10 de abril 2016
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La conmoción internacional que causó la investigación periodística sobre la filtración de los “Papeles de Panamá”, que dejan al descubierto centenares de miles de sociedades off-shore en paraísos fiscales, abre un doble debate sobre la legalidad y la transparencia de esta actividad y marcará un antes y un después en el modelo empresarial utilizado en el mundo, planteó el experto en derecho empresarial y prevención de lavado de dinero, Alejandro Aguilar.
En el programa televisivo Esta Semana, Aguilar analizó las primeras repercusiones del destape de los documentos de la firma panameña Mossack Fonseca a manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El escándalo de los “Papeles de Panamá” obligó al primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugssom, a dimitir, y al presidente Barack Obama a decir que el gran problema de las sociedades off-shore es que “eran legales”.
“Los temas de la privacidad y la transparencia tienen ahorita en el mundo una fricción muy fuerte. Venimos de una historia de más de 200 años con una privacidad muy dura, que incluye la existencia de sociedades anónimas mal entendidas (…) y la forma en cómo se configuró el secreto bancario”, contextualizó Aguilar. “Se produce una ruptura entre la seguridad ciudadana, el derecho a la privacidad, la transparencia, las finanzas públicas, la globalización y procesos tan aberrantes como el terrorismo y el crimen organizado”.
El jurista explicó que hay muchas “razones legítimas” para recurrir a sociedades off-shore, pero es un vehículo que también puede ser usado con facilidad por el crimen organizado. Los dueños de las empresas de maletín deben ser analizados conforme al puesto que ocupan dentro de la sociedad, dijo Aguilar. Por ejemplo, una cosa es ser empresario que genera riqueza y otra ser un político que, se supone, representa los bienes e intereses públicos de un país.
La presión que sintió el primer ministro islandés son consecuencias políticas, a juicio del ex decano de la UAM, se debe a que un político no puede escudarse en los mismos argumentos usados por un deportista o un artista para tener una empresa de papel. Sin embargo, este esquema de sociedades Off-Shore plantea el riesgo potencial de la evasión de impuestos en todos los países.
“Una cosa es que un deportista use este mecanismos para reducir sus cargas tributarias, y otra es que un político intente esconder dinero obtenido público obtenido por medio de corrupción”, dijo Aguilar, pero aclaró que la evasión fiscal es un delito. Recomendó que los impuestos deben pagarse, pero reconoció que todas las personas tienen el derecho a ubicarse en la posición fiscal más ventajosa.
¿Funciona la renta global?
El concepto de “de renta global” que se aplica en algunos países obligando a los contribuyentes a declarar los ingresos que generan en cualquier parte del globo representa un avance en la regulación. Pero el punto, señaló Aguilar, es que esa disposición no es eficiente.
“El órgano tributario en una nación debe estar al margen de los vaivenes políticos para que genere credibilidad, y la gente pague el impuesto, aunque no a gusto, pero al menos sienta que no hay posibilidad de una manipulación política”, afirmó Aguilar.
Mossack Fonseca intentó desligar su responsabilidad de las 250 mil sociedades Off-Shore que ha creado a lo largo de cuarenta años., alegando que la firma no tiene conexión de los antecedentes de sus clientes, o el uso que se le den a las empresas de papel.
Sin embargo, el experto nicaragüense dijo que las firmas no pueden deslindar responsabilidades. El conocimiento del cliente previo a fundar una Off-Shore debe ser una obligación, es decir saber a qué se dedica y cómo está estructurado para determinar si es viable asumirlo.
“Es un pésimo alegato de Mossack Fonseca porque quienes brindamos estos servicios somos responsables. Hoy más que nunca debemos realizar prácticas de debidas diligencias con los clientes”, dijo Aguilar. Según el jurista empresarial, el mundo está cambiando y lo que, hasta hace poco, parecía el discurso hipócrita de las naciones industrializadas sobre el respeto de las cargas impositivas, el pago de los impuestos y la fiscalización dentro y fuera de los territorios, ha comenzado a tomar forma.
¿Intervendrán las autoridades?
Aguilar aclaró que como la filtración de documentos es ilegal y no sirve como prueba en un juicio para procesar a alguien. Aunque muchas autoridades han expresado que iniciarán investigaciones, el jurista dijo que el obstáculo es recabar pruebas adicionales para iniciar procesos de sanciones administrativas o sanciones políticas que no sean demostrables para acudir a la justicia.
“Yo creo que son las policías, las fiscalías, las unidades de inteligencia financieras de los Estados quienes deben estar encargados de averiguar de lo que ocurre en esos Papeles de Panamá, si hay empresas o políticos de su territorio; pero hay que aclarar que hay mucha gente que no ha hecho nada ilícito”, aseguró Aguilar.
