23 de julio 2019
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Para los casi 70 000 exiliados políticos que ha generado la crisis sociopolítica de Nicaragua no hay un buen panorama. Un estudio de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) concluye que los alargados procesos de regulación migratoria en Costa Rica, Panamá, Honduras y Estados Unidos causan frustración, incertidumbre y desprotección en los desplazados.
Al no tener un panorama migratorio claro, a los exiliados se les dificulta tener un empleo, el acceso a la salud y a información pertinente para gestionar sus casos ante las autoridades migratorias.
El estudio cualitativo realizó grupos focales en los países antes mencionados, siendo Costa Rica la nación que más solicitudes de refugio ha recibido. Entre 2018 y 2019, la migración costarricense ha recibido 68 638 solicitudes de refugio, pero no todas han sido atendidas, según el informe.
Michelle Langrand, de la RIDH y una de las autoras del estudio, dijo que Costa Rica ha entregado al menos a un 8% de los solicitantes un permiso de trabajo. “Sin embargo, eso no significa que vayan a obtener trabajo. Los que han conseguido han sido en trabajos informales, en sembradíos de piña, trabajo doméstico, jardinería, o han realizado emprendimientos como vender comida”, explicó Langrand.
Aunque el estudio revela que los desplazados tienen otras preocupaciones como el acceso a la salud, la vivienda y la xenofobia, la principal es el desempleo. Los nicaragüenses perciben que con un trabajo podrían resolver las demás preocupaciones que los aquejan y dejar de depender de los programas de ayuda.
En cuanto al empleo, pero también en la educación, las principales trabas para el acceso son: acceso al trabajo formal, criminalización del trabajo informal, valoración de los títulos académicos y profesionales, y documentos como récords policiales, tarjetas de vacunación y récords policiales.
Ante la persecución desatada por policías y paramilitares del Gobierno de Ortega, muchos de los desplazados han tenido que huir de Nicaragua sin nada, mucho menos esa documentación.
De acuerdo a Langrand, esta situación genera explotación laboral y sexual, accidentes laborales, deserción escolar, y negocios ilícitos como la venta de drogas.
Aunque no lo especifica, el estudio también llama la atención que entre los desplazados existen profesionales a quienes conseguir un trabajo acorde a su profesión es casi imposible.
Pese a la dimensión de la crisis de desplazados en Costa Rica, y a la que el Gobierno tico ha atendido, el estudio de la CPDH y la RIDH sostiene que falta voluntad política para reconocer la amplitud de la crisis migratoria nicaragüense, y declara como tal en los países receptores.
Langrand dijo que una de las razones de más peso es que los gobiernos creen que la crisis sociopolítica es algo que “puede resolverse pronto”.
“Falta de sensibilización del personal sobre la situación de los desplazados nicaragüenses”, resalta el estudio. Falta de programas y recursos humanos y económicos adecuados y suficientes para atender la magnitud de la situación”.
La vivienda es otro elemento clave, ya que los nicaragüenses están habitando en “condiciones inadecuadas en los refugios informales que se han creado”. Esos problemas son tres: “hacinamiento, insalubridad, inseguridad”.
“La problemática de los desplazados es bastante grave. En el caso particular de Costa Rica, debería declararse como una crisis”, dijo Denis Darce, integrante de la CPDH. “En el caso de Costa Rica hay un gran abismo entre la política que se expresa en el discurso, el marco normativo en algunos instrumentos legales, y la realidad que están viviendo los nicaragüenses”.
Según Darce, el Estado de Costa Rica ha sido colapsado por los desplazados nicaragüenses. “Sus capacidades para resolver las demandas en derechos humanos para estas personas han sido rebasadas. No hay una política que permita el acceso al empleo, como una demanda clave de los desplazados. Hay un alto porcentaje de estudiantes a punto de finalizar sus estudios que llegaron acá, y ese capital humano no puede ser absorbido por Costa Rica”, explicó el abogado.
