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Condenan a 48 años a dos opositores detenidos por el Ejército de Nicaragua

Los condenados deberán guardar prisión en el Sistema Penitenciario Nacional hasta el 16 de agosto del 2050

Dos nicaragüenses, considerados como presos políticos por organismos humanitarios y movimientos adversos al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, fueron condenados este viernes a 48 años de prisión por asesinato agravado, crimen organizado, tráfico internacional de drogas, y tenencia y uso de armas restringidas.

La jueza Nancy Aguirre, titular del Juzgado Décimo Distrito de Juicio de Managua, impuso esa pena a Jean Humberto González Zeledón y Cristian David Meneses Machado, que estuvieron exiliados en Costa Rica tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

Según la sentencia, los condenados deberán guardar prisión en el Sistema Penitenciario Nacional hasta el 16 de agosto del 2050.
Aunque fueron condenados a 48 años de un total de 92 que solicitó la Fiscalía, por mandato constitucional la pena máxima se reduce a 30 años, y sólo es prisión perpetua cuando se trata de delitos de odio.

La abogada Yonarqui Martínez, conocida como “la abogada de los presos políticos” por representar legalmente a la mayoría de los opositores detenidos en el marco de la crisis, calificó de “injusto” el fallo, y criticó al sistema de justicia por condenar por delitos comunes a los “presos políticos”.

“Hemos denunciado la falta de fundamentación en la sentencia. No se hace una evaluación correcta, no se toma en cuenta la duda razonable, menos la sana crítica”, alegó la abogada, para quien la judicial “se tomó la atribución de interpretar la ley a su manera, de corregir pruebas”.
Asimismo, según la defensora, la jueza Aguirre impuso una multa de 1.240 dólares a los condenados, sin considerar la condición de pobreza en la que viven.

Los condenados fueron detenidos en agosto de 2020 por el Ejército de Nicaragua, que los tildó de “delincuentes” sin haber recibido una sentencia, mientras regresaban a su país de Costa Rica, en donde se habían exiliado. Entonces, el Ejército, a través de su portavoz, el coronel Álvaro Rivas, dijo que detuvo a los dos nicaragüenses cuando pretendían “cruzar por pasos no habilitados hacia territorio costarricense”, y que fueron entregados a la Policía.

El Ejército de Nicaragua sostuvo que los dos detenidos, junto a otros dos individuos que se dieron a la fuga, estaban con uniforme camuflado, portaban pasamontañas, fusiles, pistolas, pertrechos, mochila y uniformes militares, y sugirió que estaban involucrados en el asesinato de un campesino.

 


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