8 de noviembre 2015
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El ingeniero Telémaco Talavera, vocero del proyecto del Canal Interoceánico, aseguró en la XIX Conferencia de Zonas Francas de las América –que se realizó en Managua– que el gobierno publicará la resolución técnica con la que aprobó los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto canalero, aunque no precisó la fecha de publicación.
La Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua anunció el jueves que aprobó los EIAS, pese a las críticas de la comunidad científica nacional e internacional, además de organizaciones ambientales del país, que consideran necesario esperar los resultados de los nuevos estudios recomendados por ERM, antes de dictaminar el impacto real que la obra tendrá en el frágil ecosistema nicaragüense y en la población que habita en la ruta canalera.
Talavera dijo que la Comisión del Gran Canal estará supervisando el proyecto, tal y como “lo ha venido haciendo” en estos años y prometió que la resolución técnica del gobierno estará disponible al público en general en la página de HKND, aunque no precisó fecha.
El vocero expuso durante 45 minutos las “bondades y oportunidades” que tendrá la construcción del Gran Canal para los nicaragüenses. “Es el Canal de todos”, dijo.
Sin embargo, no aclaró si la Comisión cumplirá con las recomendaciones de los nuevos estudios recomendados por la empresa ERM para garantizar la viabilidad del proyecto. El vocero del Gran Canal respondió que lo que faltaba eran unos estudios complementarios que no determinaban si el canal era ambiental y socialmente viable. “Estos deben garantizar la viabilidad que ya fue estudiada y ratificada. Cada etapa del proyecto tiene un estudio particular, las esclusas, los puertos, el aeropuerto, pero eso se va haciendo gradualmente en el tiempo”.
HKND Group recibió hace dos años la concesión exclusiva de construcción y operación del Gran Canal, que fue aprobada por la Asamblea Nacional sin consulta ciudadana, estudios de impacto ambiental y sin el consentimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en menos de una semana.
En mayo de este año fueron presentados los estudios del impacto ambiental realizados por HKND a través de la empresa Environmental Resources Management (ERM). Como los estudios no tenían las recomendaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), el gobierno “decidió conformar una comisión para revisar el documento”, que fue aprobado en un tiempo récord de seis meses.
“Estamos autorizando a HKND para que inicie los procesos de diseño, estructurales, de construcción”, dijo el presidente de la Comisión, Manuel Coronel Kautz, durante el acto de entrega de la resolución estatal.
Coronel Kautz manifestó a Confidencial que en el estudio se “tomó en cuenta” las recomendaciones realizadas por Marena, la comunidad científica nacional e internacional y que se podía “comprobar la información” en los términos de referencia del documento, uno que fue publicado en la página web de HKND horas después de su aprobación.
En el documento emitido por HKND no se hace referencia a si existen medidas de mitigación y un plan ambiental, que en teoría debería ir junto al permiso otorgado por la Comisión del Gran Canal. “No sabemos si las medidas se encuentran en un plan de gestión ambiental”, explicó Víctor Campos, sub director del Centro Humboldt.
“Debe existir un dictamen de la instancia técnica del gobierno, con una comisión que tiene que haberse organizado para que el resultado fuera este documento y que de origen a una resolución sobre los problemas que identifican, qué cosas deben de revisar el inversionista y los compromisos que debe asumir”, explicó Manuel Ortega, Presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua.
Ortega dijo que es una total irresponsabilidad haber aceptado y aprobado el documento de ERM sin antes, por ejemplo, haber realizado un estudio básico como lo es la batimetría del lago. “Es un estudio elemental. Si se va a perforar el lecho del lago y por ahí va a pasar el canal, este no debería ser un estudio pendiente, pues ayuda a saber la factibilidad del proyecto”, refirió.
Mónica López, Directora Ejecutiva de Fundación Popol Na, coincide con Ortega y opina que “se estudiaron los impactos del proyecto del Canal sin tener listo el diseño ingenieril del proyecto, con lo cual no se sabe claramente cómo van a construirlo. El resumen del estudio dice que le faltan muchos estudios "al estudio", entre ellos el del lago, ese pequeño charco de agua que es el segundo lago de agua dulce más grande del continente”, manifestó.
La falta de claridad en el documento presentado por ERM, invita a pensar a la comunidad científica nacional y organizaciones ambientales, que es difícil de entender cómo ya se habla de que los daños están identificados y que las recomendaciones de mitigación son las necesarias, cuando estudios básicos no han sido realizados ni tomados en cuenta.
“No conozco al detalle esos impactos y medidas de mitigación, pero es un elemento importante la cuestión de los estudios, a todos nos va a afectar el proyecto. Se siguen haciendo las cosas muy apresuradas y no con la seriedad de la obra y estos estudios no pueden estar pendientes, a pesar de que la decisión haya sido tomada”, argumentó Ortega.
No hubo consulta ciudadana
Las marchas en contra de la construcción del Gran Canal son una evidencia de que en la toma de decisiones, los campesinos y pueblos indígenas afectados por la obra, no han sido tomados en cuenta, pese a que Talavera indica todo lo contrario. El vocero de la Comisión dijo a Confidencial que él mismo estuvo en los grupos focales al momento de la presentación del proyecto y que todos se mostraron dispuestos a apoyar la obra.
Sin embargo, lo que Talavera menciona como “consultas ciudadanas” lo confunde, según organizaciones ambientales y comunidad científica nacional, con reuniones informativas.
De acuerdo a las normas internacionales que señala la propia empresa ERM, sobre los Principios de Ecuador y del Banco Mundial, para este tipo de proyectos, uno de los elementos fundamentales en el impacto social es la consulta previa e informada y que termine con el consentimiento expreso de los afectados.
“En este caso sabemos que la decisión fue tomada y se aprobó la Ley sin ningún tipo de consulta y lo que hubo después fue una presentación de información, propagandas presentadas a través de un video de veinte minutos, eso fue todo lo que se le dijo a las personas y eso es lo que ellos toman como consulta”, declaró Ortega.
Mónica López interpreta esta situación como un circo de parte de las autoridades de gobierno. “Mandan a consultar con la población los estudios sin haberlos publicado, y solo lo consultan a sus amigos”, expresó la Directora de Fundación Popol Na.
Las prácticas internacionales, tampoco toman como consulta lo realizado por la Gran Comisión y ERM, incluso para informar sobre un proyecto, esta debe tener la documentación debida para que las personas pueden conocerlo.
“El gobierno debe tomar en cuenta que no se realizó una consulta ciudadana. Incluso la aprobación del permiso ambiental se hizo sin los afectados. No han tomado un consenso con las comunidades, y esto que va en contra de las normas internacionales, se puede revertir al momento de pedir financiamiento para cualquier proyecto”, finalizó Ortega.
