7 de diciembre 2020
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La unidad de todos los sectores de la población incluida la Iglesia Católica, los empresarios y la sociedad civil para demandar la liberación de los presos políticos en manos del régimen de Daniel Ortega, es lo que piden los abogados defensores Yonarqui Martínez y Julio Montenegro.
Martínez y Montenegro, defensores de 22 y 28 reos de conciencia, respectivamente, defienden la inocencia de los presos, pero denuncian las violaciones al debido proceso y la colusión del sistema judicial para condenarlos si pruebas.
Los abogados consideran que, por ahora, la prioridad de todos los sectores de la población debería ser exigir al régimen la liberación de los presos políticos y no lo que Martínez considera es una “distracción”, por las elecciones de noviembre de 2021.
“Evidentemente, no es que no estemos de acuerdo con elecciones, es que si no hay restablecimiento de derechos humanos en el país nada de lo que se haga es legítimo”, advirtió Martínez, asesora del Comité de Familiares de Presos Políticos.
Por su parte, el abogado Montenegro destacó que la Iglesia Católica ha hecho esfuerzos para exigir la liberación de los opositores del régimen de Daniel Ortega, e invitó al Cardenal Leopoldo Brenes a sumarse a esta petición.
En una entrevista publicada por CONFIDENCIAL este seis de diciembre, el Arzobispo de Managua abogó por que las “personas privadas de su libertad por represión política” puedan ser liberadas muy pronto.
“En cierto momento hay una falta de empatía, el preso político tiene una vida, una historia, no son delincuentes y es bueno visualizar que tenemos médicos y tenemos gente muy importante para la sociedad”, recordó Martínez.
Jueces dejan a reos en indefensión
En las cárceles de Daniel Ortega hay por lo menos 109 presos políticos, según el abogado Montenegro, quien también lamentó los obstáculos que pone todo el sistema judicial del régimen para que la defensa de ellos sea adecuada y oportuna.
Por ejemplo, el abogado relató durante una entrevista en el programa Esta Semana, que para poder entrar a defender a los reos políticos, los guardas de seguridad de los Juzgados de Managua los revisan y hasta le han señalado que los lapiceros que lleva “son micrófonos”.
Y para agravar todavía más las cosas, los abogados además manifestaron que los jueces no atienden las solicitudes que ellos realizan durante las defensas. Durante el juicio del reo político Jader González, la abogada Martínez expresó que no se le permitió hablar y fue ignorada por la jueza Nancy Aguirre.
“Deja en indefensión a Jader González y es parte del maltrato que los defensores de derechos humanos sufrimos en manos del Poder Judicial”, se quejó.
“Delitos son perfeccionados”
Después del estallido de abril de 2018 en contra del régimen de Ortega y Rosario Murillo, centenares de personas eran detenidas por la Policía y llevadas a las cárceles bajo acusaciones de delitos de terrorismo.
En junio del 2019 el régimen aprobó una Ley de Amnistía que “absolvía” a quienes participaron de las protestas y beneficiaba incluso a quienes no habían sido investigados, tenían procesos de investigación abiertos o se encontraban cumpliendo condenas por las manifestaciones pacíficas que el régimen calificó de “actos terroristas”.
La Ley de Amnistía, según relatan los abogados, no ha servido para impedir que la Policía de Ortega mantenga un asedio permanente en contra de opositores o personas que fueron excarceladas y por el contrario, ahora se fabrican delitos más complejos que elevan las penas en contra de los reos políticos.
Ahora a ellos se les acusa de lo que Martínez considera es un “cóctel” de delitos comunes .
“Ahora estamos viendo delitos como narcotráfico, crimen organizado, pero ahora está de una manera más perfeccionada porque están imputando drogas, armas de fuego que son solo de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua. Hubo en su momento también delitos sexuales”, expresó la abogada.
Con las limitaciones que imponen los judiciales es mucho más difícil lograr una defensa justa para todos estos reos que los abogados aseguran no cometieron los delitos que les son imputados.
Al contrario, describen la maquinaria de fabricación de casos de la dictadura que empieza con “un trabajo anterior de la policía que no es honesto ni imparcial”, y que además, según explica Martínez, a veces hasta “presentan testigos que nunca estuvieron en el lugar de los hechos”
Otra “novedad”, que revelan los abogados, es que ahora las autoridades judiciales presentan testigos por videollamada, y el abogado Montenegro dice que de esa forma es difícil saber si se comunican con alguien más o si tienen un “teleprompter que están leyendo”.
Y también hay irregularidades en los casos, como ocurrió con María Esperanza Sánchez, quien fue detenida en una casa de seguridad luego que tuviera que huir de su vivienda en Matagalpa por el acoso de paramilitares.
Según la fiscalía, relató Montenegro, ella fue detenida en el kilómetro 12 Carretera a Masaya junto con Victor Soza, quien en realidad fue capturado por la Policía en casa de Sánchez, y supuestamente estaban traficando drogas.
El dos de diciembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, publicó un informe en el que destacan que desde abril del 2018 hasta mayo del 2020, el régimen de Ortega encarceló a más de 1614 personas por haberse manifestado en contra del régimen de Daniel Ortega.
El mismo informe destaca que los presos políticos han sufrido maltrato y tratos crueles, hacinamiento y violencia sexual entre otras violaciones a sus derechos humanos.
Sistema de justicia se ensaña contra reos políticos
Al reo Justo Emilio López, quien fue condenado a tres años de prisión por “obstrucción de funciones”, no se le permite ningún tipo de beneficio, a pesar de sus padecimientos de salud.
López sufrió un derrame cerebral y se encuentra internado en el Hospital Lenín Fonseca en Managua, donde también sufre tortura psicológica de parte de los custodios que lo mantienen retenido.
Martínez alegó que a pesar de las constantes solicitudes que se le ha hecho al órgano judicial, no le han permitido ningún tipo de beneficio por lo que es considerado un delito menor.
Los casos de los reos políticos Jader González, Carlos Bonilla también demuestran que el régimen persigue a quienes vuelven del exilio o incluso es capaz de encarcelar en varias ocasiones a un mismo reo sin ningún tipo de razón.
