25 de junio 2020
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El Gobierno de Costa Rica calificó como "inviable e irrealista" la creación de un corredor humanitario para atender a nicaragüenses que huyen del país durante la pandemia de la COVID-19, propuesto por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).
"El Gobierno de Costa Rica considera inviable e irrealista la propuesta sobre la creación de un corredor humanitario para asistir a nicaragüenses que buscan salir de su país. Por tanto, eso no está contemplado dentro de futuras acciones en la región", indicó la cancillería costarricense en un comunicado de prensa.
El canciller, Rodolfo Solano, dijo en el comunicado que Costa Rica mantiene personal de Seguridad, Migración y Salud en la zona fronteriza y que además tiene un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para fortalecer la atención en esa región.
El secretario ejecutivo de la Anpdh, Álvaro Leiva, quien se encuentra como asilado político en Costa Rica desde el 2018, dijo a Efe que lamenta que su propuesta haya sido calificada como inviable y aseguró que el objetivo era dar tranquilidad a la población costarricense y aportar soluciones a una posible migración masiva de nicaragüenses.
"El objetivo es tratar de sumar a los esfuerzos del Gobierno de Costa Rica en relación a garantizar que la población costarricense el goce de mayor tranquilidad al reducir la posibilidad del contagio por la migración irregular no controlada", declaró Leiva.
La Anpdh propuso en una carta al presidente costarricense, Carlos Alvarado, la creación de un corredor humanitario o zona especial en la frontera para recibir y atender eventuales flujos de miles de migrantes nicaragüenses y evitar la propagación del virus en Costa Rica.
Leiva subrayó que esta iniciativa complementaría al "trabajo ordenado, planificado y responsable" de Costa Rica durante la pandemia, y garantizaría orden en la eventual llegada de "población civil nicaragüense víctima de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura Ortega-Murillo".
Según Leiva, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, han manejado la pandemia en ese país de manera "irresponsable y criminal" al no establecer medidas preventivas de ningún tipo para la población.
Cifras del Gobierno costarricense indican que desde el inicio de la pandemia han rechazado en la frontera con Nicaragua a casi 15 000 migrantes irregulares.
El Ministerio de Seguridad mantiene un operativo especial en la zona fronteriza donde ha reforzado el personal y las medidas de vigilancia, pero es difícil controlar los ingresos irregulares por lo extenso de la frontera (300 kilómetros) su porosidad y el difícil acceso a muchas áreas.
La zona norte del país, donde las actividades agrícolas se sostienen en buena parte por la mano de obra nicaragüense, ha sido un foco de atención de las autoridades debido al aumento de casos de la COVID-19 en las últimas semanas.
Las autoridades han cerrado 22 empresas agrícolas en la zona por incumplimientos a medidas sanitarias, pero además por violaciones a derechos laborales y por contar con personal en condición migratoria irregular.
El Gobierno costarricense no brinda cifras de contagios por nacionalidad, pero sí informa de la cantidad de extranjeros en general.
Hasta este martes Costa Rica contabiliza 2.368 casos de COVID-19 desde que detectó el primero el pasado 6 de marzo. De ese total 652 son extranjeros.
Históricamente Costa Rica ha sido receptor de migrantes nicaragüenses y según cifras oficiales estas personas representan cerca del 8 % de los 5 millones de habitantes del país.
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