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Condenado a dos años de cárcel por botar cuatro “chayopalos”

Etner Sequeira Velásquez fue procesado por los delitos de exposición de personas al peligro y entorpecimiento de servicios públicos

Etner Sequeira Velásquez fue condenado a dos años de cárcel por derribar cuatro “Árboles de la Vida” –o como también le llaman los nicaragüenses: “chayopalos” o “arbolatas”–, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que estallaron en abril pasado.

Sequeira Velásquez fue procesado por los delitos de exposición de personas al peligro y entorpecimiento de servicios públicos al derribar las estructuras metálicas, consideradas símbolos del régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

La titular del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, María Ivette Pineda, explicó que impuso esa pena de dos años, y no de cuatro, que era la máxima para esos delitos, debido a que durante la audiencia de juicio el acusado admitió los hechos.

El Ministerio Público acusó a Sequeira Velázquez de derribar cuatro estructuras que se ubicaban entre el Estadio Nacional de Béisbol y la Catedral Metropolitana.

Sequeira Velázquez se encargaba de cortar las bases, y otros hombres que se encuentran prófugos conectaban la cortadora a los cables de tendido eléctrico, y así se turnaban para derribar esos esqueletos metálicos, de entre 15 y 20 metros de altura, que forma parte de un “bosque” que empezó a “brotar” a mediados de 2013 en puntos estratégicos de Nicaragua y que ahora son unos 140 en todo el país.

De formas estilizadas, multicolores, provistos de iluminación y con un coste de unos 25 000 dólares cada uno, las “arbolatas” han sido instaladas por iniciativa de Murillo, a quien deben su mote de “chayopalos”.

Entre abril y mayo, los “chayopalos” fueron objeto de la ira de los manifestantes antigubernamentales, que derribaron y quemaron hasta 16 “Árboles de la Vida” como protesta contra el Gobierno.

Nicaragua vive una crisis social y política con protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, que ha dejado al menos 325 muertos confirmados y miles de heridos, según organismos humanitarios locales e internacionales, mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas y denuncia un intento de “golpe de Estado”.

Los organismos humanitarios sostienen que en Nicaragua hay al menos 610 “presos políticos”, en tanto el Gobierno afirma que hay 273 detenidos y a los que tilda de “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

Dos más acusados por supuesto terrorismo

Dos ciudadanos, entre ellos el dirigente campesino Freddy Navas, fueron presentados por la Policía de Nicaragua como sospechosos de cometer actos de terrorismo en los departamentos de Río San Juan y Jinotega durante las protestas contra Ortega.

Freddy Navas, dirigente del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que se opone a la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua, fue detenido como sospechoso de cometer varios delitos, dijo el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, Farle Roa.

El campesino forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Navas tiene 45 años y fue detenido como sospechoso de cometer los delitos de asesinato, crimen organizado, secuestro, lesiones gravísimas, asalto, portación o tenencia ilegal de armas de fuego y entorpecimiento de los servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, indicó el jefe policial.

Según la Policía, el 20 de abril el dirigente campesino, junto con otras personas, atacaron una sucursal del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en el municipio de Nueva Guinea, en el Caribe sur, y causaron lesiones graves a trabajadores y a un policía que resguardaba las instalaciones.

Luego, el 12 de julio pasado, supuestamente organizó y financió a un grupo de armados en el municipio de Morrito, Río San Juan, y con armas de fuego atacaron la delegación policial de ese lugar, donde murieron cuatro oficiales e hirieron a otros 12.

Ese mismo día, según las investigaciones policiales, atacaron la Alcaldía de Morrito, donde asesinaron al profesor Marvin Ugarte, dijo el jefe policial.

El otro detenido es Franklin Javier Rivas Avilés, de 30 años, a quien la fuerza pública lo señala de haber cometido los delitos de homicidio, crimen organizado, secuestro, lesiones gravísimas, asalto, tenencia ilegal de armas de fuego y entorpecimiento de los servicios públicos.

Según Roa, Rivas Avilés, junto con otras personas, bloquearon las vías en un barrio del municipio de Jinotepa (norte), donde presuntamente cometieron los delitos de asaltos, secuestros, torturas, lesiones y obstaculización de la libre circulación vehicular.

También que incendiaron, con bombas molotov, la vivienda de Luis Ángel Blandón Picado, un promotor de salud.

La Policía asegura que a Rivas Avilés le decomisaron tres escopetas calibre 12, un fusil AK-47, una cantidad no precisada de armas artesanales, seis lanza morteros de fabricación artesanal, y municiones, de acuerdo con la información policial.

 



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