11 de marzo 2016
AA
Con las manos arriba y desarmado, Heriberto Armas Ramos, recibió el balazo que soltó el rifle de Wilfredo Figueroa Martínez, un policía voluntario que, con otros tres compañeros, entró al bar El Buen Amigo, donde Armas Ramos estaba la noche del 07 de febrero.
Cándida Armas Ramos, hermana de Heriberto, relató que la orden de disparar, fue dada por el jefe de sector de la Policía Nacional en El Hormiguero, Anastasio Cárdenas Ochoa.
Las rencillas entre ambos, supuestamente, motivaron la acción contra quien Armas Ramos, dijo su hermana, quien había interpuesto una denuncia en una delegación policial. “Él no tenía problemas con los demás policías, solo con él”, afirmó. En el operativo “se dirigieron solo a él”, pero no fue el único herido. Jorvin Guido de 18 años, pasaba por el lugar cuando los policías abrieron fuego.
“Levantó su arma AK y le disparó el balazo, mi chavalo va corriéndose al mirar eso, dice que él sintió que prá le cayó el balazo y prá se le salieron las tripas a él ´¡ay!´ dice, ´me mataron´”, denunció José Santos Guido, padre de Jorvin.
Este miércoles José Santos y Cándida, acudieron desde Siuna, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, para exponer su reclamo contra la institución policial y el Ministerio Público, que según ellos no ha procedido de acuerdo a la ley.
Hasta ahora, un mes después del incidente en el que falleció Heriberto y Jorvin resultó herido, sólo Wilfredo Figueroa Martínez está detenido. El Poder Judicial en la zona no ha programado la primera audiencia y se ha alegado que “no se va a programar porque no hay secretario judicial”, explicó Maryuri Rodríguez, abogada del Cenidh.
En la acusación presentada por el Ministerio Público, continuó Rodríguez, “dice que hay homicidio imprudente, lesiones imprudentes, por una actuación negligente de la Policía, en ningún momento se evidencia en la acusación que la Policía haya tenido algún riesgo, en ningún momento se evidencia que las victimas hayan portado armas”.
Heriberto Armas Ramos tenía 44 años y trabajaba cuidando una finca. Allí es que, presuntamente, habría tenido roces con Anastasio Cárdenas Ochoa.
Para Cándida Armas Ramos el ataque contra su hermano fue premeditado. “Él no era un antisocial. No era ningún delincuente. No tenía antecedentes en la Policía (…) no se encontraba haciendo ningún mal acto, no estaba haciendo ninguna violencia, sino que entraron de forma agresiva, apuntándolo. Sin mediar palabra con él le propinaron un disparo con AK (…) dicen que iban a requisar, pero eso no fue una forma de requisar porque entraron de forma violenta y de forma directa”, aseveró.
No es el primer caso
El primero de marzo de este año, Hernán Sevilla Dávila y Gladys Altamirano Sánchez, interpusieron una queja formal ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por el asesinato de su hijo Wilfredo Dávila, ocurrido el 20 de febrero de 2016.
El hecho se los informó el delegado de la comunidad de San Pablo de Iyas, hasta el día siguiente. El 22 de febrero, ellos llegaron al sitio a buscar el cuerpo de su hijo.
“Al llegar vi a la policía de Siuna y al ejército, se nos acercaron y nos preguntaron que con quién veníamos y nos tomaron fotos a todos”, reza el documento presentado.
Según los padres de Wilfredo Dávila, los “aledaños” les dijeron que a su hijo lo había matado un finquero, pero la Policía, “no me brinda información precisa y clara, lo único que hicieron fue enseñarnos un teléfono, con fotos de mi hijo (…) vestido de civil y en otras con uniforme pinto y con AKA en mano, luego una imagen muerto con un impacto de bala en la frente”.
No les entregaron el cuerpo. Tampoco sus pertenencias. Les dijeron que él ya había sido enterrado (sin mostrarles la tumba) y que si se lo querían llevar debían presentar una “orden judicial”.
El alcalde de Mulukukú, Guillermo Lara -se lee en texto- “sostuvo que no me apoyaba con el ataúd porque mi hijo era un delincuente, que andaba con los rearmados”.
En el documento Hernán Sevilla Dávila y Gladys Altamirano Sánchez, solicitan a las autoridades se realicen las debidas diligencias para “el esclarecimiento de los hechos (…) a fin de que el caso no quede en la impunidad”.
Piden justicia e indemnización
“Pedimos a la primer comisionada Aminta Granera que investiguen el caso de este oficial de El Hormiguero (…) que investiguen bien su historial, cómo ha venido siendo su conducta con la sociedad. Su comportamiento durante todo este tiempo que se ha desempeñado en su cargo”, exigió Cándida Armas Ramos.
José Santos Guido, por su parte aseguró sentir temor. “Yo por lo menos cuando miro a la Policía como que me da miedo”, dijo. Ha gastado entre 2 mil 500 y 3 mil dólares en la recuperación de su hijo, que este año cursaría 4to año de secundaria.
Jorvin Guido, hoy no puede levantarse de la cama. “Tengo que andarlo como un niño asistiéndolo”, lamentó su padre.
Según Maryuri Rodríguez, este no es el primer caso que reciben del Triángulo Minero denunciando abuso policial.
Para la abogada del Cenidh, no debe juzgarse solamente al “autor directo”, sino también al “responsable de ese operativo policial, porque andaban en una patrulla policial”. Ahí cabe, insistió, la “responsabilidad institucional de la Policía Nacional”, que “debe actuar con profesionalismo más allá de rencillas personales”, concluyó.
Hasta ahora, ni el Ejército, ni la institución policial se han pronunciado acerca de los dos casos mencionados.
