11 de octubre 2018
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El Gobierno de Costa Rica informó que otorgó asilo político al defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, quien huyó de su país al considerar que su vida corría peligro por la represión del Gobierno de Daniel Ortega en contra de las protestas antigobierno que iniciaron el pasado 18 de abril.
"El Gobierno de la República de Costa Rica otorgó oficialmente asilo político al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva", indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.
Leiva, uno de los activistas más destacados en la crisis nicaragüense, huyó a Costa Rica en agosto pasado luego de que la ANPDH denunciara asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a sus oficinas.
En su solicitud de asilo, Leiva manifestó ser víctima de una persecución política que se ha materializado en actos concretos en contra de su vida, libertad, seguridad e integridad personal.
"Por estas razones, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Epsy Campbell, acogieron la solicitud de asilo político", señala el comunicado oficial.
Este es el primer asilo político que Costa Rica otorga en el marco de la crisis que vive Nicaragua y que ha obligado a miles de nicaragüenses a huir a suelo costarricense, entre ellos activistas de derechos humanos y de movimientos campesinos y ambientalistas como Francisca Ramírez y Mónica López.
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El Gobierno de Costa Rica detalló que la concesión o denegatoria del asilo político es "un acto de Gobierno dictado en pleno ejercicio de la soberanía del Estado costarricense".
"El asilo político es una protección especial para personas que pertenecen al rango diplomático o han participado en movimientos políticos en su país de origen", agregó.
El Gobierno costarricense explicó que los casos de asilo político son diferentes a los trámites de refugio que tiene en conocimiento la Dirección General de Migración.
Más de 25 000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica durante 2018, la mayoría aduciendo que temen por sus vidas en el contexto de la violenta crisis de Nicaragua.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organismos humanitarios, tanto locales como internacionales, calculan que la crisis de Nicaragua ha dejado emás de 325 muertos confirmados, pero el presidente del país, Daniel Ortega, solo reconoce 199 víctimas y ha rechazado toda responsabilidad.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras las muertes registradas durante las manifestaciones.
