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CIDH exige protección para miskitos

Entidad internacional asegura que el caso reúne los requisitos para exigir que el gobierno de Nicaragua abra una investigación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) proporcionó este viernes al gobierno de Nicaragua una serie de medidas cautelares para proteger a comunidades indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), poblaciones que están siendo amenazadas por los enfrentamientos entre colonos y locales debido a la invasión de tierras.

La CIDH, cuya sede está ubicada en Washington (Estados Unidos), aseguró que el caso de los miskitos reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para otorgar una medida cautelar y exigió al Estado nicaragüense se investiguen asesinatos, amenazas y agresiones en el territorio indígena Miskitu de Wangki Twi-Tasba Raya.

La situación se ha recrudecido en los últimos meses. El ejemplo más reciente ocurrió en Septiembre, con el asesinato de Mario Leman Müller, dirigente del partido político YATAMA. El conflicto surgió porque las comunidades han sido invadidas y ocupadas por “colonos” que alegan tener derecho sobre parte del territorio. Muchos grupos de las comunidades se han armado para desalojar a los ‘colonos’, que a su vez han respondido con violencia.

En una audiencia solicitada por el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se pidió al organismo internacional que otorgara estas medidas cautelares para obligar al gobierno a brindar protección inmediata a la vida e integridad de los indígenas en estas comunidades, cuya población es de unos 1,550 habitantes.

El pueblo miskito se encuentra asentado en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Las cuatro comunidades afectadas, están localizadas sobre el margen Sur del Río Coco o Wangki, en el municipio de Waspam. Según el CEJUDHCAN, del 2013 al 2015 han sido agredidos unos 54 habitantes, de los cuales 24 fueron asesinados. Además, cientos de personas fueron obligadas a huir por la situación de violencia generalizada.

Mientras tanto, los pobladores siguen a la espera de la respuesta gubernamental. Posterior a los enfrentamientos, el comandante Daniel Ortega prometió enviar una comisión interinstitucional para diseñar la respuesta del Estado. Hasta el momento, ninguna institución gubernamental u otras instancias asociadas han llegado al lugar con el fin de cumplir la promesa.

Una comisión técnica de la sociedad civil de Waspam, integrada por las iglesias morava y evangélica, respectivamente, visitó Managua para denunciar que en sus comunidades la única presencia del Estado han sido los antimotines, que han logrado palear la crisis y mantener el orden.

Susana Marley, miembro del movimiento religioso, dijo que su agrupación le dio un ultimátum de 15 días al gobierno para que arriben al lugar quienes deberían evaluar las denuncias de los comunitarios. Asimismo, calificó de urgente la presencia estatal, pues en su municipio las familias están padeciendo hambre, falta de medicinas y médicos.


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