7 de septiembre 2015
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Representantes de organizaciones de la sociedad civil calificaron como “una invención peligrosa” la versión difundida con eco por los medios oficialistas de que un joven, que abrió fuego el miércoles contra manifestantes de la oposición en Metrocentro, había sido contratado por la directora del organismo que lo rescató de las pandillas.
Samir Matamoros, conocido en los medios como el pistolero de Metrocentro, implicó a Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV), de haberlo contratado para que actuara violentamente, porque ella consideraba que las manifestaciones opositoras tenían poca participación y se necesitaba “echar leña al fuego”.
Un día después Zalaquett dijo a Confidencial que Matamoros probablemente esté bajo presión y que ella asume el riesgo de trabajar por la paz en el país, el enlace de la Coordinadora Civil, Irving Dávila, dijo que las aseveraciones del muchacho le parecieron “la cosa más inverosímil”, “halada de los cabellos”.
Dávila recordó que el joven se encontraba en el sitio donde se localizó el grupo enviado y transportado por el gobierno, e insistió en que el CEPREV le ayudó a Matamoros a recuperarse, “y no fue sino, a través de la Policía por la información que tenemos y el mismo Frente Sandinista, que desde que inició Daniel Ortega están utilizando (como fuerza de represión) a los jóvenes que han estado en situación de riesgo”, dijo.
El representante de la Coordinadora cuestionó a la Policía Nacional que no ordenó la captura inmediata de Matamoros, pese a que él realizó los disparos frente al comisionado Juan Valle, quien alegó ante los medios de comunicación que ¨no vio nada¨.
“Ellos saben que son llevados por las fuerzas partidarias de Ortega. Es una colaboración necesaria, son autores intelectuales también, y lo que refleja la total pérdida de institucionalidad de la Policía de ser una institución de orden público para convertirse en partidario”, afirmó Dávila.
Granera justifica pasividad
Ante las críticas por la inercia policial, su jefa, la primera comisionada Aminta Granera, dijo el sábado que no miraba tal actitud y que cada unidad tenía a cargo distintas misiones: unas de tránsito, otras de resguardar las instalaciones del Consejo Supremo Electoral y otra de capturar a Matamoros como ocurrió posteriormente. La jefa policial no explicó, porque, a diferencia de otros casos, en éste no lo presentaron ante los medios de comunicación ni tampoco porque no investigaron y detuvieron al motociclista que ayudó a escapar al pistolero.
Para Sofía Montenegro, directora del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), un organismo que ha sido perseguido por la administración Ortega Murillo, la Policía no actuó porque se trató de uno de los suyos. “La operación está destinada a disuadir las protestas y la movilización. Es obvio que creen que con este incidente van a acabar con los miércoles de protesta. A quien hay que pedirle cuentas es a Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquí no sucede nada sin que ellos no lo decidan”.
Alertan sobre ofensiva gubernamental
Montenegro dijo que el poder busca un pretexto para lanzar una nueva ofensiva contra las organizaciones civiles, y contra los movimientos políticos y ciudadanos que reclaman elecciones libres. La socióloga dijo que el gobierno estaría preocupado por “el efecto Guatemala” tras la renuncia del general Otto Pérez Molina, acusado de cometer actos de corrupción, lo que causó indignación y multitudinarias protestas de los guatemaltecos.
“La lógica es la misma con la que en 2008 intervinieron a CINCO y al Movimiento Autónomo de Mujeres con mentiras que fracasaron. Pero igualmente, yo sufrí una campaña de linchamiento en los medios oficialistas, como hoy está sufriendo Mónica. La sociedad civil de Nicaragua no puede quedarse en estado de estupor ante esta nueva escalada y los partidos políticos tampoco. Debe haber un rechazo generalizado a esta pretensión de criminalizar a la sociedad civil y de aplastar a quien no se les pliegue. Ayer fue CINCO y el MAM, hoy es el CEPREV y la FENACOOP. No aceptan disenso ni por razones humanitarias como lo demuestra el caso de OcupaINSS. Su lógica es ´si no estás conmigo, estás contra mí´ y va palo, plomo, cárcel y mentiras”, añadió Montenegro.
La noche del jueves pasado, el gobierno intervino de manera violenta la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales (FENACOOP), presidida por Sinforiano Cáceres, aduciendo que no habían realizado asambleas durante 2015, lo que era falso según las víctimas.
Violeta Granera, directora del Movimiento Por Nicaragua y una de los miembros de la junta directiva del CEPREV, dijo que las declaraciones de Matamoros le produjeron estupor.
“Todo el esfuerzo que se ha venido haciendo por años ha sido rescatar a los jóvenes en riesgo de los problemas de adicción a drogas, reacciones violentas, culturas machistas, y apoyarlos en su rehabilitación, fue sorpresivo saber que este muchacho había sido promotor del CEPREV. La gente del barrio ha confirmado que él era un buen muchacho, había estado rehabilitado mientras estuvo de promotor de paz, pero luego como los mismos vecinos dicen se metió con los grupos y Mónica (Zalaquett) desde ayer dijo que él se había retirado porque iba a pasar a trabajar con la Juventud Sandinista y los CPC. No todos los jóvenes pueden mantenerse en su camino de rehabilitación cuando hay fuerzas que los atraen a otro tipo de actividades”, añadió.
Granera explicó que se trata de una manipulación. Para ella, la Policía está obligada a la transparencia, porque todo hace indicar que Matamoros estaba al servicio de los grupos paraestatales.
IEEPP cuestiona justificación policial
La directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Elvira Cuadra, dijo que los señalamientos realizados por Matamoros “no tienen sentido”, en vista de que tanto Zalaquett como su centro tienen una reconocida trayectoria de trabajo en función de promover una cultura de paz, es decir lo contrario por lo que ahora lo acusan.
“Es un señalamiento peligroso, porque el CEPREV no es la única organización que trabaja y tiene programas de esa naturaleza. En Managua y regiones, donde el tema de las pandillas es un problema significativo como en Estelí, Matagalpa, algunas regiones de la costa (caribe), hay organizaciones sociales que trabajan con programas de atención y reinserción en esos grupos juveniles. Eso pone en riesgo a todas esas organizaciones”, lamentó Cuadra.
De acuerdo con ella, la actuación de la Policía en este caso se suma a una serie de acontecimientos que ponen en entredicho a la autoridad frente a la ciudadanía. “Cuando hay un delito flagrante y a la vista pública, el policía no puede quedarse parado esperando a que llegue el de la especialidad, al que le corresponde, para poder actuar. La Policía en general tiene una función y una misión que está establecida no sólo en la Constitución, sino en sus leyes (…) una institución como cuerpo único al servicio de la ciudadanía”, dijo inicialmente.
La especialista en temas de seguridad se preguntó quiénes son los que pueden actuar y en qué tipo de situaciones pueden actuar, a raíz de la defensa acérrima de la primera Comisionada Granera. “Si hay cuerpos diferenciados de actuación en la Policía, eso debería estar establecido en la ley”, refutó.
Diputado amenaza con quitar personería
El diputado Wilfredo Navarro, directivo de la Asamblea Nacional, sugirió que debería cancelársele la personería jurídica al CEPREV por lo que consideró una actitud delincuencial.
Navarro, que fue elegido por el Partido Liberal Constitucionalista, pero en la práctica ha votado con el partido de gobierno en las decisiones más importantes para Ortega, acusó a la oposición de realizar acciones desesperadas y peligrosas.
“Yo voy a estar pendiente de lo que al final se investigue con la policía para que se proceda en la Asamblea Nacional a cancelar la personería jurídica de estas organizaciones que no responden a los intereses de beneficio a la sociedad, sino que están haciendo un juego político en contra de los esfuerzos de construir una Nicaragua mejor”, dijo al oficialista 19 digital.
