14 de mayo 2017
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Una asamblea ciudadana, convocada a través de la red social Facebook, exigió que el titular del INSS, Roberto López, y la administración de Daniel Ortega rindan cuentas de manera transparente sobre la situación real de la seguridad social, explicando en detalle el uso de los fondos.
Aunque las calles están tranquilas, las redes sociales ‘hierven’ de ciudadanos indignados y preocupados por igual, ante la noticia largamente conocida de que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se encuentra en situación de quiebra técnica, lo que sería evidente a partir de 2019, cuando la entidad no sea capaz de cubrir todos sus gastos porque las reservas se habrán acabado.
Con todo, no fue sino hasta que la misión del Fondo Monetario Internacional lo dijo públicamente que se encendieron las alarmas –tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales- lo que llevó a la citada asamblea ciudadana.
Allí, se exigió que se devuelvan “a lo inmediato”, los préstamos otorgados a grandes empresas y personas particulares, así como que “la administración del INSS anuncie públicamente un plan de austeridad destinado a reducir los gastos administrativos”.
De paso, también se lanzó el reclamo para modificar la Ley que permite que los US$500 millones que el Estado adeuda al Instituto, se paguen en 25 años y no en 50, mientras se demanda que “cualquier reforma o medida que tome la presidencia y el INSS” sea consultada con los trabajadores, en su calidad de dueños de los fondos.
Se oponen a reducir prestaciones y servicios de Seguro Social
Si el cumplimiento de estas exigencias es de por sí difícil ante el secretismo y la discrecionalidad con la que el gobernante Frente Sandinista administra el Instituto, lo será aún más el reclamo según el cual la solución a la crisis en que se encuentra el INSS no puede pasar por adoptar medidas que afecten los derechos de los pensionados ni de los afiliados.
La demanda señala que no se pueden afectar los servicios de salud, ni las prestaciones que se otorga a los derechohabientes; así como la fórmula para calcular las pensiones, ni la cuota laboral, ni la cantidad de semanas cotizadas, ni la edad para jubilarse.
Aunque el mensaje que parece desprenderse de esta exigencia es que los trabajadores no están dispuestos a hacer otro sacrificio para salvar al INSS de la debacle a la que lo han llevado sus administradores, sus defensores proponen tomar otra serie de decisiones que apuntan en la dirección de salvarlo.
Nilo Salazar, veterano dirigente de la Central General de Trabajadores (independiente), está convencido de que la administración Ortega sí quiere elevar el número mínimo de semanas que se debe cotizar para tener derecho a una pensión, así como la edad para jubilarse.
En vez de revisar esos parámetros, propone una medida administrativa que lleve, no a despedir personal, sino “a hacer que trabajen, que salgan a la calle a fiscalizar a los empleadores”, reclamó, recordando que hace nueve años, el movimiento sindical introdujo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar la seguridad social, pero el mismo aún ‘duerme’.
De los empleadores no espera que paguen más, sino que se comprometan a afiliar a todos los trabajadores, incluyendo aquellos que no lo están porque son subcontratados o están sujetos a la tercerización de su labor.
También, aprobar una política especial que facilite a las pymes la afiliación de sus trabajadores; ofrecer a los universitarios recién graduados la opción de comenzar a cotizar al INSS, y obligar a las empresas constructoras (a todas, pero en especial, a las que trabajan con fondos del INSS) a afiliar a todos sus trabajadores, medidas con las que se podría, a su juicio, sumar otro millón de cotizantes.
Buscar soluciones técnicas
Para Giovanni Rodríguez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, es urgente “despolitizar el tema”, y buscar soluciones técnicas. Mientras tanto, la administración del Instituto debe centrarse en lograr resultados, aplicando una ‘política de las 4E’, basada en la economía, la eficiencia, la eficacia y la ética.
El abono de US$10 millones anuales debería usarse para nuevas inversiones, no para cubrir el déficit, a la vez que se aplican al INSS las Normas Internacionales Contables para el Sector Público, que permitan un manejo transparente y auditable de sus finanzas.
Finalmente, el economista Enrique Sáenz denunció que la administración del INSS ya comenzó a ahorrar, “por la vía de quitarle la leche, los pampers y las bolsas” para recoger las heces de los pacientes crónicos, en vez de dictaminar, por ejemplo, que se revisará la deuda de US$500 millones del Estado, bajo sospecha de que su monto real son US$1,000 millones, la que se debería pagar en 25 años, no en 50, y con intereses.
Sáenz considera urgente la aprobación e implementación de un plan de austeridad que reduzca los costos del Instituto, que pasaron de C$9,000 millones en 2011, a C$23,000 millones en 2016, así como que las más de 75,000 ‘pensiones no contributivas’ sean financiadas con el presupuesto de la República, eliminando algunas de las exoneraciones que el Estado otorga de manera generosa a quienes más dinero tienen.
Hacer que el salmón rosado, los vinos espumosos, los yates y helicópteros paguen impuestos también parece ser un buen comienzo, según los ciudadanos autoconvocados.
