2 de agosto 2018
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Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad nacional, considera que las versiones ofrecidas hasta ahora por el presidente Daniel Ortega para justificar la existencia de los grupos paramilitares, son una “cadena no solamente de inconsistencia, sino de mentiras” que no han logrado ocultar la realidad nacional. Insistió en que la institucionalidad de la Policía Nacional se perdió desde el 2007, y se agravó cuando “los agentes comenzaron a participar en operaciones combinadas con estas bandas criminales”.
En una entrevista en el programa televisivo Esta Noche, Cajina calificó como un “silencio cómplice” del Ejército, la política del general Julio César Avilés, quien proclamó la apoliticidad de la institución el martes en un acto de la Fuerza Aérea, y ante banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Hasta ahora el presidente Ortega ha justificado en cuatro entrevistas a cadenas de televisión internacional, la existencia de los grupos paramilitares, alegando que eran organizados por otros partidos políticos; después aseguró que eran financiados por Estados Unidos, y luego expresó que era el propio pueblo que se estaba defendiendo.
Pero cuando Andrés Oppenheimer, de CNN, le presentó la foto de los paramilitares armados con fusiles de guerra y banderas del FSLN patrullando con la Policía, Ortega se excusó y afirmó que las fotos eran falsas y que esos paramilitares eran “policías voluntarios”.
A continuación un fragmento de la entrevista que Cajina brindó al periodista Carlos Fernando Chamorro en Esta Noche
¿Por qué las contradicciones del presidente Ortega para justificar a los paramilitares? ¿Alguna de las cuatro versiones tiene veracidad?
Ninguna tiene veracidad. Estos grupos irregulares son organizados desde los territorios a partir de una estructura en donde está la vicepresidencia, las alcaldías y el tendido territorial de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Estos se encargan de reclutar a militares retirados, policías retirados y delincuentes. Hace como dos años hubo una amnistía a casi ocho mil delincuentes, muchos de ellos de alta peligrosidad, que hoy están pagando el favor que se les hizo de sacarlos de La Modelo.
Considero que esas cuatro versiones que ha dado el señor Ortega se trata de una cadena no solamente de inconsistencias, sino de mentiras que no han logrado ocultar la realidad.
El hecho es que estos grupos paramilitares, no son policías voluntarios. La policía voluntaria está contemplada en la Ley 872, Ley de la Policía Nacional, que establece que son cuerpos auxiliares y de apoyo a la Policía Nacional.
¿Cómo afecta a la institucionalidad de la Policía Nacional el hecho de que el presidente diga que estos paramilitares son policías voluntarios, cuando la gente los ha visto con fusiles de guerra, que andan encapuchados y exhibiendo banderas del partido FSLN?
No creo que la institucionalidad de la Policía sea afectada por esas declaraciones de Ortega, que son policías voluntarios, porque la institucionalidad de la policía se perdió desde el 2007 y se agravó cuando la Policía participa en operaciones combinadas u operaciones conjuntas, con estas bandas de criminales.
Pero ahora no hay una línea de separación entre unos y otros. Cuando uno ve una caravana no sabe si son oficiales uniformados o paramilitares. ¿Qué dice la Ley sobre la Policía Voluntaria?
La Ley dice que las funciones de la Policía Voluntaria son auxiliar a la Policía Nacional en vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en caso de desastres naturales. Es decir, mientras la Policía se dedica a unas tareas específicas los policías voluntarios cubren estos aspectos que señala la Ley, que es el artículo 25 de la Ley; y la segunda función es auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la comisión de actos delictivos, resguardar el sitio, prestar ayuda a las víctimas e informar a las autoridades correspondientes de lo que ha sucedido. Hasta ahí no más.
Alguna gente pregunta si el Ejército puede o no actuar frente ante este tipo de situaciones, después que lo vimos en años anteriores exterminando a grupos armados en zonas rurales. ¿Por qué no actúan ante los paramilitares?
Hay dos elementos o dos justificaciones de orden jurídico. Uno es el constitucional y el de la Ley propia del Ejército.
El factor constitucional es el que dice que en casos excepcionales el presidente de la república puede ordenar al Ejército intervenir en apoyo a la Policía cuando esta haya sido rebasada. Es decir, hay una restricción constitucional para que el Ejército pueda actuar de modo propio.
Pero el artículo dos de la Ley del Ejército, que es la Ley 181 reformada, dice que el Ejército Nacional debe disponer de sus medios y sus fuerzas cuando la seguridad nacional y la defensa nacional están amenazadas, y cuando se cometan actos delictivos que pongan en peligro la existencia de la nación y estabilidad del país.
¿Representan los paramilitares un peligro futuro para le estabilidad de Nicaragua y la región centroamericana?
Sí, porque al final de cuentas es que una de las peores herencias que Ortega le va a dejar a las nuevas autoridades, en el mejor de los escenarios, van a ser estos grupos armados organizados, entrenados, con armas y vehículos para movilizarse. Y esto plantea otra situación, que creo va a haber necesidad, con esas nuevas autoridades, de solicitar asistencia internacional, y pienso que esto puede ir acompañado básicamente de los Cascos Azules de las Naciones Unidas.
Estás hablando de un escenario post Ortega bajo la premisa de que se ha convocado a elecciones y que hay nuevas autoridades que tienen mandato democrático. ¿Qué pasa con el Ejército Nacional mientras tanto? ¿Va a esperar hasta que cambie el panorama político para participar en ese proceso de desarme?
Es una decisión política del Ejército no involucrarse. Es una decisión en donde están combinados intereses institucionales con intereses financieros. Pienso que hay un temor de decirle a Ortega, “esto es insostenible, hay que resolverlo, hay que desarmar a los paramilitares, o desármelos usted o nos ordena que lo hagamos”. Pero eso te plantea una paradoja, porque si vas a desarmar a los paramilitares, tenés que desarmar a la Policía, porque tan criminales son los paramilitares como la Policía, que han asesinado gente.
La joven brasileña, Rayneia Lima fue rafagueada por paramilitares encapuchados, primero la Policía dijo que era un miembro de una empresa de seguridad privada, y luego identificó a otra persona, un exmilitar, pero no ha sido detenido o presentado ante la justicia que a pesar de que se identificó al autor, no se sepa si está detenido o procesado? ¿Es un paramilitar?
De hecho sí, actúa como paramilitar, aunque formalmente sea empleado de Petronic o Albanisa. En este caso, la Policía al igual que Ortega, cae en una secuencia de mentiras, de inconsistencias. ¿Por qué la Policía Nacional no preservó la escena del crimen? ¿Por qué no ha hecho una reconstrucción del crimen? ¿Por qué hizo que el auto se perdiera? El auto en el que viajaba la joven no aparece. No aparece el novio de la joven, que fue quien la llevó al hospital. El informe de Medicina Legal es incompleto. Solo dice que murió de tiros en el abdomen y tórax. Las declaraciones de Ortega, las declaraciones inconsistentes de la Policía y el informe de Medicina Legal, lo que te revela es la urgencia de ocultar un crimen y de ocultar a los verdaderos autores.
El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, compareció el martes en un acto de aniversario de la Fuerza Aérea junto al presidente Ortega. Dijo que el Ejército siente el dolor por estas pérdidas y que espera que la crisis nacional se solucione a través del diálogo. Y reiteró que la fuerza castrense es apolítica y no deliberante. ¿Cómo puede el Jefe del Ejército proclamar que la institución es apolítica en un acto oficial ante banderas partidarias del FSLN?
Es parte de las inconsistencias institucionales pero también de una voluntad política, es decir, de hecho hay una estrecha relación política, no ideológica, pero política y financiera también, entre la comandancia del Ejército y el Ejecutivo.
¿Lesiona la credibilidad de la institución?
Hay un nivel de hipocresía institucional. Dolerse por las víctimas de la represión orteguista y por otro lado, estar amarrado con el signo no ideológico pero emblemático, que es la bandera roja y negra del FSLN.
Yo planteé en un artículo que el Ejército estaba en una encrucijada: ¿Interviene o no? Tengo una posición todavía muy clara que no le corresponde al Ejército resolver la crisis política, pero sí hay algunos elementos que le corresponde al Ejército resolver, entre ellos, plantearle a Ortega de la manera más clara que esa situación de los paramilitares es insostenible, que no solo lesiona la institucionalidad, sino que hace perder la credibilidad sobre la institución militar.
No es su función en este momento el desarme de los paramilitares, te decía que la constitución restringe un poco, sin embargo, pienso que mientras el Ejército mantenga esa relación estrechamente política con el régimen, va a entrar en lo que yo llamo los costos graves del silencio, y del silencio cómplice.
¿Tiene que haber al mismo tiempo una separación del Estado- Partid?. Es inconcebible que el Gobierno separe la bandera del FSLN en sus comparecencias internacionales y se lo imponga al Ejército en un acto de Estado. ¿O no sabemos si es que el Ejército lo acepta?
El Ejército lo acepta. Realmente hay complicidad con el régimen Ortega Murillo. El hecho de que acepten eso, significa que la jefatura del Ejército y estoy hablando en especial del General Avilés, no tiene la autoridad política ni moral para poder decirle “el Consejo Militar tomó una decisión, y es que hay que resolver esto eliminando a los paramilitares”. No tiene esa autoridad política, moral además, y eso pone al Ejército en una crisis que a mediano y largo plazo va a ser mucho más dañina de lo que puede ser ahorita.
Los costos del silencio van creciendo como los intereses de los usureros y a medida que el silencio se prolongue, la legitimidad del Ejército va ir cayendo, como cayó la legitimidad de la Policía.
