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Cenidh ante CIDH: Régimen orteguista “restringe” los derechos civiles y políticos

Oenegé presenta informe sobre la situación de Nicaragua en una audiencia de la CIDH, a la que fue invitado el Estado nicaragüense, pero no asistió

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el régimen de Daniel Ortega ha implementado en Nicaragua una “restricción ilegítima” del ejercicio de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, que se ha agudizado a medida que se acercan las elecciones generales de noviembre próximo.

La denuncia del Cenidh se dio durante la audiencia temática: “Situación de los derechos políticos en el contexto electoral en Nicaragua”, que realizó la CIDH en el marco del 180 periodo de sesiones ordinarias. El Estado de Nicaragua fue invitado a la audiencia temática, pero este no asistió, según la Comisión.

Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, al iniciar su intervención ante la CIDH, lamentó que Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, tres precandidatos a la presidencia que estaban acreditados para participar en la audiencia, en calidad de víctimas, no pudieron estar presentes porque fueron “encarcelados” por el régimen orteguista.

Denunció que, al aproximarse las elecciones generales, la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018 “se ha profundizado, produciendo un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos políticos y civiles” de los nicaragüenses.

Explicó que como organización han documentado “el impedimento violento de la movilización ciudadana, amenazas con armas, intimidación, amenazas de muerte, pintas con mensajes violentos, daños a bienes inmuebles, ofensas, y agresiones contra decenas de personas opositoras, perpetrados por agentes estatales y paraestatales”.

Núñez denunció que, en las últimas cuatro semanas, 21 personas han sido detenidas, entre estos: cinco precandidatos a la presidencia, líderes políticos y empresariales, activistas, periodistas, opositores y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que es investigada por el Ministerio Público por el supuesto delito de lavado de dinero.

La defensora destacó, en entrevista con el programa Esta Semana, que la represión que mantiene el régimen orteguista en Nicaragua es “generalizada y no solo contra la alta dirigencia política” del país.

Leyes “impiden el ejercicio de derechos civiles y políticos”

El Cenidh señaló que parte de las restricciones ilegítimas a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses se están ejecutando a través de la “implementación de leyes contrarias a los derechos humanos, que fueron aprobadas claramente como instrumentos de represión para impedir el ejercicio de los derechos políticos”.

Las defensoras hicieron referencia a normas como la Ley 977 o Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo; la Ley 1055 o de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz; y la Ley 1060, que establece una reforma al Código Procesal Penal que amplía el plazo de detención de 48 horas a 90 días, esto “sin previa acusación ni vinculación a proceso judicial alguno”.

Núñez detalló que la mayoría de las personas detenidas en las últimas semanas, según la versión oficial, son investigadas por supuestamente infringir la Ley 1055. Además, denunció que en la mayoría de estas 21 detenciones hubo “uso excesivo de la fuerza al momento de la detención” y varias de estas personas están “siendo sometidos a malos tratos, aislamiento, incomunicación prolongada, falta de atención médica adecuada, indefensión y violación al debido proceso”.

La presidenta del Cenidh calificó las leyes que se están aplicando a los opositores como “aberraciones jurídicas que violan complemente los derechos humanos” y que son usadas como mecanismo de “represión”. Además, recordó que este tipo de normas fueron recurridas -desde diciembre del año pasado- por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque señaló que la institución “no ha dado ni un plumazo” para resolver los recursos interpuestos por organizaciones de la sociedad civil.

Reformas “imposibilitan proceso electoral transparente”

El Cenidh destacó que toda esta ola de detenciones y procesos bajo la Ley 1055 también tiene un trasfondo de imposibilitar a los opositores que buscaban participar en los comicios generales, puesto que en las recientes reformas electorales se establecieron restricciones vinculadas a la infracción de leyes como las que se están aplicando a cuatro de los precandidatos presidenciales que están detenidos.

Los defensores señalaron que dicha reforma electoral “afecta gravemente los derechos políticos, por la falta de garantía de transparencia, sobre todo cuando hay un factor de crisis y polarización de la sociedad y refuerza la partidización del Poder Electoral”.

Indicaron que la legislación “suprimen el derecho a ser electo a candidatos opositores” y los ubica “en posición de desventaja”. También apuntaron que en la nueva norma se suprimieron “medidas de vigilancia, control y observación nacional e internacional” de los comicios y se dejó como principal garante a un Consejo Supremo Electoral, controlado por magistrados ligados al partido gobernante.

“Todas estas acciones, con las cuales se imposibilita la realización de un proceso electoral transparente en un Gobierno excluyente, centralista y autoritario, son el detonante que frustra el esfuerzo del pueblo nicaragüense de resolver la crisis por la vía electoral, mecanismo consustancial al ejercicio democrático”, subrayaron los defensores de DD.HH.

Núñez consideró que todas estas medidas aplicadas por el orteguismo dejan “completamente cerrada la posibilidad de la realización de las elecciones libres y transparentes”, recordando que para que haya un proceso electoral limpio -entre otras medidas- se debe garantizar “el derecho de los candidatos a participar, el derecho de los dirigentes de partidos a que su partido sea reconocido y tenga las mismas posibilidades en los espacios electorales, en los órganos electorales, y se garantice el derecho a elegir que tenemos todos y cada uno de los nicaragüenses”.

La defensora valoró que el régimen orteguista “no quiere ponerle una solución pacífica al problema que ha creado con su represión generalizada desde el 18 de abril de 2018 y pretende seguir imponiéndose y reteniendo el poder por la fuerza”.

Represión contra la prensa independiente

El Cenidh relató que los derechos a la libertad de expresión y manifestación también “han sido reprimidos por el Estado violentamente, imponiendo un clima de terror que imposibilita el ejercicio de estos derechos sin riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad”. 

Los defensores recordaron que, en el último mes, más de 20 periodistas han sido citados por la Fiscalía en el caso contra la FVBCh, donde se les ha cuestionado su labor periodística. Denunciaron que, entre la ola de agresiones y persecución contra la prensa independiente, han documentado situaciones como el segundo allanamiento de las oficinas del estudio de CONFIDENCIAL y Esta Semana, y la irrupción policial violenta a la vivienda del periodista Carlos Fernando Chamorro, director de dichos medios de comunicación independientes.

Ante ese panorama de violaciones a derechos humanos, el Cenidh solicitó a la CIDH que emita un informe temático sobre la grave situación de los derechos políticos en el actual contexto electoral de Nicaragua y formule al Estado de Nicaragua una serie de recomendaciones, entre las que incluyeron: la derogación de normas inconstitucionales;  garantías para el ejercicio al  los derechos humanos; el cese inmediato de la represión generalizada contra la población nicaragüense; y la inmediata liberación de los más de 125 presos políticos detenidos arbitrariamente. 

También solicitaron que se recomiende la realización de “reformas legales en consenso con la oposición nacional y garantizar la organización de instituciones creíbles para la realización de elecciones auténticas y transparentes que aseguren la libre expresión de la voluntad popular, con observación nacional e internacional confiable”.

La presidenta del Cenidh explicó que este tipo de denuncias y solicitudes -a través de audiencias temáticas ante la CIDH- tienen “efectos específicos”, entre los que se puede incluir el pronunciamiento del concierto de naciones que expresen su “solidaridad” o “evalúen sus relaciones con estados represores como es el caso de Nicaragua”.

La CIDH  se mostró preocupada por la situación de los derechos políticos y civiles expuestos por los representantes de la sociedad civil de Nicaragua y lamentaron la ausencia del Estado.

La comisionada Antonia Urrejola,  presidenta de la CIDH, señaló —al igual que lo dijo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA)— que es “más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, con graves consecuencias políticas y democráticas”.

Recordó que desde la Comisión han hecho un seguimiento constante de la situación en Nicaragua, señalando su preocupación por el agravamiento de la crisis y exigiendo al Estado de Nicaragua —al igual que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU— “la liberación inmediata de todas las personas detenidas injustificadamente; el cese de toda represión; el  restablecimiento de todos los derechos y libertades que hacen un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y la derogación de legislaciones restrictivas del espacio cívico y democrático”.

Situación en Latinoamérica

En un foro virtual “Situación de los y las defensoras de Derechos Humanos en América Latina”, Wendy Flores, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, detalló que, desde 2018, los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua enfrentan “exilio, campañas de difamación, vigilancia, amenazas de muerte, agresiones físicas y descalificaciones”.

Aunque mecanismos internacionales en materia de derechos humanos han emitido recomendaciones para Nicaragua, “muchas de ellas contundentes, pero insuficientes para ponerle fin a la mayor crisis de derechos humanos que hemos venido enfrentado en las últimas décadas”, sostuvo Flores. Desde el exilio, en Costa Rica, explica que han buscado nuevas formas de seguir denunciado los abusos que ocurren en el país, ya que la represión no ha cesado ni siquiera en pandemia. Más bien, las defensoras han enfrentado discriminación en la atención sanitaria por el ejercicio de su trabajo.

“La estigmatización política también es otra de las manifestaciones de las violaciones que se viven en este contexto”, destacó Flores. Según datos recopilados mediante una encuesta a 98 defensoras nicaragüenses, “21 defensoras enfrentaron discriminación o negligencia en la atención pública y otros servicios por criticar al Gobierno en su respuesta al covid-19 o por el hecho de ser defensoras (…)”, expresó la abogada.

En el evento, organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) también participaron César Santoyo Santos, director del colectivo Orlando Fals Borda, Colombia; Marusia López, integrante de la Red Nacional de Defensoras de DDHH en México; Clara Burbano-Herrera, profesora de derecho internacional, Bélgica y la eurodiputada Alicia Homs.

En el ámbito mundial, durante el 2020, unos 331 defensores fueron asesinados, de los cuales 264 ocurrieron en América Latina, según datos de Front Line Defenders.


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