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Ejército persigue y mata en el campo, sostiene informe ante CIDH

Líderes campesinos y defensores de derechos humanos presentaron denuncia sobre crímenes selectivos

Mientras el nuevo liderazgo opositor nicaragüense viajaba a El Salvador para presentar sus testimonios a la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), otro grupo aprovechó el 173 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para informar de los crímenes que se cometen en las zonas rurales de Nicaragua.

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’, y Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino, explicaron que decidieron aprovechar la cita para poner en conocimiento la grave situación de violaciones a derechos humanos contra la población campesina.

Carrión manifestó que la organización, representada por su colega Wendy Flores, aprovechó para denunciar “la represión, la persecución, la criminalización contra el campesinado, incluyendo el desplazamiento”, de la población rural dentro y fuera de Nicaragua.

“Un tema central fueron las ejecuciones arbitrarias que el monitoreo del colectivo de derechos humanos” calculó en -al menos- “treinta personas que han sido asesinadas, en la mayoría con patrones similares a ejecuciones arbitrarias, de ese tipo de ejecuciones que se han venido dando desde hace más de diez años en Nicaragua”.

Esa versión coincide con la de Amaru Ruiz, de la ilegalizada Fundación del Río, quien señaló hace varias semanas, al participar –también en El Salvador- de la actividad ¿Hacia dónde va Nicaragua? que el conflicto comenzó en el campo, mucho antes de abril de 2018, pero que los crímenes solo fueron visibles cuando ocurrieron en las ciudades, y fueron amplificados gracias a la penetración de las redes sociales.

“Logramos poner en agenda, una vez más, el tema de las sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos, particularmente contra la población campesina, porque en la medida que hay mucho aislamiento y lejanía, hay menos posibilidades de fiscalización social y a través de los medios. Hay mayor riesgo de impunidad que la que existe en todo el país”, dijo Carrión, al ser entrevistado en el programa Esta Semana, que se transmite en línea.

No son muertes casuales

El defensor de derechos humanos mencionó que, si bien las fuerzas represivas del régimen se esfuerzan por lograr que el resto del país acepte que los muertos están bien muertos y hay que olvidarse del tema, (porque supuestamente se está reportando la muerte de delincuentes comunes), el país entiende que fueron asesinados por su filiación política.

La característica que estas personas tenían en común, es que “habían sido opositores o pertenecido a la resistencia nicaragüense” mientras que en la actualidad “su vínculo en el contexto de estos diecisiete meses de brutal represión… como en el caso de la familia Montenegro, es que participaban activamente en la protesta, en los tranques, y se les quitó la vida: a uno trabajando en la finca, y a dos familiares en territorio hondureño”, recordó Carrión.

En el caso del campesinado, existía la demanda de proyectar la realidad en el campo, porque la lejanía, la dispersión y además la política de terror, limita que las personas denuncien de manera contundente. En Nicaragua no hay condiciones para denunciar y que se esclarezca un hecho, y en el campo esa realidad se empeora. En ese sentido, creo que se puso en agenda el tema de las graves violaciones contra el campesinado”.

El defensor dijo que, además del desplazamiento, asesinato y persecución de los campesinos, “los excarcelados siguen siendo perseguidos”, por lo que urge “visibilizar las sistemáticas y graves violaciones a derechos humanos”, entre las que incluye “la violencia sexual contra personas que estuvieron en la protesta, o que son señalados de terroristas y golpistas”, por lo que se usó en contra de ellos la violencia sexual como método extremo de tortura.

Dijo que “la Policía Nacional descalifica a estas personas, casi diciendo que aceptemos que están bien muertos, porque los señala de delincuentes, sin investigación. Los matan de forma impune. Esas fuerzas institucionales están comprometidas, por acción o por omisión, con la participación de los escuadrones de la muerte, a los que conocemos como paramilitares”.

El entrevistado señaló que “en el campo no es un secreto que el Ejército también tiene labores que no tendrían por qué ser, porque desde hace años persigue personas: no las captura, sino que las mata. Entonces aquí hay una implicación del Estado por acción y por omisión”, concluyó


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