19 de octubre 2021
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ya no estará a cargo de la supervisión externa del proyecto “Apoyo para la Implementación del Plan de Despliegue de Vacunación y Atención de la covid-19 en la República de Nicaragua”, dotado con “hasta 100 millones de dólares”, aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El 2 de junio recién pasado, Dante Mossi, presidente ejecutivo del citado banco regional, y José Adrián Chavarría Montenegro, viceministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), firmaron en Managua el contrato de préstamo 2278 por “hasta 100 millones de dólares”, para implementar el proyecto, pese a las críticas que se han hecho al Gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por el manejo local de la pandemia.
La generosidad con la que el BCIE y otras entidades multilaterales aprueban fondos para la dictadura Ortega - Murillo, ha sido criticada por la inexistencia de un verdadero Estado de derecho en el país, que permita la fiscalización independiente del uso de los recursos, pero la noticia de que habría un organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisar el uso de los recursos, moderó las críticas.
Todo eso cambió cuando la edición 190 del diario oficial La Gaceta, del 14 de octubre pasado, publicó el Acuerdo Presidencial 177-2021, para incorporar al préstamo 2278, la Resolución DI-141/2021, del Directorio del BCIE.
¿Quién vigilará el buen uso de los recursos del BCIE?
En la práctica, esa decisión deja por fuera a Unicef, como entidad encargada de la supervisión externa del proyecto. Aunque la DI-141/2021 no menciona nunca que está dejando por fuera a Unicef, el Acuerdo Presidencial 177 - 2021 sí lo señala explícitamente, aunque sin indicar quién será la nueva entidad seleccionada para implementar el componente de supervisión, dotado con un fondo de 3.4 millones de dólares.
La Resolución 141/2021, fue tomada mediante el procedimiento de ‘votación sin convocar a sesión’, efectuada el 20 de septiembre pasado, y certificada un día después por su secretaria en funciones, Claudia María Castro Valle.
Según las definiciones acordadas, el objetivo del proyecto es “fortalecer la capacidad del sistema de Salud, en la contención de la covid - 19 en Nicaragua, a través del apoyo al plan de vacunación de los grupos de riesgo, así como mejorar la capacidad de vigilancia y diagnóstico del virus”.
También, financiar la compra de vacunas e insumos necesarios, lo que incluye mejorar la cadena de frío, la implementación del sistema de registro y control de vacunación, y la compra de insumos de protección de equipo médico, además de apoyar al Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia, para el diagnóstico, control y vigilancia de la covid - 19 y otras enfermedades.
Según el Plan Global de Inversiones, el componente más caro es el de adquisición de vacunas e insumos, a un costo de 78.3 millones de dólares, seguido de un componente denominado ‘apoyo al proceso de vacunación’, con 7.8 millones; ‘apoyo al diagnóstico’ (4.0 millones); ‘supervisión y auditoría’ (3.4 millones); ‘imprevistos y escalamiento’ (6.2 millones), más 250 000 dólares para la Comisión de Seguimiento del BCIE.
Al conocerse la noticia, CONFIDENCIAL solicitó información a la oficina de prensa del BCIE, sin que hasta la hora de cierre se hubiera recibido respuesta a la solicitud.
La decisión del Gobierno de Estados Unidos, de incluir al titular del MHCP, Iván Acosta, en la lista de sancionados que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés, adscrita al Departamento del Tesoro), obligó al régimen de Managua a traspasar facultades administrativas al viceministro Chavarría.
