20 de noviembre 2021
AA
Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales demandaron que cese la “tortura y aislamiento” al que son sometidas las cuatro presas políticas del movimiento Unamos; Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, que el régimen Ortega-Murillo mantiene encarceladas desde hace más de cinco meses en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “el nuevo Chipote”.
El llamado de los DD. HH. se realizó este jueves, 18 de noviembre, durante la presentación del informe “Dictadura y represión en Nicaragua: Lucha contra la impunidad”, elaborado por 15 organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de víctimas de la represión desatada en Nicaragua desde abril de 2018 por el régimen orteguista.
“Hacemos el llamado para que cese la tortura y el aislamiento de las mujeres presas políticas y, por supuesto, para la liberación de todas y todos los más de 150 presos políticos en Nicaragua”, urgió la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien dio acompañamiento a la presentación del informe.
Además, denunció que las cuatro presas políticas llevan más de cinco meses “en confinamiento solitario, aisladas en sus celdas, sin ver a sus familiares o viéndolos por escasos momentos, y sin poder ver a sus hijas menores de edad”.
Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Right Watch, apoyó el llamado hecho por Urrejola y destacó que el informe, realizado por las 15 organizaciones es, precisamente, un “aporte” que ayuda a denunciar las graves violaciones que se continúan cometiendo en Nicaragua y para “seguir armando el expediente criminal del régimen de Daniel Ortega”.
Crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado e impunidad
El informe “Dictadura y represión en Nicaragua: Lucha contra la impunidad”, según lo expuesto durante la presentación, “sistematiza y reorganiza los hallazgos ya disponibles, así como actualiza, con nuevos hechos y prácticas, la grave situación de derechos humanos” en Nicaragua.
El objetivo del mismo, explicaron, es “actualizar y reorganizar los hallazgos disponibles para sostener y comprobar la masividad y sistematicidad que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad que pueda conducir a reforzar la lucha contra la impunidad”.
El documento -de más de 200 páginas- recoge más de tres años de graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua y detalla las seis fases de represión que ha ejecutado el régimen Ortega-Murillo.
Las fases registradas son: represión generalizada contra la protesta ciudadana; imposición de un Estado terrorista y la “Operación Limpieza”; criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos; prohibición de la protesta social hacia un estado de excepción; secuestros exprés, torturas, cárceles clandestinas; y el encarcelamiento y criminalización de opositores electorales.
https://www.facebook.com/ColectivoNicaraguaNuncaMas/videos/446056160398068/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
El informe señala que los principales "blancos de la represión y persecución" del régimen orteguista han sido: defensores derechos humanos, estudiantes, mujeres, población LGTBIQ+, indígenas y afrodescendientes, campesinos, líderes religiosos, periodistas, opositores políticos.
Además, denuncia que la persecución contra los nicaragüenses ha forzado a miles a “huir de sus hogares, esconderse en casas de seguridad o exiliarse para solicitar protección internacional y refugio fuera del país”.
El documento detalla que en el país se han violentado derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud, a través de la negación de la atención de manifestantes y el asesinado de más de 300 nicaragüenses en el contexto de las protestas de 2018.
Destacan que los derechos a la libertad de expresión y a estar informado se encuentran vulnerados en Nicaragua, ya que los periodistas y medios de comunicación críticos e independientes “fueron y siguen siendo un blanco permanente de ataques, actos de intimidación, acoso, hostigamiento y persecución penal, amenazas y agresiones, estigmatización, difamación, asedio y vigilancia”.
Los defensores denuncian que todas estas graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, ejecutados por el régimen orteguista en estos ya más de tres años de crisis sociopolítica, “se produjeron con garantía de total impunidad” y la gran mayoría de las muertes “no han sido judicializadas y se encuentran en un estado de total impunidad”.
La comisionada Urrejola, durante su intervención en la presentación del informe, abogó porque en Nicaragua se garantice “justicia, verdad y reparación para las más de 300 personas asesinadas en estos años, para que las madres de abril, para que todos los familiares de las personas asesinadas puedan tener reparación integral”.
La también relatora para Nicaragua instó a no olvidar las palabras de Álvaro Conrado, una de las primeras víctimas asesinadas durante las protestas de 2018, que expresó que "no podía respirar", pues, afirma, “simbolizan la barbarie de lo ocurrido y nos recuerdan que no podemos permitir el regateo de la impunidad”.
Las defensoras Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional, y Jimena Reyes, responsable de las Américas en FIDH, que acompañaron la presentación del informe, también expresaron la importancia del trabajo hecho por las 15 organizaciones, pues, apuntaron, son herramientas que sirven para seguir denunciando las violaciones a derechos humanos que se han cometido, y se siguen cometiendo, en Nicaragua.
Entre las organizaciones que participaron de la elaboración del informe están: Acción Penal, Articulación de Movimientos Sociales (AMS), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (Nicaragua Nunca +).
También participaron el Comité Proliberación de Familiares Presos Políticos de Nicaragua, Popol Na, Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX); Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragüenses en el Mundo (NEEM), Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Unidad Defensa Jurídica (UDJ), Unidad de Registro (UDR) y la Unión de Presos y Presas Políticos Nicaragüenses (UPPN).
