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Otro “decretazo” más pone en riesgo los bosques de pino

“La suspensión de la veda del pino es un crimen contra los recursos naturales y contra el agua”, manifestó Hazly Tourniel, miembro del grupo Mogotón

El Gobierno de Daniel Ortega aprobó el pasado viernes doce de enero el decreto 01-2018 para “la suspensión de la veda para el corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de árboles de pino”. La ordenanza abarca los bosques de pino en todo el territorio nacional, incluidas las áreas protegidas y podría ser prorrogable según las recomendaciones del Instituto Nacional Forestal (Inafor) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La decisión del presidente Ortega ocurre después de que aprobara el pasado 29 de noviembre un nuevo decreto sobre el “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales”, reglamentado por la ordenanza (21-2017), el cual es más flexible sobre la preservación y cuidado de los recursos naturales y en el que subsiste la desfasada percepción de la ecología versus la economía.

Hazly Tourniel, presidente del Grupo Mogotón, declaró a Confidencial que la aprobación del decreto 01-2018 transforma la paz del pueblo segoviano en una situación caótica, pues la suspensión de la veda de pino no solo se reflejará en la deforestación de los pinares, sino que recrudecerá los problemas serios que estas poblaciones tienen respecto al acceso del agua potable.

“La suspensión de la veda del pino es un crimen contra los recursos naturales y contra el agua. Porque hay más de 280 mil segovianos que dependen de esos pequeños ríos que están en agonía. La decisión del Gobierno no es nada más que una complacencia con la mafia maderera que es atroz con los recursos y está auspiciada por funcionarios corruptos del Inafor y el Marena”, reclama Tourniel.

La suspensión de la veda de pino también supone un panorama desalentador para las poblaciones de Nueva Segovia, Madriz, Estelí y demás departamentos que dependen de estos bosques para que sus ríos tengan caudales capaces de abastecer de agua a sus comunidades, además pone en riesgo la biodiversidad y la alteración del microclima no solo de Nicaragua, sino del sur de Honduras.

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Los pinares amenazados por nuevo decreto preocupan a los pobladores de Nueva Segovia. Foto | Boletín Ecológico

Acuerdo de París, “un show”

El presidente Ortega ratificó en octubre del 2017 la adhesión de Nicaragua al Acuerdo de París y se comprometió a “cumplir fielmente” cada una de las disposiciones del “pacto mundial” para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que favorecen el aumento de la temperatura global.

“El Acuerdo de París, a pesar de no ser el acuerdo ideal, es el único instrumento que permite, en la actualidad, esa unidad de intenciones y esfuerzos. Como jefe de Estado y de Gobierno, declaro que Nicaragua se adhiera a él”, informó a través de un comunicado Ortega.

El “Acuerdo de París” pide a los gobiernos firmantes que incorporen el tema de cambio climático en su agenda y realicen los planes de acción tomando en cuenta a todos los sectores involucrados y estableciendo la participación de cada uno de ellos. En pocas palabras, no solo se trata de firmar, sino de respetar todos los compromisos suscritos.

Para Tourniel, la firma del “Pacto Mundial” fue solo un show por parte del Gobierno, pues aunque el Acuerdo contempla la protección del recurso bosque, en Nicaragua el Estado violenta todos estos tratados al aprobar un decreto que pone en riesgo miles de hectáreas de pinos.

“Aquí los tratados de París quedan en el aire porque las áreas protegidas, que son los últimos reductos de bosque que han quedado, han sido socavados por las mafias madereras que han violentado las leyes de protección”, argumentó el miembro del grupo Mogotón.

Una de las leyes a la cual se refiere Tourniel es la Ley 647, que se impulsó durante el primer mandado del presidente Ortega y que hizo con el objetivo de proteger los recursos naturales, renovables y no renovables, que se encontraran en áreas protegidas, para no ser sujetos de explotación alguna.

“Aquí el presidente a través de un decreto espurio está violentando la misma ley que firmó cuando entró al Gobierno. Y según la pirámide de ley de Nicaragua ningún decreto del ejecutivo está por encima de una ley del legislativo, solo la Asamblea Nacional puede modificar una ley, principalmente cuando es de orden público y tan delicado como la protección de nuestra madre tierra”, explicó.

Rosario Sáenz, especialista en Derecho Ambiental y directora ejecutiva de la  Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), coincide con Tourniel en la falta de seriedad del Gobierno a pesar de haber firmado el Acuerdo de París.

Sáenz destacó que el presidente Ortega hace todo de manera contradictoria, pues firma un Acuerdo, y luego deroga el decreto de Estudio de Impacto Ambiental, para crea una nueva ordenanza que en realidad lo que buscaba era ampliar a otras cosas como por ejemplo la deforestación de áreas las protegidas.

“Lo otro es que luego de esto, se dan todo los cambios en el Marena y colocan al frente de esa cartera a una persona con nula experiencia en la gestión ambiental, que no tiene ni idea de qué significan los problemas ambientales en el país. Y finalmente la suspensión de la veda de pinares. Un golpe que ya esperábamos y que termina de configurar la voluntad política que tiene el Gobierno de atentar contra la seguridad de las personas que viven en Nueva Segovia”, explicó Sáenz.

El falso argumento

En teoría Ortega “basó” la aprobación del decreto 01-2018 en un informe técnico preparado por el Conafor, cuyo punto principal es que la suspensión de la veda de pino ha contribuido a dinamizar las actividades económicas del sector, el mejoramiento del nivel de vida de la población, la generación de empleos directos e indirectos y mayores ingresos fiscales y municipales.

Para Tourniel esta parte del informe de Conafor es una cortina de humo pues si bien se puede dinamizar la economía en el momento, a futuro los impactos negativos que quedan en el ecosistema muerto no se reponen.

“Ningún maderero ha repuesto los recursos de Dipilto, Estelí y de los bosques de pino de Jinotega. Estos depredadores ocupan el recurso, extraen el pino y se van. Los empleos son minoritarios, los madereros no tienen tantas personas inscritas en el INSS. Más de la mitad de madera que se extrae es ilegal. Ese argumento económico es solo para beneficiar a una mafia bien organizada”, aseguró.

Sáenz destacó que las áreas protegidas están en abandono y desprotección porque el gobierno no quiere destinar ni un solo peso a la protección de fuentes de agua ni recursos forestales que se encuentran aún en algunas áreas protegidas del país.

“Está comprobado que el pino es productor de agua, totalmente comprobado. Dar entrada a que corten los últimos pinos es triste. De 42 mil hectáreas de bosques que había hace 25 años hoy nos quedan 16 mil en pie de toda el área protegida. Quiénes regulan el clima, son los bosques. Es lo más importante que esta gente no entiende”, finalizó Tourniel.


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