4 de abril 2016
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Las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a los activistas políticos Carlos Bonilla y Gabriela García no solo obligan al Estado de Nicaragua a brindarles seguridad, sino a informar al organismo sobre las investigaciones que realizan sobre el atentado registrado el 26 de febrero. Sin embargo, pese a que la Policía Nacional capturó a dos de los cinco agresores, la institución guarda silencio absoluto sobre el caso. “Es como que no existió para ellos”, lamentó Bonilla este lunes, durante una conferencia de prensa en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
La decisión de este ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que defiende los derechos humanos en la región, exhorta al gobierno del comandante Daniel Ortega que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.
“Hasta ahora la Policía no nos ha dado ningún reporte, guardan silencio aunque nuestros vecinos atraparon a dos sujetos, quienes luego fueron apresados y trasladados en la patrulla número de placa 207”, dijo Bonilla.
El director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión, sostuvo que el Estado regentado por el comandante Ortega debe informar a brevedad sobre los dos detenidos y presuntos hechores del intento de asesinato. “Ahora está obligado nacional e internacionalmente a esclarecer el caso. Este compromiso de la CIDH exhibirá si el Estado de Nicaragua tiene respeto”, planteó Carrión.
En reiteradas ocasiones este medio de comunicación ha intentado conseguir información en el departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, pero la respuesta siempre es la misma: silencio. De acuerdo a testimonios de los vecinos que atraparon a los sujetos, dos policías llegaron en la patrulla Toyota Yaris 207 y apresaron “a los delincuentes”. Luego, los trasladaron a un centro de salud próximo al lugar del atentado para darles atención médica debido a los golpes propiciados por los habitantes. Los agresores después fueron trasladados al Distrito V.
“Nosotros no sabemos el paradero de esos dos detenidos y tememos por nuestras vidas, de que nos vuelvan a atacar”, expresó Bonilla.
De acuerdo al documento de la CIDH, el Estado de Nicaragua tiene “un plazo de 15 días contados” (a partir de este 28 de marzo) para acordar con las víctimas las medidas cautelares de protección, y para informar al organismo sobre ello. La notificación sobre este caso fue recibida por el canciller Samuel Santos. Igual copia tuvo el CENIDH, organismo que solicitó la medida cautelar.
Elementos de gravedad
El jurista Carrión explicó que antes de que la CIDH dicte medidas cautelares, usualmente el ente pide información previa al Estado sobre el caso en cuestión. Sin embargo, con la agresión de Bonilla y García fue invocado el artículo 25.5 del órgano de la OEA, que establece que las medidas cautelares son expedidas sin ese requisito cuando “la inmediatez del daño potencial no permite demoras”.
En su argumentación la CIDH le da peso a los “elementos de gravedad, urgencia e ireparabilidad” en prejuicio de la pareja de activistas, quienes demandan el saneamiento del sistema electoral.
“La CIDH estima que el requisito de gravedad se encuentra cumplido (…) en la medida que la situación de riesgo podría incrementarse conforme avancen los procesos electorales”, se lee en la decisión del organismo.
La activista García instó al gobierno del comandante Ortega a cumplir las medidas cautelares. Para ella, protestar es un derecho que ganaron en Nicaragua “los miles que murieron” en la lucha contra la dictadura de Somoza y la Revolución Sandinista en la década de los ochenta.
“Una generación que murió para que nosotros tuviéramos derecho a protestar cuando estuviéramos inconformes con algo independientemente de las ideologías políticas…pero a nosotros casi nos matan”, criticó García. “Somos políticos, pero también somos padres de familia y no queremos que nuestras hijas se queden sin ellos por la política”, agregó la activista llorando.
