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CIDH: Concentración de poder facilita el estado policial en Nicaragua

Los defensores de DD. HH. advierten que las elecciones del 7 de noviembre se darán en un clima de represión y cierre de los espacios democráticos

Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la concentración de poder en el Ejecutivo nicaragüense, dirigido en los últimos 13 años por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha facilitado en Nicaragua la imposición de un estado policial.

“Las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. Todos los poderes están alineados con el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades”, concluye el estudio “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”.

El informe señala que la actual situación se ha gestado desde 1999 con el pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán —entonces presidente de Nicaragua—, a través del cual “se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente”.

Desde hace dos décadas, la concentración de poder se ha dado de forma paulatina y se intensificó en 2007, con el ascenso de Ortega a la Presidencia,  y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018, según el documento.

Explica que la centralización de poder se ha materializado gracias al “concurso de diferentes instituciones estatales”, entre estas: la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral (CSE).  Además, destaca la participación fundamental de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC).

Vigilancia de la ciudadanía

La CIDH denuncia que el Ejecutivo de los Ortega-Murillo ha “instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los demás poderes; en concertación con las instituciones de control”.

Señalan que en el país “no existe un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”.

La CIDH indica que, durante 2021, ha constatado “la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización”, mencionando la detención de más de 30 personas en el contexto electoral “bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales”.

Desde finales de mayo pasado, el régimen ha arrestado —acusados de “traición a la patria”— a al menos a 39 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Elecciones sin condiciones

Ante este contexto, los defensores de DD. HH. advierten que “las elecciones generales programadas para el 7 noviembre de 2021 ocurren en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país”. 

El estudio subraya que la clara intención del régimen Ortega-Murillo es “perpetuarse en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”. 

Explica que, en el marco de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país desde 2018, las elecciones generales de noviembre “representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia”; sin embargo, por las condiciones actuales en las que se desarrollan estas, “no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas”.

Ante ese panorama, la CIDH extendió ocho recomendaciones para el Estado de Nicaragua, entre las que destacan el llamado al restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.

También instó a que se garantice en Nicaragua “las condiciones necesarias para asegurar la realización de elecciones libres, justas y transparentes, de acuerdo con los estándares interamericanos sobre la materia consagrados, entre otros instrumentos, en la Carta Democrática Interamericana, así como con las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluidas las formuladas por  la Misión de Observación Electoral de la OEA en 2017; y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización de los Estado Americanos”.

Los defensores recomiendan al Estado propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil, para lo cual indicaron se deben dar las condiciones necesarias que “contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación”.

La Comisión giró además dos recomendaciones a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional en general, en las que sugirió que se exija al Estado de Nicaragua la “realización de elecciones libres”. También que se demande “poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando en ese país”.


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