cancilleres y a los Estados miembros de la OEA, que se van a reunir en noviembre y seguramente, van a deliberar sobre esta crisis de Nicaragua?
El informe hace dos recomendaciones muy precisas para los Estados miembros de la OEA y la comunidad internacional: uno, que le exijan al Gobierno nicaragüense la realización de elecciones libres, transparentes y justas, que son de las propias recomendaciones que ha hecho la comunidad internacional y, por otra parte, les propone exigir al Estado nicaragüense poner un fin inmediato a la represión y a las detenciones arbitrarias, así como a las demás violaciones de derechos humanos que se vienen registrando en el país, sobre todo desde la grave crisis de derechos humanos en 2018.
En marzo de 2019, durante el segundo diálogo nacional, el Gobierno de Ortega incluso firmó un acuerdo con la Alianza Cívica, comprometiéndose a restablecer las libertades democráticas; sin embargo, no solamente no cumplió con este acuerdo, sino que además endureció el estado policial. ¿Cómo se puede desmantelar un estado policial cuando el propio régimen más bien está aferrado y lo está endureciendo?
Es un proceso muy largo, pero son muchas las acciones que hay que tomar, sobre todo en la situación nicaragüense. Lo primero, es restablecer las libertades que no existen desde hace bastante tiempo en Nicaragua; segundo, ir generando confianza en las instituciones, ¿Cómo se hace eso? bueno; hay que modificar sustancialmente las instituciones y sus integrantes, hay que generar un nuevo Poder Judicial, un nuevo Ministerio Público, ir generando una Policía profesional, que no esté politizada y que no responda al Gobierno de turno, sino que tenga independencia profesional. Abrir los procesos de justicia y reparación y, sobre todo, sancionar a los responsables, porque en la medida que hay impunidad, un estado policial sigue accionando; generar institucionalidad democrática, derogar las leyes que se han aprobado en el último año. En general todas las recomendaciones que nosotros hacemos en este informe tienden precisamente a desmantelar este estado policial, pero es un proceso largo que requiere en primer lugar elecciones justas, transparentes, con garantías propias de unas elecciones democráticas.
¿Qué lecciones ha aprendido la Comisión con esta situación de derechos humanos en Nicaragua? ¿Hay algún avance en cuanto a lo que han planteado en sus recomendaciones o estamos retrocediendo?
No, yo creo que no hay ningún avance. Al contrario, creo que está consolidada la concentración de poder que ya vimos en 2018. Se ha consolidado la falta de independencia de los distintos poderes del Estado y se ha consolidado la debilidad institucional de las instituciones democráticas, propias de un Estado de derecho. Se ha consolidado la impunidad estructural y creo que no hay un avance. Y, como lecciones, la Comisión tiene primero las lecciones propias de la forma de trabajo. Ahora, en términos sustantivos ¿Qué lecciones? La importancia del pluralismo, no solo del pluralismo político, sino pluralismo social. La importancia que tiene una sociedad democrática, la importancia de la independencia del Poder Judicial, de los pesos y contrapesos, pero también a los defensores del pueblo, a los defensores de derechos humanos, el rol que deben cumplir los poderes legislativos en una democracia, son lecciones que uno ya lo sabe, pero Nicaragua de alguna manera ha demostrado la importancia de los pesos y contrapesos, de la rendición de cuentas, del acceso a la información, sobre todo en lo que hemos visto en la pandemia. Como lección, también tengo que destacar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente. Si la Comisión ha podido hacer su trabajo desde que no puede visitar Nicaragua, ha sido gracias a la labor constante de los defensores de derechos humanos y también del periodismo independiente, que han generado la información que nos ha permitido hacer ese monitoreo.
Usted es ahora candidata para un nuevo período como comisionada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Cuál es su principal propuesta en caso de resultar electa?
Lo primero es hacer frente a los desafíos que nos ha dejado la pandemia en la región; creo que ha sido brutal en materia de derechos humanos y no solo ha afectado a los grupos más vulnerables, sino también sobre los efectos de la pandemia en temas de acceso a los derechos económicos y sociales y estructurales. Creo que es fundamental y es el principal desafío que tenemos que enfocar, generando mayor conciencia. También, estamos viendo en los últimos meses en los distintos países de la región, no solo en Nicaragua, la importancia de los pesos y contrapesos en un Estado de derecho, para la garantía de derechos humanos, y la importancia de la independencia judicial. Otra área de trabajo que la Comisión debe impulsar con más fuerza es la importancia de la independencia judicial en una democracia, para el ejercicio de derechos humanos y seguir trabajando. Es un tema en el cual soy relatora, en el tema de memoria, verdad y justicia, porque la región continúa enfrentando una impunidad estructural, no solo Nicaragua, sino la región, y me parece que hay una línea de trabajo que se debe continuar.
Cuando la Comisión llegó a Nicaragua en mayo de 2018, su trabajo fundamental fue, en primer lugar, documentar la represión, encontrarse con las víctimas y de ahí surgió su primer informe en el que hizo una serie de recomendaciones al Estado, ¿cómo avizora el futuro de Nicaragua ? Hoy se vive un estado de total impunidad ¿Esta demanda de verdad y justicia está en la agenda del país, en la agenda de la OEA?
No la veo en la agenda del país en términos del Gobierno, del Estado. No es una agenda, es decir, nosotros denunciamos de manera permanente esa impunidad estructural y yo he señalado que me impresiona la rapidez con la cual, por ejemplo, actuó el Poder Judicial en la detención de más de 35 personas opositoras. Ahí actuó con mucha eficiencia, y no ha actuado con ninguna eficiencia en los casos de los más de 328 fallecidos en el contexto de las protestas. Ahora, no sabría decir si está en agenda de la OEA, pero sí está en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en mi propia agenda, como relatora de Memoria, Verdad y Justicia. Si soy relegida, voy a continuar trabajando en el tema de la impunidad estructural, como garantía de no repetición, y Nicaragua es un ejemplo muy importante. Además, es un tema que está en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil. Quiero rescatar la labor que han ejercido sobre todo mirando en un proceso de mediano y largo plazo, cuando vuelva la democracia en Nicaragua, cuando exista un proceso de justicia transicional.
¿Hay esperanza para estas demandas de justicia cuando no se ha logrado establecer las bases de la democracia?
Yo entiendo que a veces uno pierde las esperanzas, pero creo que siempre hay que tenerlas. A veces los procesos tardan, pero llegan, por eso es importante no solo no perder la esperanza, sino seguir trabajando con esa perspectiva de que la justicia en algún momento va a llegar. Por eso la importancia de los testimonios, de la documentación y continuar trabajando.
