7 de mayo 2022
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La cancelación de la personería jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el pasado 20 de abril, y el exilio forzado de sus directivos, Marcos Carmona y Denis Darce, son el último capítulo de una serie de persecuciones que viven los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Un país que desde 2018 se encuentra en una crisis sociopolítica y de derechos humanos que ha dejado al menos 355 asesinados, centenares de heridos y un millar de presos políticos, 180 de ellos todavía permanecen en las cárceles, pero los defensores resisten la embestida.
El régimen de Daniel Ortega ha clausurado las oenegés humanitarias en el país y ha forzado al exilio a decenas de defensores para evitar ser encarcelados por su labor, como le sucedió a la abogada María Oviedo, de la CPDH, quien ha sido condenada por la justicia orteguista en dos ocasiones. En agosto de 2019, cuando fue declarada culpable por supuesta obstrucción de funciones y condenada a 30 días de cárcel; y en febrero de 2022, fue declarada culpable por el presunto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y condenada a ocho años de cárcel. La defensora permanece detenida desde el 29 de julio de 2021.
Ortega también echó del territorio nacional a organismos internacionales de derechos humanos, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Inclusive, el jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, y el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, fueron expulsados en marzo pasado.
Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) —el primer organismo humanitario cancelado y confiscado en diciembre de 2018— la persecución hacia los defensores de derechos humanos es parte de una estrategia del régimen "para sembrar el terror en los momentos más críticos de la represión".
En 2018, el Cenidh "era la organización que estaba marcando la denuncia desde la perspectiva de derechos humanos a nivel nacional e internacional", señaló Núñez. Entonces, para el régimen "era indispensable callar esa voz, porque era el momento que tenía que sembrar terror. Y hasta cierto punto lo logró".
Tras la cancelación y confiscación del Cenidh, el régimen continuó con una serie de amenazas contra los defensores, obligándolos a exiliarse para conservar su libertad.
Evitar documentación y sistematización
Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ —fundado en 2019 en Costa Rica por defensores nicaragüenses exiliados— opinó que la cancelación de las oenegés humanitarias en Nicaragua obedece a “un interés real (del régimen) de suprimir la documentación y sistematización” de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en el país.
Asimismo, las amenazas, persecución y encarcelamiento que sufren los defensores de derechos humanos son “una verdadera tragedia”, advirtió Guadamuz. Esta situación "limita los derechos políticos", tanto de los defensores como de la ciudadanía y “la única política pública que se observa (en todo esto) es mantener a Ortega en el poder”, agregó el defensor.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, señaló en conferencia de prensa —tras la cancelación de su oenegé— que la embestida contra los defensores se debe a que "no hay voluntad, por parte del Gobierno, que haya organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en este país".
Carmona sostuvo que la medida afecta a todo el pueblo de Nicaragua, porque "de alguna manera la CPDH era la única institución que estábamos (legalmente) para documentar las arbitrariedades y los abusos que se cometen desde los diferentes poderes del Estado y desde los diferentes funcionarios".
Otras de las organizaciones humanitarias canceladas por el régimen son el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH).
Defensa continúa sin personería
A pesar de la cancelación de las personerías jurídicas, los defensores continúan su labor de denuncia de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Mientras el Cenidh realiza un trabajo remoto; el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, opera desde San José, Costa Rica; y la CPDH en su oficina en Miami, Estados Unidos.
"Si afecta el hecho que no tengamos oficina, que seamos perseguidos con una campaña terrible, calumniosa e infame de destrucción personal, imputándonos cualquier conducta delictuosa", señaló Núñez. Pero eso no significa que con el cierre de la organización se acabó la defensa de los derechos humanos, "nosotros seguimos", apuntó.
La defensora destacó que ante el contexto de represión en Nicaragua, "lo que nos queda es la denuncia pública como mecanismo de defensa de derechos humanos para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo tome conciencia de la situación". También, valoró, se puede hacer gestiones ante los mecanismo internacionales de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
